Familia de joven muerto por agrotóxicos exige reparación al Estado

Familiares de Rubén Portillo, un campesino paraguayo fallecido en 2011 por el uso de agrotóxicos en la fumigación de cultivos, exigen al Gobierno la reparación ordenada en 2019 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, como informó en un comunicado la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Portillo murió en enero de 2011, a los 26 años, tras sufrir una enfermedad causada por el empleo de químicos en los cultivos mecanizados en la zona que habitaba, la Colonia Yerutí, en el departamento de Canindeýu, noreste del país.

Su familia exige que el Estado “avance en el proceso de reparación establecido en una resolución definitiva del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en agosto de 2019”, señaló Codehupy.

La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU convirtió a Paraguay en el primer país de la Organización en ser condenado por cuestiones medioambientales.

La principal demanda de la familia del joven y la comunidad es la recuperación de las tierras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que hoy están siendo explotadas por empresas que cultivan soja.

Norma, hermana del fallecido, denunció además que “todo sigue igual” y que los sojeros “siempre fumigan, no ponen las barreras” de protección ambiental, por lo que “siempre hay gente que se enferma”, refirió la Codehupy.

Por su parte, el abogado de la familia e investigador de la Coordinadora, Hugo Valiente, expresó que la muerte de Portillo se produjo debido a que el Estado “no actuó de forma diligente para prevenir el uso indiscriminado de agrotóxicos”.

A ello se sumó, según el comunicado, “una investigación negligente del caso por parte del Ministerio Público” que derivó en la condena del organismo de la ONU contra el Estado por violación del derecho a la vida, de la inviolabilidad de la vivienda y el acceso a la Justicia eficiente.

Tras más de un año de la condena, Valiente pidió al Estado paraguayo “que se siente con las víctimas, porque acá ya hay una condena y le obliga a establecer una serie de medidas de reparación”.

El abogado agregó que entre las medidas está la restitución de las tierras de la Colonia Yerutí, creada en 1991 por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), antecesor del Indert, y que gran parte de ella está en manos de colonos que no cumplen los requisitos del estatuto agrario.

Según el abogado, la situación es preocupante y grave, ya que en esta época comienzan nuevamente las fumigaciones masivas y extensas que contaminan cauces hídricos, el suelo y a la gente que sigue viviendo en el lugar.

Paraguay es quinto productor mundial de soja, pero este modelo de agronegocio del país trae aparejado el uso de químicos con secuelas para la población y el medio ambiente ante el sostenido aumento de las zonas de cultivo.

Su extensión se expandió en 2019 por zonas deforestadas y no solo por las tierras campesinas o indígenas como ocurría hace años, según las conclusiones del informe “Con la Soja al Cuello presentado” por la organización independiente BASE IS en diciembre pasado.

Más de 4.000 casos de dengue en las últimas tres semanas

El Ministerio de Salud reportó que en las últimas tres semanas fueron diagnosticados 4.009 casos de dengue, de las 28.800 notificaciones que proceden en un 80 % de Central, seguido de Itapúa, Asunción, Alto Paraná, Misiones, Caaguazú, Paraguarí y Guairá.

El informe indica que de las muestras procesadas durante este año, el 87 % corresponde a DEN-2 que es el serotipo predominante en el territorio nacional.

En este periodo se identificaron, además, 3 casos de chikungunya en grupos etarios de 5 a 14 años, de 20 a 39 años y de 40 a 44 años, procedentes de Alto Paraná, Ñeembucú y Guairá.

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En las últimas tres semanas se registraron un total de 1.185 pacientes hospitalizados por sospecha de arbovirosis, de los cuales, 359 cuentan con diagnóstico de dengue. El 6 % ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI). El 61 % de los hospitalizados procede de Central y Asunción.

El 22 % de los internados se observa en la franja pediátrica. El grupo más afectado es el de 5 a 9 años con 12 %, seguido de la población de 10 a 14 años que concierne al 10 % de los ingresos.

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Entre los hospitalizados, el 23 % cuenta con alguna comorbilidad, entre ellos, cardiopatía, diabetes y obesidad.

Además, se confirmó un fallecido por dengue en las últimas tres semanas evaluadas.

Pese a millonario contrato, cédulas se siguen expidiendo en casi un mes

A pesar de existir un contrato vigente con una empresa para agilizar el sistema del Departamento de Identificaciones, los usuarios denuncian que las cédulas de identidad se siguen expidiendo recién en casi un mes de la solicitud.

En diciembre del 2017, el Ministerio del Interior había firmado un contrato por más de 30 millones de dólares para la expedición de cédulas electrónicas, pero recién fue implementado desde el año pasado tras varias adendas e incluso un dictamen de la Contraloría General de la República que recomendaba cancelar el proceso por indicios de irregularidades.

La licitación fue adjudicada al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), integrado por la empresa francesa Gemalto y la paraguaya Solnet.

Con este contrato, se pretendía agilizar la expedición de las cédulas de identidad. Sin embargo, la realidad hoy es otra, según innumerables denuncias de usuarios que se acercan al Departamento de Identificaciones.

Al respecto, el comisario León Almirón, jefe de Relaciones Públicas del Departamento de Identificaciones, admitió a Universo 970 AM de Nación Media, que existen problemas con el sistema de la empresa internacional, especialmente a la hora de reportar fallas que llevan un largo proceso para la reactivación.

Resaltó además que actualmente se encuentran en la considerada “temporada alta”, sumándose al problema de los constantes cortes del suministro de energía eléctrica en la zona del Departamento de Identificaciones en Asunción.

Liberan a integrantes del Clan Villalba y les otorgan refugio en Argentina

Finalmente los cuatro integrantes de la familia Villalba, ligada al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron liberados tras ser capturados en Argentina. La Comisión Nacional de Refugiados dispuso que las cuatro personas tengan refugio en dicho país, bajo el argumento de que son “perseguidos políticos”.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que José, María Rosa, Tania y Mirian Villalba Ayala, detenidos en Argentina mediante un operativo en conjunto en Paraguay, fueron finalmente liberados por una orden judicial, tras la intervención de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de dicho país.

Dicha Comisión intervino en la detención de los Villalba y mencionó que los mismos cuentan con un estatus de refugiados, ya que los consideran como “perseguidos políticos”.

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“Nos causó una gran frustración y dolor, y ni que decir en los familiares de los secuestrados”, lamentó el ministro Riera, quien agregó que se seguirá haciendo todo el esfuerzo para traer a estas personas al país y que rindan cuenta ante la Justicia.

“Lo que nos queda es pelear ante el CONARE de Argentina, para aclararles que no son perseguidos políticos. Son delincuentes comunes, asesinos y terroristas”, subrayó Riera.

El ministro comentó además que estas cuatro personas son defendidas por un grupo de abogados identificados por un sector político bien definido en Argentina. “Les mandamos un mensaje claro: No van a tener paz. La lucha va a continuar contra los crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.

Cabe mencionar que estas cuatro personas cuentan con una orden de captura internacional con fines de extradición, ya que son considerados como brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).