El GRAP -compuesto por agentes penitenciarios uniformados, encapuchados y sin identificación– habría ingresado el pasado miércoles a la cárcel de Villarrica con escopetas cargadas con balines de goma, disparando al techo y en algunos casos, al cuerpo de las personas privadas de libertad, según señala el informe del MNP.

En aquella oportunidad, los intervinientes también habrían propinado golpes, patadas, empujones a los reos, además de denotar un trato discriminatorio y degradante (incluso a personas adultas mayores y con alguna discapacidad).

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A partir de denuncias, el MNP visitó la penitenciaría y entrevistó a más de 100 reclusos de diferentes pabellones, quienes coincidieron en su relato y confirmaron que el operativo se desarrolló bajo esas condiciones irregulares, catalogando inclusive a la operación como un “asalto a mano armada”.

El informe también menciona que los internos fueron obligados a salir al patio, sin ropa, con la cabeza agachada y bajo la prohibición de mirar a los integrantes del grupo de reacción. Mientras, otros agentes procedieron a revisar los pabellones, llevando todos los objetos de valor, incluyendo ropas, calzados y dinero. Según los entrevistados, también rompieron televisores, electrodomésticos y otras pertenencias.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura solicitó una audiencia con el ministro de Justicia, Daniel Benítez, a fin de exigir el fin de las actuaciones irregulares por parte de este grupo de reacción, la atribución de responsabilidades en este caso concreto y la sanción de los responsables.

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“El MNP comprende la necesidad de monitorear las condiciones de seguridad de los centros penitenciarios, no obstante, tiene la certeza de que cualquier operativo debe ceñirse a los principios de legalidad, proporcionalidad, estricta necesidad y rendición de cuentas“, menciona en el comunicado.

El equipo técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ajustó este lunes los documentos para el futuro llamado a licitación de una planta solar fotovoltaica en el Chaco paraguayo.

El presidente de la entidad, Félix Sosa, coordinó la revisión de los pliegos tras analizar las sugerencias de una audiencia pública virtual previa. La publicación oficial de este concurso internacional ocurrirá a finales de este año.

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La futura central tendrá una capacidad de 140 MW y operaría bajo la Ley N.º 7599/2025. Dicha normativa autoriza la participación de empresas privadas en la generación de energía para el suministro nacional. La obra integra el Plan Maestro de Generación 2024-2043 y busca la diversificación de la matriz energética del país.

Este nuevo avance surge semanas después de la interrupción de otro proceso licitatorio similar. El pasado 7 de julio, la ANDE suspendió la contratación para una planta solar de 15 MW en el Bajo Chaco.

Una protesta formal de la firma Récord Electric SAECA contra el pliego de condiciones detuvo aquel proyecto de 6,4 millones de dólares. A diferencia de ese plan, la planta de Loma Plata representa un hito de mayor escala para el mercado eléctrico nacional.

El director general de Gestión Ambiental de la comuna, Máximo Barreto, aclaró que no existe ninguna autorización para talar árboles y garantizó que el derribo será siempre la última opción.

El origen del conflicto radica en el pedido que hizo el consorcio contratista encargado de las obras de remodelación, un proyecto impulsado en coordinación con el Despacho de la Primera Dama. La empresa alegó que varios ejemplares de gran antigüedad presentan un severo deterioro físico (troncos huecos, inclinaciones peligrosas o raíces expuestas) y constituyen un peligro inminente de caída sobre los transeúntes o la infraestructura.

“El consorcio solicitó la tala argumentando el riesgo de caída. Pero nosotros hacemos un relevamiento específico caso por caso. Ya realizamos dos verificaciones en la plaza, que alberga más de 400 árboles. Constatamos ejemplares antiguos que requieren poda o medidas de saneamiento, pero no hemos identificado todavía ninguno que requiera ser talado de forma obligatoria. Ningún árbol se va a tocar sin nuestra autorización”, garantizó el director.

El funcionario recordó, además, que las normativas ambientales vigentes son sumamente estrictas y que, en el caso extremo de que un ejemplar deba ser retirado por seguridad, la ley exige una compensación obligatoria de 10 nuevos árboles plantados por cada uno que sea derribado.

Durante las protestas de los vecinos frente a la plaza, los profesionales del área de biología de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) reclamaron que no fueron consultados para el estudio.

Al respecto, Máximo Barreto aclaró que la comuna capitalina cuenta con los profesionales y los equipos para analizar cada ejemplar. No obstante, extendió una invitación abierta a la comunidad científica y a la ciudadanía para transparentar todo el proceso.

“Invitamos a los biólogos a que colaboren en este proceso. Mañana mismo realizaremos un nuevo relevamiento técnico en el que participarán los vecinos de la zona. Esperamos también el aporte y la tecnología de las universidades”, afirmó.

El director ambiental prometió que el informe técnico final estará listo en el transcurso de esta semana y será de acceso público para toda la ciudadanía, disipando cualquier tipo de sospecha sobre un “arboricidio” silencioso detrás de las vallas de la obra.

El juez penal de garantías Marcelo Saldívar declaró en rebeldía y ordenó la captura internacional del ciudadano chileno que salió de Paraguay con su hija de 2 años y la llevó a Resistencia, Argentina.

El extranjero está imputado por desacato a una orden judicial y violación del deber del cuidado, luego de incumplir el régimen de convivencia mediante el cual, tenía que llevar de regreso a su hija a la casa de su madre el 8 de julio a las 17:00.

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En cumplimiento al pedido de la Fiscalía, el Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado. El argumento del pedido es que el extranjero no tiene arraigo en el país ni domicilio fijo, lo que representa un peligro de fuga y obstrucción a la investigación

El hombre que se llevó a su hija de 2 años a la Argentina está declarado en rebeldía y tiene orden de captura internacional. El chileno está procesado en Paraguay.

A su vez, la madre, de nacionalidad paraguaya, enfrentaba una demanda de la justicia chilena por restitución internacional, ya que ella salió de Chile a fin de año, con el compromiso de regresar el 5 de enero, pero no lo hizo.

Esto motivó al inicio de un proceso judicial en nuestro país, en el cual, el Juzgado de Capital deberá responder la demanda promovida por la justicia chilena.

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