La reunión realizada esta mañana entre el Ministerio Público, el departamento de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, representantes de la APF y presidentes de clubes dejó los primeros puntos de una posible hoja de ruta. Del encuentro no participó el titular de Cerro Porteño, Blas Zapag.

El fiscal Jorge Sosa mencionó entre algunas de las acciones: la identificación total de las personas que integran las barras organizadas y de los integrantes que cuenten con procesos pendientes con la justicia.

“Lo que queremos es una serie de acciones antes de que se produzcan los hechos, evitar que los violentos puedan seguir ingresando a las canchas”, dijo el fiscal Sosa en conferencia de prensa.

Otra sugerencia es que los clubes comiencen a nominar las entradas para permitir un mejor control de quienes ingresan a los estadios y a la vez evitar la reventa.

El fiscal también sugirió la implementación de un sistema de software, a través de cámaras con identificación de rostros, que permitan individualizar a los violentos, sin embargo, reconoció que no todas las instituciones tendrán la capacidad económica para solventar esta tecnología, por lo que se deberá recurrir a la APF.

El presidente del Olimpia Marco Trovato dijo estar dispuesto a colaborar económicamente para la implementación de alguna medida de seguridad, pues considera que la población no tiene por qué pagar para que la Policía se enfoque en este tipo de eventos.

Una nueva reunión se realizará el viernes en el Congreso, entre la APF, la Policía y la Fiscalía para avanzar en algún proyecto de ley que contribuya a reducir los índices de violencia en las canchas.

En entrevista con el canal GEN, Edgar García, presidente del gremio y referente del sector, advirtió sobre el severo impacto económico que sufre el transporte formal a causa de esta práctica clandestina y confirmó que la huelga afecta el desplazamiento de usuarios a distintos puntos del país.

El conductor explicó que estos colectivos irregulares captan a los pasajeros antes de las salidas programadas de las empresas legalmente constituidas.

Alrededor de 500 vehículos, entre ellos “taxi mau”, minibuses y particulares, se colocan en los trayectos de salida hacia el norte, sur, este y oeste del país en los mismos horarios de los buses permisionarios.

“Con solo 10 móviles irregulares que lleven a cuatro pasajeros cada uno, son 40 usuarios menos para el colectivo formal. Esa es justamente la capacidad total que la unidad de mi compañero debía transportar a su destino”, graficó el dirigente.

El titular gremial, quien también preside a los taxistas de Luque y del Departamento Central, remarcó que las ordenanzas exigen a los taxis operar exclusivamente desde sus paradas asignadas y no realizar viajes interurbanos o de larga distancia sin regulación.

Los trabajadores apostados en el desembarque de la EBA señalaron que la protesta se mantendrá hasta obtener garantías operativas y la fiscalización rigurosa de las autoridades competentes en las rutas del país.

“Estamos pidiendo la presencia de las autoridades de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) para tener resguardo, una respuesta concreta y que se defienda el trabajo de los compañeros de las distintas empresas”, dijo García.

En el marco de la huelga acatada por choferes de transporte de mediana y larga distancia, los trabajadores denunciaron la presencia de al menos 500 vehículos no autorizados —entre minibuses y taxis móviles— que operan al margen de la ley.

Edgar García, referente del sector, señaló durante la protesta: “El servicio de transporte está siendo criminalizado ya que hay multitudes de vehículos no autorizados”, recordando que los taxis deben captar pasajeros únicamente en sus paradas fijas. A su vez, reconoció el impacto del paro: “La huelga va a afectar a quienes dependen de movilizarse, y también estamos afectados nosotros los choferes”.

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Ante el reclamo, el director de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Luis Fernando González, se presentó en el lugar para dialogar con los manifestantes.

El alto funcionario remarcó que ya vienen abordando esta problemática con diversas instituciones e incluso con sus pares de Argentina, ya que detectaron buses internacionales operando de forma irregular dentro de los itinerarios nacionales.

González detalló que, si bien actualmente coordinan acciones con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y las PMT locales, se requiere un trabajo directo y en conjunto con la Fiscalía, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Policía Nacional, además de la colaboración activa de los choferes para encarar los controles.

Reunión clave y balance del sector

El titular de la Dinatran anunció que mañana, miércoles 19, mantendrá una audiencia con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para tratar este punto de manera prioritaria. Asimismo, recordó la exigencia del sector privado formal:

• Inversión sin subsidios: La Dinatran engloba a un sector de capital 100% privado que no recibe ningún tipo de subsidio estatal.
• Renovación de flota: En los últimos tres años de gestión, las empresas formales lograron incorporar 300 unidades 0 km para mejorar el servicio.

Además, HOY: Crimen de guardia de un servicentro: atrapan a presunto implicado

Dos viviendas ubicadas en el barrio Fray Luis de Bolaños, de la ciudad de Presidente Franco fueron allanadas anoche, como parte de la investigación de un caso de robo agravado con resultado de muerte.

Fue aprehendido un hombre de 29 años, identificado como Kevin Silvestre Tottil Acuña. En su poder incautaron un aparato celular, considerado de interés para la investigación.

El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Alto Paraná,con la Fiscalía.

El aprehendido y la evidencia incautada quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Este es el segundo detenido del caso. El primero fue Emilson Antonio Valiente González(21), arrestado el 30 de julio y quien, se presume, conducía la motocicleta en la que se desplazaba con su cómplice.

Ramón Medina Báez(53) fue asesinado a balazos el 29 de julio pasado, en su puesto de guardia de seguridad.