A través de un comunicado, la Itaipú Binacional manifestó que de acuerdo con el procedimiento constitucional para el tratamiento de las leyes, el Poder Legislativo tenía un plazo de 60 días para analizar la decisión presidencial y aceptar el veto o ratificarse en la sanción. En el Congreso Nacional no se analizó lo resuelto por el Ejecutivo en el plazo determinado, por lo que el veto quedó firme de manera automática y la ley ya no podrá ser promulgada.

Cabe recordar que la decisión del Poder Ejecutivo se dio tras un exhaustivo análisis jurídico y los asesores legales del Gobierno Nacional calificaron la medida de inconstitucional y que tendría un elevado costo para el Estado.

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Además, el principal argumento expuesto para sustentar el veto fue que la iniciativa parlamentaria es jurídicamente inviable, ya que el manejo de la Binacional y de sus recursos financieros es indiviso y están supeditados a un Tratado Internacional. Por ende, no puede ser modificado por el Congreso de ninguno de los dos países signatarios del acuerdo.

Asimismo, la posición institucional de la Entidad Binacional ya había sido expuesta en todas las instancias, ante la Mesa Técnica conformada por legisladores de nuestro país y los representantes de las citadas organizaciones, cuyos miembros nunca formaron parte del cuadro propio de empleados de la ITAIPU Binacional.

En ese ámbito, la Binacional ratificó que los reclamos consistentes en el pago a unas 16.000 personas, que representaría unos 940 millones de dólares, según la pretensión de los reclamantes, cuya identidad y vínculo laboral no es reconocida por la ITAIPU, resultan jurídicamente improcedentes.

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Igualmente, hay que precisar que el Poder Judicial, a través de los Juzgados y Tribunales competentes, ya había rechazado demandas multimillonarias de estos exobreros por idénticos motivos y por los mismos reclamos en distintas demandas laborales.

En el transcurso de la tarde se reportó una amenaza de bomba en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

La alerta se registró en un avión de la empresa JetSmart que debía partir de la terminal aeroportuaria con destino a la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

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Los reportes preliminares mencionan que un pasajero afirmó contar con un explosivo en su equipaje de mano, motivo por el que automáticamente se emitió la alerta y se activó el protocolo de seguridad.

A raíz de ello, se procedió a la evacuación de toda la tripulación -157 pasajeros y 6 tripulantes- que se encontraba en la aeronave, además de la extracción de todo el equipaje.

Posteriormente, se dio aviso a personal explosivista de la FOPE, que a estas horas ya se encuentra en el Silvio Pettirossi para hacer la inspección de rigor.

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Mientras tanto, los pasajeros fueron llevados en un bus hasta una zona segura del aeropuerto, a la espera de los resultados que arroje la verificación que realicen los especialistas.

Los vuelos en el Silvio Pettirossi se encuentran suspendidos de forma temporal luego de confirmarse esta amenaza de bomba, mientras que la aeronave de JetSmart sigue varada en la pista de despegue.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti, en entrevista con diversos medios habló sobre el asalto ocurrido en la noche de ayer en la sucursal ubicada en el distrito de Natalio, departamento de Itapúa.

Segun precisó, el monto sustraído por la banda criminal detrás de este golpe asciende a unos G. 300.000.000 y cerca de 100.000 dólares americanos, lo cual totalizaría alrededor de G. 1.000 millones al cambio actual.

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Así también, indicó que el dinero se encuentra asegurado y, por lo tanto, la entidad bancaria tendrá forma de gestionar la compensación por la pérdida sufrida con este atraco.

Al momento en que se produjo el asalto tipo comando -en el que habrían participado más de 15 personas- no se encontraba nadie en la sucursal del BNF, según mencionó Ochipinti.

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El titular del BNF también reveló que el día viernes se efectuó la recarga de la mencionada sucursal bancaria, motivo por el que contaba con tanta cantidad de dinero. A esto se le suma el hecho de que tenía a su cargo abastecer los cajeros automáticos de la zona.

Pese a ello, sostuvo que los cajeros “se quedaron con más dinero” y por ello el botín no fue mucho mayor.