El agente fiscal antidrogas Rodrigo Estigarribia logró la condena para los siguientes exfuncionarios de Aduanas y militares: Virgilio Miguel Ferreira Cabanella a 10 años de pena, Luciano Florenciano Duarte a 6 años de cárcel, Eusebio Santacruz Duarte a 6 años de encierro y a Jacinto Enrique Blanco Roa, militar, a 8 años de prisión, por permitir el ingreso de mercaderías de contrabando por el Puente de la Amistad. Mientras que Antonio Oporto y Pedro Rubén Báez Zacarías fueron absueltos.

Con relación a este hecho, cabe mencionar que ocurrió entre el 22 y el 30 de marzo de 2021. Luego de la investigación el agente fiscal Rodrigo Estigarribia, formuló acusación en contra de cinco funcionarios de Aduanas pertenecientes al puesto de control de Ciudad del Este, ubicado en zona primaria, en las cercanías del puente de la Amistad.

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En la misma causa, también fueron acusados un personal militar y otras personas implicadas en calidad de coactores.

El hechos antijurídico consistió en que los funcionarios ya citados, acompañados del personal militar referido, negociaron y recibieron sumas de dinero de parte de distintas personas conocidas, coloquialmente como “paseros”, a cambio de permitir el ingreso de mercaderías al territorio nacional sin realizar el control documental correspondiente.

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Los enjuiciados actuaban de forma organizada, es decir, cada uno tenía una función y tenían como finalidad de cometer hechos con relevancia penal de manera constante y permanente.

El Tribunal de Sentencia presidido por Claudia Criscioni e integrado por Jesús Riera y Yolanda Morel, en forma unánime dictaron la condena para los hoy penados.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, emitió la Resolución No. 347 por la que designa a Careaga como titular del centro.

Las puertas del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue abierta desde este viernes y se busca reducir el hacinamiento y los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

Estará al mando de Julio César Careaga Vera, quien es funcionario del Ministerio de Justicia, con una antigüedad de 22 años. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho UNA.

Su experiencia incluye funciones dentro del sistema penitenciario porque dirigió el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAI), fue director de Asuntos Internos y Anticorrupción. Además, interventor de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y últimamente, se desempeñó como director de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario.

El Centro comenzará a albergar a los internos los primeros días de junio, donde prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales.

El agente fiscal Christian Roig pidió la elevación a juicio oral y público de la causa por sicariato que enfrentan Rubén Darío Benítez Gómez y María Liliana Velázquez Villasanti.

Ambas personas son las principales acusadas por el asesinato del taxista Alfredo Jara González, ocurrido en octubre del año pasado en la localidad de Curuguaty, Canindeyú.

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En el caso puntual de Benítez, el mismo es sindicado como el sicario responsable de asesinar a tiros al trabajador del volante, mientras que Velázquez -quien era esposa de la víctima- sería la que lo contrató para el “trabajo”.

Las investigaciones determinaron que el asesino era amigo de Rubén Rodas Portillo, supuesto amante de la mujer y que sería el supuesto autor intelectual del crimen del taxista.

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Para este asesinato por encargo, Velázquez habría prometido el pago de G. 25 millones, aunque solo abonó la suma de G. 10 millones por el atentado criminal.

Ahora, queda en manos del Juzgado determinar si la causa será elevada a juicio oral y la fecha de realización de esta diligencia judicial.

El comunicado sostiene que el equipo encargado de seguridad industrial de las instalaciones del Frigorífico Neuland, ubicado en Villa Hayes, detectó una posible fuga de amoníaco en un sector externo.

Ante esta situación, el frigorífico indica que se aplicaron acciones de contención inmediata, así como una rápida respuesta del equipo de emergencia en la evacuación preventiva de todo el personal de la empresa.

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“La seguridad de nuestros funcionarios y de la comunidad en general es nuestra máxima prioridad; razón por la cual, y, por prevención, los afectados fueron atendidos en centros médicos asistenciales”, refiere el pronunciamiento.

Los siete funcionarios afectados se encuentran fuera de peligro. Al respecto, el frigorífico asegura que la situación fue manejada de manera “eficaz y segura”.

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“Pedimos disculpas por el inconveniente causado y recordamos nuestro fuerte compromiso en el resguardo de los colaboradores y de la población”, agrega.