Los dos países preparan la renegociación del anexo C del acuerdo, que vence en el año 2023 y que obliga a Paraguay a vender a Brasil a precio de coste el excedente del 50 % de la energía generada por la central hidroeléctrica, que se ubica en la frontera entre ambos estados.

La negociación del documento fue uno de los puntos que el economista abordó este viernes en una reunión en Asunción con Abdo Benítez y con su gabinete de ministros, según informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Sachs aconsejó al Ejecutivo nacional que tenga en cuenta que el mercado regional, del que forman parte países como Chile, Argentina y Uruguay, se está desarrollando, por lo que es necesario analizar su dinámica para preparar el acuerdo.

En ese sentido, el asesor vaticinó que en el futuro se establecerá una política energética regional entre los países del Mercosur, como resultado de una interconexión de sus sistemas energéticos.

“Todo eso se tendría que estudiar detenidamente y en base a eso, realizar una estrategia”, indicó en el comunicado el economista, que ya ha colaborado con otros Gobiernos de Latinoamérica.

Asimismo, Sachs también evidenció que Paraguay debe hacer un análisis sobre las posibilidades que plantea el uso de energía en el país, como el desarrollo de transportes eléctricos o de nuevos sectores industriales.

Paraguay está actualmente implementando medidas para mejorar sus infraestructuras energéticas, como la construcción de dos líneas de transmisión de 500 Kv desde la represa hidroeléctrica de Itaipú, que se financiarán con un préstamo de 170 millones de dólares, otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Hasta el momento, Paraguay solo contaba con una línea de esta capacidad para transmitir toda la energía desde la central hidroeléctrica, hasta el resto del territorio.

Sachs ya elaboró un estudio en 2012 sobre el uso que debería hacer Paraguay de la energía de Itaipú y actualmente asesora al Gobierno también en otras materias como salud, educación o infraestructura.

La campaña consta de dos etapas. La primera, que se desarrollará durante el mes de diciembre, consiste en la difusión de informaciones claves sobre el pago del aguinaldo en tiempo y forma. La segunda, que se pondrá en marcha desde enero del 2025, está enfocada en la recepción de las denuncias y la adopción de medidas administrativas en caso de incumplimiento.

La institución recuerda que el aguinaldo es un derecho que le corresponde a todo trabajador en situación de dependencia, incluidos los del sector doméstico.

Según el artículo 243 del Código Laboral, el aguinaldo es una remuneración anual complementaria que equivale a la doceava parte de lo que el trabajador percibió durante el año. Se suma el salario de todos los meses, las horas extras, comisiones u otros, y el total de todo se divide por 12 (que son los meses del año). No se incluye bonificación familiar ni permiso por maternidad.

El artículo 245 del Código Laboral, establece que el aguinaldo es inembargable, es decir, no puede sufrir descuentos de ningún tipo.

Para el cálculo, tanto trabajadores como empleadores tienen a disposición la calculadora de aguinaldo, disponible en la página web del Ministerio de Trabajo, en www.mtess.gov.py, dando clic en la pestaña Servicios (Enlace para acceso directo: https://bit.ly/3ZdMzQH).

Este decimotercer salario debe abonarse antes del 31 de diciembre. En caso de que la empresa no pague el aguinaldo a sus trabajadores, la persona afectada puede hacer su denuncia, a partir del 2 de enero, en forma presencial en la sede del Ministerio de Trabajo, situada en la calle Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, Asunción, así como en las oficinas regionales del interior del país. También se pueden realizar denuncias nominales o anónimas, contactando al 021 729-0100 o al WhatsApp (0993) 308- 100.

El juez Amílcar Marecos enfrenta críticas tras decidir que un ciudadano argentino acusado de robo permanecerá recluido en la Dirección de Policía del Alto Paraná, en lugar de ser trasladado a la penitenciaría de varones, como establecen las normativas locales.

El detenido, identificado como Jorge Javier Grasso, es acusado de sustraer 12.000 dólares de una mochila perteneciente a otro ciudadano argentino. Según informes policiales, en su poder se encontraron tanto la mochila como parte del dinero sustraído. El caso generó polémica en el décimo departamento, debido a que Grasso figura como mujer en su documento nacional de identidad argentino.

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Cabe mencionar que la fiscal Carolina Rosa Gadea había solicitado inicialmente que el acusado fuera enviado a una comisaría de mujeres, argumentando con base en la legislación de su país de origen. No obstante, dejó la decisión en manos del director de Policía, Feliciano Martínez. Finalmente, Grasso fue alojado en un calabozo de la Comisaría Primera, ubicado en el microcentro de Ciudad del Este.

El pasado sábado, el juez Marecos consideró que el detenido continúe en la Dirección de Policía durante 15 días, mientras se resuelve su situación, según informó un medio local.

La decisión desató un debate, ya que en Paraguay no existen leyes que respalden la aplicación de normativas extranjeras en casos de este tipo.

Diversos sectores cuestionaron la actuación del juez y de la fiscal, señalando que el extranjero detenido debía ser enviado a la penitenciaría de varones, como es habitual en casos que involucran a personas transgénero en el país.

La polémica también pone en evidencia la falta de un marco normativo claro en nuestro país para abordar situaciones legales relacionadas con identidades de género diversos.

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El proyecto de resolución que modifica varios artículos del reglamento interno de la Cámara de Senadores, específicamente el 6, 11, 36 y 76 es el único punto en el orden del día de la sesión extraordinaria convocada para las 9:00 de esta mañana en la Cámara de Senadores.

Se plantea modificar la duración de mandatos, que actualmente es de un año, pero que, se propone, suba a dos años para los primeros dos periodos legislativos y se mantenga un año para el último periodo legislativo.

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Esto se traduciría en tres elecciones de Mesa Directiva en cinco años, la primera para los primeros dos años, la segunda, para los siguientes dos años y la última para completar el quinto y último año.

“Las circunstancias políticas dicen que tenemos condiciones para darnos estabilidad”, opinó el legislador colorado, Gustavo Leite, en una entrevista con la 730 AM, quien consideró que este será un beneficio para los proyectos del Gobierno y que este escenario de armonía es el momento ideal la modificación que pretenden. También aseguró que Bachi tiene el consenso para se reelecto en el cargo.

El proyecto también plantea igualar la duración de mandatos de la Comisión Permanente, con lo cual, la cantidad de elecciones sería la misma que la Mesa Directiva.

En el actual artículo 36, se elimina la oración: durarán en sus funciones hasta el 30 de junio del año siguiente.

Uno de los interesados en esta modificación, según él mismo confesó, es el senador Basilio Núñez, actual presidente del Congreso, quien tiene los votos para mantenerse en el cargo.

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