Crimen en Capiatá: Heridos se encuentran estables pero bajo observación
Lugar del crimen en Capiatá. Foto: Alberto Jara, La Nación.
El director del Hospital del Trauma, el dr Agustín Saldívar indicó que las dos personas que sobrevivieron al horrendo crimen ocurrido en Capiatá, se encuentran estables y no precisaron de una cirugía mayor. Sin embargo, sostuvo que no descartan que a la larga haya cambios.
El doctor explicó que los dos sobrevivientes tienen 11 y 18 años, miembros de la familia que fue asesinada por el suboficial inspector Isidro Casco (31).
“La joven de 18 años tiene dos orificios de entrada y salida de bala a la altura del hemitórax izquierdo. Está siendo tratada por un tubo drenaje y se encuentra estable. El niño de 11 años, llegó intubado, es decir, fue asistido en la parte ventilatoria mecánica. Él tiene dos orificios de bala: uno en la cara lateral derecho con salida al izquierdo y otro en el hemitórax izquierdo”, expresó el especialista en contacto con Universo 970 AM.
El doctor manifestó que al menor se le practicó una ecocardiografía, y luego una tomografía para dar seguimiento a su estado.
“El menor es quien requiere más atención, en cuanto a la joven, seguirá con el tubo drenaje y si no hay sangrado, continuará su tratamiento con eso”, afirmó.
El doctor Saldívar sostuvo que denominan “estable” cuando los pacientes llegan y no necesitan intervención directa, es decir una cirugía mayor. Sin embargo, no descartan que a la larga haya cambios.
Asimismo, señaló que no quieren adelantar pronósticos.
El horrendo crimen ocurrió esta madrugada en el barrio San Miguel de Capiatá. El suboficial inspector Isidro Casco de 31 años, asesinó a sus dos suegros, hijos y su cuñada. Tras el hecho, se autoeliminó.
Según se maneja, minutos antes se comunicó vía videollamada con su exesposa y con su madre, quienes habrían visto en directo lo sucedido.
Policía asesinó a su familia y se quitó la vida. Un niño y una joven sobrevivieron, pero están heridos.
Conversamos con el Dr. Agustín Saldivar, Director del Hospital del Trauma, sobre el estado de los mismos.https://t.co/fYMaekk5tL
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Senad detiene a tres sospechosos por el caso Narcojet
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Agentes antidrogas y del Ministerio Público allanaron viviendas en Luque y una empresa en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Las autoridades persiguen nexos internos del tráfico de marihuana desde Estados Unidos.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público realizaron cuatro allanamientos por el caso Narcojet. Los intervinientes inspeccionaron tres casas en la ciudad de Luque y una oficina comercial dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
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El operativo persigue la identificación de trabajadores con acceso a la zona aeroportuaria. Los investigadores sospechan de la ayuda interna para el transporte de marihuana con alta concentración de THC en una aeronave privada.
Durante los procedimientos, los agentes aprehendieron a tres hombres. La lista menciona a Herman Melgarejo Morales, controlador de vuelo de la Dinac; José María Fernández Vera, gestor de operaciones administrativas; y Víctor Fernández Arce, supervisor de la firma Munser S.A.
La investigación basa sus sospechas en documentos aeronáuticos, testimonios e imágenes de circuito cerrado. Además, los fiscales confiscaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, vehículos y varios papeles. Los peritos analizarán todos estos elementos incautados.
El caso Narcojet inició el 30 de mayo de 2026. En esa fecha, la Senad interceptó un avión privado proveniente de Miami, Estados Unidos, en la principal terminal aérea del país. La aeronave transportaba 261,6 kilos de marihuana premium. El primer procedimiento derivó en la captura de tres personas. Luego, las autoridades ampliaron las pesquisas sobre la logística narco en el país.
Empresas en mora le deben al IPS unos USD 600 millones
Foto: Archivo
El Instituto de Previsión Social (IPS) transparentó las cifras del pasivo obrero patronal y la deuda acumulada del Estado. Con más del 33% de las patronales en mora, la previsional analiza tercerizar el cobro extrajudicial y financiar los pagos a través de entidades bancarias.
En entrevista con el canal GEN, Gladys Vera, gerente de Prestaciones del IPS, ofreció un diagnóstico actualizado de los balances financieros al cierre de la institución. Detalló que, si se contempla el acumulado histórico desde la fundación de la previsional —considerando que son créditos que por ley no prescriben—, la deuda total por aporte obrero patronal alcanza los USD 970 millones, cifra que abarca a empresas activas e inactivas.
Al centrar el análisis exclusivamente en el parque empresarial activo en el país, las estadísticas oficiales señalan un nivel considerable de incumplimiento en el pago del seguro social para los trabajadores.
Actualmente, el IPS registra 76.000 empresas activas, de las cuales 50.600 están al día con sus obligaciones. Sin embargo, las restantes 25.400 patronales se encuentran en mora, lo que representa una tasa de morosidad del 33,4%.
“Calculo unos 600 millones de dólares en relación al volumen de lo que nos adeudan ese 33,4% de empresas en mora. En su mayor parte son medianas empresas del área comercial. Hay que entender que es un segmento muy dinámico: como el sistema otorga hasta 60 días de cobertura para la atención médica tras el pago, muchas patronales se van poniendo al día cada dos o tres meses”, explicó Vera.
Frente al importante volumen de dinero pendiente de recuperación, la previsional aplicó hasta el pasado 28 de septiembre una campaña de exoneración de recargos por mora para incentivar el pago voluntario. Paralelamente, en los últimos dos años la entidad emitió unos 600 títulos de deuda para derivar los reclamos a la vía judicial.
No obstante, la Gerencia de Prestaciones confirmó que la institución estudia alternativas más dinámicas para acelerar los cobros. “Hoy estamos mirando la manera de ver si podríamos tercerizar esa parte de la cobranza. Es algo que todavía estamos analizando y estudiando porque hay que afinar la parte jurídica. También estamos analizando la forma de financiar a estas empresas por medio de las entidades bancarias”, reveló la gerente.
A su vez, el IPS mantiene un convenio de intercambio constante de datos con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para fiscalizar las firmas infractoras.
En cuanto al pasivo que el Estado paraguayo mantiene con la entidad de seguridad social, Vera precisó que la cifra consolidada se sitúa en torno a los USD 909 millones.
Para destrabar estos compromisos, la previsional entabla negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de incorporar los montos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Respecto a la deuda del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se acordó el desembolso de un saldo histórico que, sumando los intereses generados, asciende a G. 52.000 millones (unos USD 34.000 millones de capital inicial). El MEF ya presupuestó el pago de esta obligación para el ejercicio 2026.
Con relación al ministerio de Salud Pública (MSPYBS), dijo que sigue pendiente de cancelación la deuda de USD 80 millones generada durante la emergencia sanitaria de la pandemia por la atención médica brindada a la población en el marco de la ley de contingencia.
La lectura que da un economista al informe del BCP
El informe del BCP.
Nada extraordinario ni fuera de lo normal se ve en el proceso de supervisión del BCP al banco Ueno, según el economista Amílcar Ferreira, quien detalló que la propia ley contempla la posibilidad de excesos temporales y otorga un plazo para subsanarlos, algo que se cumplió en tiempo y forma.
La industria financiera es una de las más controladas y reguladas. Los bancos tienen la obligación de elaborar y remitir balances con base en los riesgos sistémicos. De hecho, cuando son grandes tienen un acompañamiento permanente de funcionarios del BCP en sus oficinas
“El banco Ueno en un momento sobrepasó los límites, que te diría, es una cuestión relativamente normal y frecuente porque el negocio financiero es dinámico, es algo relativamente frecuente, de hecho, la ley los denomina excesos temporales y establece plazos para la adecuación”, explicó el economista Amílcar Ferreira, en una entrevista con el canal Gen.
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El BCP notificó a Ueno que sobrepasó los límites, momento desde el que comenzó a correr el plazo de 10 días para volver a la normalidad. Ueno se adecuó a ese tiempo y subsanó el problema.
“A partir de la lectura del informe, en mi opinión, no se ve nada extraordinario fuera de lo que son cuestiones normales en un proceso de supervisión permanente que hace el BCP”, expresó Ferreira. Consideró que el cuestionario está contestado, pero aclaró que tampoco considera incorrecto pedir más información.
EL CASO RIVAROLA
Fernando Rivarola era jefe de inspección de la Superintendencia de Bancos del BCP; el 6 de junio fue nombrado director de la AFD y 4 días después, el 10 de junio, envió un correo — que es lo que la prensa denomina informe Rivarola—, pero no es un informe porque Rivarola ya no estaba en el cargo ni tenía las facultades para entonces.
En el correo se señalan algunos aspectos que ya fueron reportados en su momento por la Superintendencia y que ya eran conocidos por el equipo de inspección. Cuando el correo llegó, el BCP ya había iniciado las acciones al respecto.
Hoy a las 10:00 de la mañana está prevista una reunión entre senadores y autoridades del BCP, quienes tendrán a su cargo exponer con claridad el informe remitido en respuesta al cuestionario enviado por la Cámara Alta.
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