• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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Conversaciones vía Whatsapp revelan que el actual ministro de Agricultura, el “semibachi­ller” Rodolfo Friedmann, ejer­cía influencia y subordinaba a los funcionarios involucrados en caso de coima en el Insti­tuto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Los chats sugieren incluso que el presidente de facto en la ins­titución es él, ya que indicaba orden para Horacio Torres.

El dominio de Friedmann sobre el Indert, situación que ya era vox populi por los lea­les que ubicó en la institución, ahora se evidencia con filtra­ciones de conversaciones vía Whatsapp entre Friedmann y el ex gerente de Créditos, Car­los Soler, imputado por caso de coima.

Como si fuera funcionario, Friedmann mantenía con­versaciones sobre cuestiones administrativas de la institu­ción y además se confirma que recibía información por parte del ex director de la Región Occidental, Enrique Gómez de la Fuente, descubierto la semana pasada como princi­pal cabecilla del esquema de coima en el ente.

De hecho, en los primeros chats que saltaron entre Gómez de la Fuente y Soler muestran que luego de una conversación con Friedmann consiguieron una nueva adjudicación para el señor Albino Méndez. Hora­cio Torres había desestimado esa adjudicación, pero 24 horas después de mencionarse una visita a “RF” (Rodolfo Fried­mann), solucionaron el pro­blema y gracias a eso opera­ban para cobrar una coima al beneficiario.

Horacio Torres negó ser bufón de Friedmann, pero no explicó por qué firmó una resolución de desestima­ción de adjudicación y volvió a rever esta decisión en 15 días, luego de que Gómez de la Fuente acudiera a la inter­mediación de Friedmann.

Friedmann utilizaba la oficina del Senado para varias de esas “reuniones”, según constan en los mensajes con Soler. Esta “modalidad” volvió a repetir en su despacho en el Ministerio de Agricultura, donde frecuen­temente lo visitaba Gómez de la Fuente.

LOS CHATS

“Hola Carlos. Me comentó Enrique el tema para conver­sar. Estoy por Ciudad del Este, mañana voy a Asu”, señala una de las conversaciones entre Friedmann y Soler, en la que este último le responde: “me decís dónde y voy”.

Los chats revelan frecuen­tes conversaciones en clave sobre “temas” dentro del Indert que Soler venía comen­tando a Friedmann entre el 08/10/2018 y el 15/10/2018.

En un mensaje del 15/10/2018 de la 01:05, Friedmann le escribe a Soler “Vamos a reu­nirnos hoy a las 9 en el Senado”. A las 8:53 del mismo día, Soler se reporta y le escribe “Buen día senador. Ya estoy en tu ofi­cina!” y en esta conversación se observan fotografías de car­petas de expedientes que el ex gerente de Créditos envió a Friedmann.

Friedmann manifestaba ascendencia en el Indert, estaba muy metido en las movidas.

En otro chat del 09/01/2019 Friedmann le asegura a Soler que cuando regrese “vamos a nombrarle a la nueva persona en vez de la señora. Eso está definido”. Además le pide a Soler nombres sobre los posi­bles reemplazantes.

Friedmann se refería al cam­bio de Ana Rojas, a quien Hora­cio Torres había puesto en la oficina de Soler y le pasaba por encima al ex gerente de Crédi­tos, según trascendió. A raíz de esta situación es que el hoy ministro interviene y ubica a un amigo, un compueblano de nombre Carlos López, en la jurisdicción de la Dirección de Recuperación de Créditos, en vez de la citada funcionaria.

En ese mismo chat de fecha 09/01/2019, Friedmann le pregunta a Soler “nuestro tema de Occidental como está? Y la respuesta del ex gerente del Indert dice “está trancado. Pero veo hoy. Igual si vienen no tengo con quien firmar el certificado…”.

La conversación se refería en teoría al certificado de can­celación de cuenta de 7 lotes que en dimensión está entre 24 mil a 28 mil hectáreas, en la zona de frontera con Boli­via. El recomendado Carlos López fue mencionado como el firmante del certificado para “destrancar” el proceso.

Otro mensaje en el que Fried­mann aparece dando ins­trucciones, es cuando Soler le envía el caso de un “Sr. Troche” que obtuvo un dic­tamen favorable en un caso y eso “complicaría las cosas”.

“Ya le dije a H. que hay orden sobre ese tema”, responde Friedmann. A lo que Soler pregunta “¿Querés que hable mañana con él o con Nata­lia?”… “Con H nomás”, le indica Friedmann.

Cabe recordar que utiliza­ban “H”, para referirse al pre­sidente del Indert Horacio Torres, tal como ya había tras­cendido en los chats que evi­denciaron el pedido de coima al beneficiario del Chaco, Albino Méndez. Así también en ese circuito de Whatsapp para mencionar a Friedmann usaban “RF”.

Existen varios mensajes y gra­baciones que todavía no salen a la luz. En la denuncia penal presentada por Soler ante la Fiscalía el mismo solicitó que el Ministerio Público incaute los celulares de Friedmann, Horacio Torres y un número con terminación 55 desde el cual, supuestamente el hoy ministro de Agricultura rea­lizaba conversaciones compro­metedoras.

LEALES DE VILLARRICA EN PUESTOS CLAVES DEL INDERT

Horacio Torres

Presidente Asesor de Friedmann en su época de gobernador de Guairá, percibió honorarios y no se respaldaron totalmente los pagos.

Margarita Narvaja

Administradora del Indert También fue administradora de la Gobernación de Guairá y brazo ejecutor de millonarios pagos sin justificación en la época de Friedmann.

Víctor Fernández

Director general de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)en la época de Friedmann en la Gobernación de Guairá. Al asumir Torres, se ubicó en el mismo cargo dentro del Indert.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se viene dando acciones de estas bandas”, dijo Maidana en comunicación con la 1020 AM.

Indico que en contrapartida hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital. No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaria sea el que comanda a la facción operativa del cartel brasileño que opera en el país.

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Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En total, presentaron sus propuestas 11 empresas, en forma individual y consorciadas. Conforme a los procedimientos, toda la documentación fue entregada a la Coordinación de Evaluación de Ofertas para continuar el proceso correspondiente.

Las obras sanitarias de la Cuenca Lambaré, mejorarán la calidad de vida de más de 335.000 personas de los municipios de Lambaré, Asunción y Fernando de la Mora que verán una transformación real de sus condiciones de salubridad y del medioambiente. Además, a través del proyecto se generarán cientos de nuevos puestos de trabajos directos e indirectos antes, durante y después de la ejecución de las obras.

Las tareas comprenden la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios a más de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Lambaré, cuya apertura de propuestas de para precalificación se realizó en la fecha, la cual tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, devolviéndola limpia mediante un emisario subfluvial al cauce principal de río Paraguay.

El emprendimiento implica una inversión de USD 165 millones proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), junto con la donación de la UE/LAIF, ambos gestionados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).