Paraguay deberá renegociar en el año 2023 con Brasil el anexo C del Tratado de Itaipú, y decidir qué hará con el 50 % que le corresponde de la energía generada por la represa y que hasta ahora debía vender los excedentes al país vecino a precio de coste.

Con el convenio firmado, según explicó a Efe el rector de la USAL, Ricardo Rivero, se va “a ofertar un curso de formación”, junto con la Universidad Paraguayo Alemana (UPA) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), “para mediadores y negociadores internacionales”.

El curso, continuó, “permitirá que, en procesos muy importantes para el país que se avecinan, los resultados en términos económicos y de su posición jurídica sean los deseables”.

Detalló que la universidad española aporta “el programa formativo, los expertos, profesores y profesoras y nuestro conocimiento de las distintas disciplinas que tienen que formar parte de ese programa”.

Según el acuerdo, en el que Rivero y el presidente, Mario Abdo Benítez, actuaron como testigos de honor, la formación se impartirá en la UPA y “algún módulo en España”, especificó Rivero, y será financiado por la Itaipú Binacional.

Por su parte, el director general paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete, celebró el acuerdo porque “en una economía cada vez más globalizada” y “en pleno proceso de integración regional, es necesario formar a jóvenes profesionales paraguayos” que estén “altamente preparados para la mediación en los conflictos”.

El diplomado, en el que se pretende formar a 60 personas, se desarrollará entre los meses de marzo y julio de 2019, con una exigencia de unas 300 horas presenciales impartidas por profesores de la USAL, así como expertos internacionales con experiencia en mediaciones de alto nivel.

El rector español recordó además que la colaboración de la USAL con Paraguay se inició hace “varios años” y abarca programas de capacitación “a los altos funcionarios de instituciones como el Banco Central de Paraguay, la Procuraduría o ahora también la Contraloría General” del Estado.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.