El director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, Juan José Galeano, durante una entrevista televisiva destacó que la cartera de Estado acompañó desde el principio todo lo relacionado al censo ya que constituye una herramienta clave para la planificación del país.

“Nos va a permitir medir la eficiencia del gasto público, lo que consideramos fundamental para el desarrollo político y económico del país. Los datos que van a provenir de esta iniciativa serán muy útiles para el diseño e implementación de políticas en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo, sectores sociales, entre otros”, detalló.

En materia de educación, por ejemplo, dijo que el censo permitirá calcular la población general en edad escolar y segmentarlo por edades, sectores, y con ello, trabajar en programas específicos de acuerdo a cada rango y a cada necesidad.

En el área de salud, dijo que ayudará a identificar los puestos sanitarios disponibles por ciudades, anticipar la compra de vacunas y medicamentos requeridos, entre otros datos que serán esenciales para las asignaciones presupuestarias.

A su vez, dijo que en lo que respecta a infraestructura, el censo ayudará a identificar la demanda en cuanto a construcción de viviendas, el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos años y mediante ello, diseñar adecuadamente las diferentes estrategias para soluciones habitacionales.

Otro componente relevante dentro del censo nacional es la protección social, ya que proporcionará datos que permitirán conocer sobre las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, entre otros.

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“Actualmente utilizamos los datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares, es un insumo que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) pone a disposición de manera anual, se usa para medir la tasa de pobreza, la población potencialmente beneficiaria de programas sociales. Este censo proveerá insumos muy importantes al Ministerio de Hacienda. Esta información es clave para diseñar adecuadamente los programas que servirán para dar respuesta a las necesidades de la población.”, resaltó.

Finalmente, agregó que el censo también proporcionará información precisa sobre los Gobiernos Subnacionales, es decir las gobernaciones y municipios sobre la distribución de los royalties. Instó a la ciudadanía en general a participar de esta gran actividad cívica y contribuir con información veraz.

El agente fiscal Elvio Aguilera imputó a un hombre por los supuestos hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes. Se trata de Pedro Cristhian Solís, encargado de un prostíbulo en la localidad de Naranjal que fue allanado por las autoridades antidrogas.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de mayo, alrededor de las 18:30 horas, por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Policía Nacional. Del poder del encargado del lugar, los intervinientes incautaron 6,2 gramos de cocaína en cápsulas y 1,3 gramos de marihuana.

Además de dinero en efectivo (269.000 guaraníes), en billetes de distintas denominaciones, presumiblemente producto de la venta de las sustancias prohibidas. Las drogas estaban distribuidas en distintas partes del local nocturno, que era utilizado como fachada para la venta y comercialización al menudeo de las sustancias estupefacientes.

Una vez reunidos los elementos de sospecha, el fiscal Aguilera abrió el proceso contra Pedro Solís y solicitó al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva, atendiendo a la gravedad de los hechos presuntamente perpetrados.

Tres niños de 3, 4 y 11 años de edad, respectivamente, acabaron siendo hospitalizados luego de sufrir una grave intoxicación en la zona de Alto Paraná.

Reportes de medios locales indican que los niños consumieron un producto elaborado a base de cannabis, lo cual finalmente provocó reacciones adversas en su organismo.

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Los menores fueron llevados primeramente al Hospital Regional de Ciudad del Este y luego se dispuso su traslado al Hospital Pediátrico “Acosta Ñu” de San Lorenzo, a fin de recibir atención especializada.

Los menores de 3 y 4 años son los que se encuentran en más grave estado, ya que debieron ser intubados e internados en terapia intensiva, de acuerdo al informe divulgado por el Ministerio de Salud. Por su parte, el niño de 11 años recibió un lavado gástrico y se encuentra en evolución.

“El hecho ocurrió en Minga Guazú. El niño de 3 y 11 ingresaron a este hospital. Al niño de 3 años se le tuvo de intubar. El paciente de 11 años presentó vómitos, estaba desorientado. Ambos fueron trasladados al Hospital del Acosta Ñu”, reportó el Dr. Federico Schrodel, director del Hospital Regional de CDE, en charla con radio Monumental.

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La madre de los afectados también llegó a consumir el producto, por lo que -al igual que ellos- presentó complicaciones de salud y tuvo que ser asistida por los profesionales del centro asistencial.

Los estudios laboratoriales dieron positivo a THC (componente psicoactivo de la marihuana), el cual sería uno de los ingredientes de los caramelos de goma que aparentemente consumieron los pacientes.

“Toda la familia estaba en el hospital. Les acompañó una vecina que comentó que consumieron una gelatina. En los análisis salieron positivo a marihuana”, dijo el médico.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.