En la mañana de este domingo se concretó la detención del autor confeso del asesinato de la jueza Diana Mereles, quien ayer fue encontrada sin vida en su despacho en el Juzgado de Primera Instancia de Hernandarias.

Se trata de Wilson Miguel Scappini Villalba, de 28 años de edad, quien se desempeñaba como guardia de seguridad de la citada dependencia judicial de Alto Paraná.

Al ser entrevistado por los periodistas, el mismo admitió haber cometido el crimen a raíz del consumo de estupefacientes. “Se apoderó un ser de mi cuerpo por la culpa de la droga”.

Según lograron confirmar los investigadores, Scappini era consumidor de crack e inclusive se encontraron varios moñitos de esta droga en la escena del crimen. Así también, llegó a tener antecedentes de drogadicción y se había abierto un sumario administrativo en su contra.

La fiscal Natalia Montanía comentó al canal C9N que luego de conversar con el joven el mismo le confesó que contrató a unas mujeres que ofrecían servicios sexuales para que lo acompañaran ayer en su lugar de trabajo. Cuando la jueza se disponía a salir del recinto, tuvo miedo de ser descubierto y por ello se apresuró para salir a su encuentro. Fue en ese preciso momento cuando, en un aparente arrebato de desesperación, tomó la decisión de asesinar a Mereles utilizando una piedra que tenía al alcance.

Respecto al consumo de drogas, el guardia de seguridad reveló a la fiscal que estuvo 7 años sin consumir nada pero que hace 15 días volvió a sufrir una recaída y de nuevo ayer.

“Él dice que una fuerza sobrehumana le mandó hacer eso pero evidentemente es por efecto de las drogas”, indicó la interviniente.

Por su parte Ramona García, médica forense, indicó que luego de hacer una inspección a Scappini se encontraron lesiones en la región del cuello. Según explicó él mismo, dichas marcas surigeron luego de que intentara suicidarse en dos ocasiones.

Scappini será sometido a un examen toxicológico, de manera a determinar qué tipo de sustancias llegó a ingerir además del crack.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.