El escrito presentado en la víspera a la jueza Claudia Dominguez Florentín tiene como objetivo: darse por notificado, presentar la nómina de funcionarios, permanentes y contratados, como así también informar el depósito en la cuenta judicial habilitada.

Explica el documento que con esta medida se busca evitar la paralización de las funciones y servicios de vital importancia en la Gobernación, como es el pago de los salarios adeudados a los funcionarios, empleados y contratados, los cuales están garantizados por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales.

También manifiesta el documento que resulta lamentable que terceras personas, ajenas al conflicto, carguen con las consecuencias y el inconveniente administrativo generado por la indefinición de la titularidad de la Gobernación del Guairá.

Hasta tanto se solucione el inconveniente jurídico en torno a la identificación del titular de la Gobernación del Guairá, en lo sucesivo el Ministerio de Hacienda estará solicitando al Juzgado que lleva adelante el caso la transferencia de recursos a la cuenta judicial para el pago de salarios en los meses venideros. En consecuencia, se espera que no vuelvan a presentarse atrasos en los pagos de salarios.

La solicitud se da debido a que el Tribunal de Apelación Penal, de la Circunscripción Judicial del Guairá, confirmó la Sentencia Definitiva N° 117 de fecha 20 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal del Guairá, en la que se rechaza el Amparo presentado por los funcionarios de la Gobernación que buscaba el pago efectivo de sus haberes.

Finalmente, a fin de evitar que en el futuro se produzcan casos similares, el Ministerio de Hacienda conformará una Comisión Especial encargada de recomendar y ejecutar los ajustes técnicos necesarios para la incorporación definitiva de los Gobiernos Departamentales dentro del Sistema de Pago por Red Bancaria, vía Banco Nacional de Fomento (BNF). Este procedimiento permitirá realizar los pagos salariales de manera periódica, independientemente de los conflictos institucionales que puedan generarse en alguna Gobernación en particular.

El agente fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, encabezó una serie de allanamientos en las ciudades de Villa Elisa, J. Augusto Saldívar y San Lorenzo y que dio como resultado la detención de tres personas y la incautación de varias evidencia. En en el marco de la causa que investiga el vaciamiento de cuentas bancarias.

El procedimiento se realizó luego de una denuncia presentada por la empresa telefónica TELECEL. Los detenidos fueron identificados como Ana Liz Cantero Ortiz, Carmen Johana Aguilera Galeano y Pablo Ramón Acosta Esquivel, del poder de los mismos fueron incautados aparatos celulares, tarjetas Sim Card, dispositivo de almacenamiento, formularios de activación de líneas telefónicas, anotaciones y documentaciones varias.

Los mismos presuntamente utilizaban la modalidad delictiva denominada SIM SWAPPING, que consiste en bloquear los números de líneas telefónicas valiéndose del privilegio de ser funcionarios de las empresas de telefonía y volvían a reactivar en otros dispositivos para acceder a las billeteras electrónicas o cuentas bancarias de sus víctimas.

Estas personas habrían colaborado para bloquear y hacer esa reactivación de línea en otro dispositivo. A partir de esa reactivación de línea en otro dispositivo se reiniciaban los servicios de medios de pagos electrónicos y en algunos casos cuentas bancarias.

Con patrullajes fluviales coordinados entre la SENAD y la Armada Paraguaya, se obtuvo la localización de una carga de marihuana que fue escondida en la zona para su acopio y posterior ubicación en territorio brasileño. El lugar donde se produjo el decomiso, corresponde al Puerto Marangatu.

El cargamento estaba compuesto por paquetes de marihuana cuidadosamente embalados y otros puestos en bolsas. Como forma de un análisis más eficiente de lo hallado la carga fue remitida hasta la Oficina Regional de Salto del Guairá, en ese lugar y en presencia del fiscal Carlos Cabrera confirmaron que entre bolsas y paquetes el alijo alcanzó un peso de unos 194 kilos.

Los agentes especiales de la SENAD y miembros de la Prefectura Naval decidieron el despliegue de otros seguimientos en la zona para que colaboren a identificar puertos clandestinos de carga y descarga y a su vez vincular investigaciones con las organizaciones que se encuentran detrás de los intentos de envió.

El presidente de la República desarrolló su jornada de Gobierno en Itapúa, donde habló de temas varios y respondió a las preguntas de los medios.

En el marco del segundo aniversario del asesinato de Marcelo Pecci, ultimado a balazos en una playa de Colombia, al mandatario se le pidió un mensaje para la familia.

“No vamos a descansar, vamos a poner todo nuestro empeño hasta que se encuentren a todos los involucrados en el asesinato de Marcelo”, expresó Peña.

El presidente describió a Marcelo Pecci como un fiscal que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el crimen organizado ydijo que, la mejor forma de honrar su memoria es luchando contra ese flagelo.

La Fiscalía de Colombia y de Paraguay tendrán una reunión la próxima semana donde conversarán sobre el caso y sobre el interés de Estados Unidos en la extradición de los implicados.