La Fiscalía únicamente investigó la muerte de seispolicías durante la masacre, por la que imputó a once campesinos que están siendo juzgados desde hace casi un año en un proceso próximo a terminar y en el que mañana se escucharán los alegatos finales del Ministerio Público y la defensa de los acusados.

“La única posibilidad de llegar a una justicia real es condenar a los responsables de la masacre, de ambos lados”, expresó Velázquez, después de mantener una reunión con los familiares de los campesinos víctimas de la masacre, los abogados de los once acusados y representantes de la ONG Amnistía Internacional.

La masacre de Curuguaty se produjo el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Los familiares de los campesinos fallecidos lamentan que, cuatro años después de la matanza, no se hayan esclarecido estas muertes y reclaman que se abra una investigación “igual que se hizo con los policías”, porque tienen “los mismos derechos”, dijo a Efe Darío Acosta, tío del campesino Luciano Ortega, que con 18 años fue la víctima más joven de la masacre.

Acosta también pidió la libertad de los campesinos juzgados y que el Estado reparta las tierras donde ocurrió la masacre, sobre cuya titularidad mantiene un litigio con la empresa Campos Morombí, entre los campesinos sin tierras que perdieron a sus familiares en estos hechos.

Antes de entrevistarse con el presidente de la Cámara de Diputados, los familiares de las víctimas se reunieron con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien dijo que en un plazo de 22 días dará una respuesta a su pedido de investigación.

Después, marcharon hasta el Palacio Legislativo portando fotografías de sus familiares fallecidos y planos del lugar de la masacre, que mostraron en su encuentro con Velázquez.

Rosalía Vega, directora ejecutiva de la sección paraguaya de Amnistía Internacional, organización que acompaña a los campesinos, declaró a Efe que “las autoridades nacionales dejaron pasar mucho tiempo para dar a las víctimas verdad, justicia y reparación por el caso”.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 hs de este lunes y el conductor fue identificado como Ángel Castillo, quien salió ileso del percance.

De acuerdo al reporte policial, el tractocamión había pasado por el peaje, pero minutos después el semirremolque rosó por una de las casetas, que terminó desplomándose.

Se convocó a personal de la patrulla Caminera quien practicó la prueba de alcotest al conductor, arrojando como resultado negativo 0,00mg/l.

Afortunadamente, ningún funcionario del puesto resultó herido, solo daños en la estructura.

El fiscal Luis Albertini dispuso que el tractocamión con su conductor sean liberado ya que ambas partes cuentan con seguro.