Sonia Olmedo es representante de Jardines Privados Unidos del Paraguay, una asociación que aglutina a cerca de 70 centros educativos infantiles y espacios de desarrollo infantil (generalmente conocidas como guarderías).

En entrevista con HOY, expresó su preocupación debido al difícil momento por el cual están atravesando estas instituciones debido a la suspensión de actividades por la cuarentena.

“Nos unimos porque nuestra situación es bastante particular, no puede compararse con la de los colegios o las universidades. Nosotros damos un servicio de atención integral, de cuidado, higiene y alimentación, cosa que no podemos hacer de forma virtual”, expresó.

En vista a que los niños ya no son enviados por sus padres a las llamadas “guarderías” o “kindergartens” en estas últimas semanas, alrededor 400 puestos de trabajo actualmente están en riesgo, según indicó Olmedo.

Teniendo en cuenta que el sector educativo será uno de los últimos en reiniciar sus actividades tras culminar la cuarentena, es probable que estos centros infantiles también sean incluidos y por ello tarden en volver a funcionar, manifestó la vocera del gremio.

A raíz de este complicado panorama, exigen mantener una reunión con las autoridades del gobierno -especialmente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)-, a fin de ver cuáles son las posibles alternativas para el sector y si se podría ver la forma de ayudarlas a sobrevivir en este tiempo sin actividad oficial.

Una de las alternativas planteadas sería, por ejemplo, la de volver a reabrir las guarderías con un cupo reducido de niños para evitar la aglomeración de personas, lo cual sería a la par de enfatizar con ellos todos los cuidados sanitarios para evitar cualquier contagio.

“Queremos que la sociedad vea la importancia de nuestra labor ya que trabajamos con la población más vulnerable que son los niños, la primera infancia”, afirmó Olmedo.

La misma aseguró que quieren seguir aportando a la sociedad con su tarea de cuidado a niños que se da en un ambiente de mucha confianza con los padres, quienes día a día les confían sus hijos debido a sus actividades laborales.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público realizaron cuatro allanamientos por el caso Narcojet. Los intervinientes inspeccionaron tres casas en la ciudad de Luque y una oficina comercial dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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El operativo persigue la identificación de trabajadores con acceso a la zona aeroportuaria. Los investigadores sospechan de la ayuda interna para el transporte de marihuana con alta concentración de THC en una aeronave privada.

Durante los procedimientos, los agentes aprehendieron a tres hombres. La lista menciona a Herman Melgarejo Morales, controlador de vuelo de la Dinac; José María Fernández Vera, gestor de operaciones administrativas; y Víctor Fernández Arce, supervisor de la firma Munser S.A.

La investigación basa sus sospechas en documentos aeronáuticos, testimonios e imágenes de circuito cerrado. Además, los fiscales confiscaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, vehículos y varios papeles. Los peritos analizarán todos estos elementos incautados.

El caso Narcojet inició el 30 de mayo de 2026. En esa fecha, la Senad interceptó un avión privado proveniente de Miami, Estados Unidos, en la principal terminal aérea del país. La aeronave transportaba 261,6 kilos de marihuana premium. El primer procedimiento derivó en la captura de tres personas. Luego, las autoridades ampliaron las pesquisas sobre la logística narco en el país.

En entrevista con el canal GEN, Gladys Vera, gerente de Prestaciones del IPS, ofreció un diagnóstico actualizado de los balances financieros al cierre de la institución. Detalló que, si se contempla el acumulado histórico desde la fundación de la previsional —considerando que son créditos que por ley no prescriben—, la deuda total por aporte obrero patronal alcanza los USD 970 millones, cifra que abarca a empresas activas e inactivas.

Al centrar el análisis exclusivamente en el parque empresarial activo en el país, las estadísticas oficiales señalan un nivel considerable de incumplimiento en el pago del seguro social para los trabajadores.

Actualmente, el IPS registra 76.000 empresas activas, de las cuales 50.600 están al día con sus obligaciones. Sin embargo, las restantes 25.400 patronales se encuentran en mora, lo que representa una tasa de morosidad del 33,4%.

“Calculo unos 600 millones de dólares en relación al volumen de lo que nos adeudan ese 33,4% de empresas en mora. En su mayor parte son medianas empresas del área comercial. Hay que entender que es un segmento muy dinámico: como el sistema otorga hasta 60 días de cobertura para la atención médica tras el pago, muchas patronales se van poniendo al día cada dos o tres meses”, explicó Vera.

Frente al importante volumen de dinero pendiente de recuperación, la previsional aplicó hasta el pasado 28 de septiembre una campaña de exoneración de recargos por mora para incentivar el pago voluntario. Paralelamente, en los últimos dos años la entidad emitió unos 600 títulos de deuda para derivar los reclamos a la vía judicial.

No obstante, la Gerencia de Prestaciones confirmó que la institución estudia alternativas más dinámicas para acelerar los cobros. “Hoy estamos mirando la manera de ver si podríamos tercerizar esa parte de la cobranza. Es algo que todavía estamos analizando y estudiando porque hay que afinar la parte jurídica. También estamos analizando la forma de financiar a estas empresas por medio de las entidades bancarias”, reveló la gerente.

A su vez, el IPS mantiene un convenio de intercambio constante de datos con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para fiscalizar las firmas infractoras.

En cuanto al pasivo que el Estado paraguayo mantiene con la entidad de seguridad social, Vera precisó que la cifra consolidada se sitúa en torno a los USD 909 millones.

Para destrabar estos compromisos, la previsional entabla negociaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a fin de incorporar los montos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Respecto a la deuda del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se acordó el desembolso de un saldo histórico que, sumando los intereses generados, asciende a G. 52.000 millones (unos USD 34.000 millones de capital inicial). El MEF ya presupuestó el pago de esta obligación para el ejercicio 2026.

Con relación al ministerio de Salud Pública (MSPYBS), dijo que sigue pendiente de cancelación la deuda de USD 80 millones generada durante la emergencia sanitaria de la pandemia por la atención médica brindada a la población en el marco de la ley de contingencia.

La industria financiera es una de las más controladas y reguladas. Los bancos tienen la obligación de elaborar y remitir balances con base en los riesgos sistémicos. De hecho, cuando son grandes tienen un acompañamiento permanente de funcionarios del BCP en sus oficinas

“El banco Ueno en un momento sobrepasó los límites, que te diría, es una cuestión relativamente normal y frecuente porque el negocio financiero es dinámico, es algo relativamente frecuente, de hecho, la ley los denomina excesos temporales y establece plazos para la adecuación”, explicó el economista Amílcar Ferreira, en una entrevista con el canal Gen.

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El BCP notificó a Ueno que sobrepasó los límites, momento desde el que comenzó a correr el plazo de 10 días para volver a la normalidad. Ueno se adecuó a ese tiempo y subsanó el problema.

“A partir de la lectura del informe, en mi opinión, no se ve nada extraordinario fuera de lo que son cuestiones normales en un proceso de supervisión permanente que hace el BCP”, expresó Ferreira. Consideró que el cuestionario está contestado, pero aclaró que tampoco considera incorrecto pedir más información.

EL CASO RIVAROLA

Fernando Rivarola era jefe de inspección de la Superintendencia de Bancos del BCP; el 6 de junio fue nombrado director de la AFD y 4 días después, el 10 de junio, envió un correo — que es lo que la prensa denomina informe Rivarola—, pero no es un informe porque Rivarola ya no estaba en el cargo ni tenía las facultades para entonces.

En el correo se señalan algunos aspectos que ya fueron reportados en su momento por la Superintendencia y que ya eran conocidos por el equipo de inspección. Cuando el correo llegó, el BCP ya había iniciado las acciones al respecto.

Hoy a las 10:00 de la mañana está prevista una reunión entre senadores y autoridades del BCP, quienes tendrán a su cargo exponer con claridad el informe remitido en respuesta al cuestionario enviado por la Cámara Alta.

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