Sonia Olmedo es representante de Jardines Privados Unidos del Paraguay, una asociación que aglutina a cerca de 70 centros educativos infantiles y espacios de desarrollo infantil (generalmente conocidas como guarderías).

En entrevista con HOY, expresó su preocupación debido al difícil momento por el cual están atravesando estas instituciones debido a la suspensión de actividades por la cuarentena.

“Nos unimos porque nuestra situación es bastante particular, no puede compararse con la de los colegios o las universidades. Nosotros damos un servicio de atención integral, de cuidado, higiene y alimentación, cosa que no podemos hacer de forma virtual”, expresó.

En vista a que los niños ya no son enviados por sus padres a las llamadas “guarderías” o “kindergartens” en estas últimas semanas, alrededor 400 puestos de trabajo actualmente están en riesgo, según indicó Olmedo.

Teniendo en cuenta que el sector educativo será uno de los últimos en reiniciar sus actividades tras culminar la cuarentena, es probable que estos centros infantiles también sean incluidos y por ello tarden en volver a funcionar, manifestó la vocera del gremio.

A raíz de este complicado panorama, exigen mantener una reunión con las autoridades del gobierno -especialmente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)-, a fin de ver cuáles son las posibles alternativas para el sector y si se podría ver la forma de ayudarlas a sobrevivir en este tiempo sin actividad oficial.

Una de las alternativas planteadas sería, por ejemplo, la de volver a reabrir las guarderías con un cupo reducido de niños para evitar la aglomeración de personas, lo cual sería a la par de enfatizar con ellos todos los cuidados sanitarios para evitar cualquier contagio.

“Queremos que la sociedad vea la importancia de nuestra labor ya que trabajamos con la población más vulnerable que son los niños, la primera infancia”, afirmó Olmedo.

La misma aseguró que quieren seguir aportando a la sociedad con su tarea de cuidado a niños que se da en un ambiente de mucha confianza con los padres, quienes día a día les confían sus hijos debido a sus actividades laborales.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.