El juez José Delmás fue recusado este miércoles por la fiscal procesada y suspendida Ana Girala, justo antes del inicio de la audiencia preliminar, por lo cual, la diligencia no pudo realizarse.

La representante del Ministerio Público está procesada por extorsión, cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, persecución de inocentes y asociación criminal en calidad de autora.

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Los antecedentes indican que Girala lideraba un esquema para lograr beneficios a partir de las investigaciones a su cargo, mediante la exigencia de sumas que iban desde G.25 millones o mesas de lapacho para su quincho.

La investigación es liderada por el fiscal Osmar Legal y desde el inicio hasta ahora se incautaron cuantiosas evidencias, entre ellas, documentos y celulares en donde se evidenciaba el intercambio de mensajes que sustentan la acusación.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió hacer lugar al pedido de desafuero de la fiscal Ana Girala, quien está suspendida en sus funciones.

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El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas resolvió acumular los procesos abiertos en la causa penal conocida como “A Ultranza PY”.

De esta manera, se unificará el juicio oral para los 18 procesados tras este megaoperativo que derivó en la desarticulación de un esquema dedicado al tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero.

Antecedentes: Pastor Insfrán finalmente irá a juicio oral

Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, considerado como cabeza principal del esquema, afrontará juicio junto a su hermano, el pastor José Insfrán, el exdiputado Juan Carlos Ozorio, el empresario Alberto Koube Ayala, entre otros.

Los magistrados argumentaron que esta determinación se da con el fin de evitar demoras en el proceso y para asegurar una mayor eficiencia judicial, informó el periodista de Nación Media, Aldo Ynsfrán.

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Ahora resta conocer la fecha en que dará inicio el juicio oral y público contra los acusados de “A Ultranza”, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad.

Otro de los líderes de esta estructura criminal, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aún sigue prófugo de la justicia, no así su esposa, Gianina García Troche, cuya extradición a Paraguay está prevista para este miércoles.

“Junto a Leticia, depositamos ‘tsurus’ hechos por niños paraguayos, como símbolo de esperanza”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales, este martes, al compartir una fotografía del homenaje hecho.

Peña recordó que al igual que Japón, Paraguay también sufrió las consecuencias de una guerra devastadora, haciendo referencia a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935), sin embargo, supo reconstruirse con dignidad.

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“Hoy levantamos la voz para que en el mundo se escuchen más fuerte las voces de paz que las voces de guerra”, mencionó el presidente Peña.

Cabe señalar que, durante la celebración del Día Nacional del Paraguay en la Expo Osaka, el mandatario resaltó el “vínculo indisoluble de hermosa amistad entre Paraguay y Japón”.

La agente fiscal de Luque, Diana Burgos, imputó por el delito de aborto a una pseudo médica -sindicada de haber realizado este procedimiento a una adolescente- y a la madre de la víctima, imputada tanto por aborto como por violencia familiar. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambas acusadas.

Según la investigación, en junio de 2024, Anuncia Francisca Villalba Portillo habría interrumpido el embarazo de la adolescente -de entre 5 y 6 meses de gestación- mediante la administración de medicamentos por vía oral. Además, la habría alojado en su domicilio para realizar el procedimiento.

De acuerdo con la Fiscalía, la pseudo médica está sindicada de realizar intervenciones similares en su vivienda, sin ningún tipo de cuidado higiénico, a donde presuntamente acudirían otras mujeres para interrumpir sus embarazos.

La madre de la menor, aproximadamente en el mes de junio del año 2024, habría obligado a su hija a interrumpir un embarazo de entre cinco y seis meses para lo cual la habría forzado a acudir hasta el domicilio de la Villalba Portillo, quien finalmente la habría administrado algún tipo de medicina para eliminar el feto que se encontraba en desarrollo normal.

Luego, entre enero y febrero del año 2025, la menor habría quedado nuevamente embarazada, por lo que su madre, habría intentado que vuelva a interrumpir dicha gestación, obligándola bajo supuesto engaño a acudir hasta una farmacia de Luque, lo cual habría sido frustrado por intervención del adolescente que sería pareja de la víctima.

Ante ello, la madre habría golpeado en el rostro y a la altura del abdomen a su hija, además de rasguñarla por el cuerpo. Así también, habría maltratado verbalmente a la adolescente.