Ante los cuestionamientos y repercusiones a la actuación fiscal y policial, el fiscal adjunto de Central, Patricio Gaona, solicitó “la apertura de un Sumario, en el marco de la investigación de la causa 2166/17 y con relación al hallazgo de un cuerpo, presumiblemente humano, en un predio privado, ubicado en la ciudad de Ypacaraí”.

El pedido del Fiscal Adjunto fue de carácter urgente y emplazó a la fiscal Milena Basualdo a la presentación de un informe sobre las actuaciones realizadas desde que le fuera asignada dicha causa.

Hasta mayo de este año, la fiscal Soledad González estaba a cargo de la investigación, pero la misma fue apartada por no realizar las correspondientes indagaciones. Su sucesora, al parecer, también siguió sus pasos y no realizó el debido trabajo. La misma también será sumariada.

Días atrás, de manera accidental unos albañiles encontraron un cadáver enterrado en un terreno aledaño a la vivienda que la pareja alquilaba y que fue inspeccionada por los investigadores. El cráneo contaba con una fractura en el lado lateral derecho y fisuras que radian hacia el lado izquierdo, lo cual determinó como causa de muerte un traumatismo.

El padre de la víctima pudo reconocer la vestimenta que tenía puesto el cuerpo encontrado y mencionó que el se los había obsequiado a su hija.

Recién tras esto, la fiscal Basualdo imputó a Jaime Fernández por la supuesta comisión del hecho punible de Feminicidio y requirió la aplicación de prisión preventiva. Además, solicitó orden de captura internacional contra el imputado, el cual debe ser otorgado una vez que se admita la imputación y se declare la rebeldía del procesado.

La desaparición de Meli fue denunciada hace un año, porque su familia no tenía rastro alguno de ella. Tampoco se sabe dónde está su novio, quien es el principal sospechoso. El mismo habría sido visto por su entorno luego de haberse perdido contacto con la mujer.

Luego de ser nombrado como el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el Dr. Derlis León dio a conocer las prioridades que marcarán el inicio de su gestión al frente de la institución. Su principal foco estará puesto en dar respuestas rápidas a los reclamos históricos de los asegurados.

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León, quien ya conoce el manejo interno tras haberse desempeñado como gerente de Salud del IPS, prometió priorizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos, una de las principales y más urgentes demandas de los pacientes, especialmente de aquellos con tratamientos oncológicos o enfermedades crónicas.

Asimismo, el nuevo titular adelantó que trabajará arduamente para agilizar la atención médica, buscando acortar los largos tiempos de espera para las consultas y estudios especializados, de modo a brindar un servicio de salud más oportuno y digno.

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Por último, hizo hincapié en que su administración se caracterizará por garantizar la transparencia administrativa, velando por el correcto uso de los recursos de la previsional en beneficio de todos los aportantes y jubilados.

El legislador adelantó que durante las próximas semanas compartirá información con otros legisladores que acompañan la iniciativa y que pretende que el proyecto sea tratado entre mediados y finales de octubre.

“Nosotros tenemos un proyecto de Ley en nuestra Cámara que trata sobre la restricción al acceso de redes sociales a menores de edad. Quiero pedirles a los colegas que llevemos adelante este proceso”, señaló.

El congresista señaló la necesidad de regular el acceso de menores de edad a las redes sociales y advirtió que los efectos negativos que estas plataformas pueden generar en niños y adolescentes también alcanzan a Paraguay.

Señaló que Meta, propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, fue demandada en Estados Unidos por presuntamente diseñar sus plataformas para generar adicción y por recopilar información de menores sin consentimiento de los padres.

Recordó que en 2023 un grupo inicial de 29 estados estadounidenses presentó una demanda contra Meta. El proceso posteriormente derivó en un acuerdo que, según reportes recientes, contempla un pago de hasta US$ 17.100 millones y nuevas medidas estrictas de protección para usuarios menores de edad.

Sostuvo que las medidas de protección que Meta deberá implementar como consecuencia del proceso en Estados Unidos no necesariamente tendrán alcance global, por lo que, según advirtió, los menores paraguayos podrían continuar expuestos a los mismos riesgos.

“Significa que el mismo daño, el mismo perjuicio que pudieron demostrar dentro del territorio americano, se sigue haciendo en todos los países, incluyendo el nuestro, donde no se van a implementar las mismas medidas porque no están obligados a través del acuerdo producto de ese proceso”, agregó.

Según explicó, en el proceso se habría demostrado que las plataformas fueron diseñadas deliberadamente para generar adicción mediante mecanismos como el “scrolling infinito, notificaciones emergentes, recuentos de likes” y otros sistemas de recompensa.

Kemper también cuestionó el límite de 13 años utilizado para determinar la edad a partir de la cual los menores pueden acceder a internet y sostuvo que este parámetro no tendría un respaldo científico suficiente para aplicarlo a las plataformas digitales actuales.

“No hay un sustento científico, médico que diga que a partir de 13 años ya puede acceder. Y mucho menos a las plataformas actuales”

Relación con los resultados educativos

El senador vinculó además el debate sobre el uso de redes sociales con los resultados de las pruebas PISA. Señaló que los datos muestran una relación entre una mayor exposición a las pantallas y peores resultados educativos.

“El estudio que se llevó adelante demuestra que más horas delante de las pantallas generan peores resultados educativos”.

Kemper sostuvo que esta situación no se limita a Paraguay y que también se observa en sistemas educativos de países de mayores ingresos. Afirmó que las dificultades son especialmente visibles en la comprensión lectora.

“Cada vez hay más alumnos que hacen lecturas rápidas y dan respuestas rápidas, pero con respuestas incorrectas”.

A criterio del senador, este fenómeno estaría relacionado, al menos en parte, con la dinámica en el uso de las plataformas digitales y sus mecanismos de consumo rápido de contenidos.

En Ciudad del Este, una noble labor de rescate animal se encuentra amenazada por reiteradas intervenciones municipales. Beatriz Zárate, una ciudadana que dedica su vida y sus propios recursos a cuidar de animales desamparados, está siendo intimada para reubicar a los aproximadamente 90 perros que alberga bajo su techo.

La mujer se encarga personalmente de rescatar, rehabilitar y adoptar a estos canes, muchos de los cuales se encuentran en estado de vulnerabilidad extrema: padecen discapacidades, enfermedades cardíacas o son de avanzada edad. Toda esta tarea la realiza de manera particular, asumiendo ella misma los costos de alimentación, limpieza y tratamientos veterinarios sin financiamiento externo.

A pesar de su labor, la Municipalidad de Ciudad del Este procedió a intervenir el lugar en varias ocasiones a raíz de una denuncia. El principal argumento de la comuna para accionar contra Zárate es una supuesta “contaminación sonora” generada por los ladridos de los animales en el vecindario.

Actualmente, las autoridades municipales le exigen a la rescatista que busque un nuevo espacio y reubique a los 90 perros. Esta exigencia representa un desafío enorme y pone en riesgo el bienestar de los animales, ya que la mayoría requiere de cuidados especiales y constantes debido a sus delicadas condiciones de salud.