El abogado Guillermo Ferreiro, quien comunicó que ejercerá la defensa del intendente Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, solicitó la suspensión de la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para este 28 de julio, porque le coincide con un viaje.

Ante esta situación, el juez Humberto Otazú accedió a la petición y reprogramó la diligencia para el próximo 3 de agosto a las 11:00. Con esta modificación, lejos de ponerse a disposición para demostrar la verdad y facilitar la pesquisa, Prieto comienza el proceso con una chicana.

Miguel Prieto está imputado por lesión de confianza, por un perjuicio patrimonial de 1.700 millones de guaraníes, durante la pandemia del 2020.

Los fiscales de la causa, con apoyo de la Contraloría, incautaron los documentos esenciales del proceso licitatorio, tanto en la Municipalidad como en la empresa adjudicada, de nombre Tía Chela, así como una de las empresas identificadas como Vanemi, perteneciente a Emilia Vanessa Florentín, quien reconoció haber sido pareja de Prieto. Esto también lo admitió el intendente.

Se solicitó a Tributación la trazabilidad de las compras adjudicadas, a fin de determinar si tenía en su stock los 25.000 kits supuestamente adquiridos por comuna.

“Se hizo la reconstrucción de esa cadena de compra desde los subproveedores hasta llegar a la proveedora final. Es ahí donde se detecta la inconsistencia, como, por ejemplo, que las supuestas operaciones de compras de kits de alimentos, incluso son posteriores a la fecha de entrega y también, entre los proveedores, a más de encontrarse la existencia de esta empresa, se detectó a tres proveedores más, que son considerados proveedores ficticios”, explicó el fiscal Silvio Corbeta.

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La licitación fue convocada por valor de 3.000 millones de guaraníes, sin embargo, existió un solo pago de 1.700 millones, donde, el perjuicio es del 100 % para la Municipalidad, ya que no se entregaron los 25.000 kits, pese a que eso figura en los papeles.

“Al hacer la trazabilidad de las mercaderías, no encontramos dentro del stock de todas estas empresas esa cantidad. Por lo tanto, es fácil concluir que, si no tuvieron el stock, no tuvieron cómo entregar efectivamente, además de otras circunstancias como la incapacidad financiera y técnica y la falta de experiencia”, detalló el fiscal.

El pedido de arresto domiciliario obedece al peligro de obstrucción de la investigación. También existen otras medidas como, la prohibición de comunicarse con los funcionarios involucrados.

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Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.