La fiscal Viviana Sánchez formuló imputación contra Diego Armando González Areco (37) por el supuesto hecho punible de actos exhibicionistas.

El hombre es acusado de ingresar a una vivienda en la ciudad de Presidente Franco y exhibir sus genitales a una mujer que se encontraba descansando con su hija de 3 años.

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El hecho ocurrió el pasado 23 de noviembre en horas de mañana en una propiedad ubicada en el barrio San Sebastián del citado distrito altoparanaense.

De acuerdo al informe, el sujeto se introdujo a la habitación de la dueña de casa, quien se encontraba durmiendo con su pequeña hija, y empezó a masturbarse. Al despertar, la mujer se horrorizó con el acto que estaba presenciando y advirtió al visitante que su esposo estaba en la otra habitación.

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Al escuchar esto, González huyó rápidamente del lugar, aunque la víctima tuvo tiempo de alertar a algunos vecinos sobre la situación, iniciándose una persecución hasta capturar al degenerado para luego entregarlo a autoridades policiales de la zona.

Dado que se trata de un delito menor, la Fiscalía levantó su detención preventiva, pero Diego Armando González Areco posee orden de detención y está declarado en rebeldía por un hecho de incumplimiento del deber legal alimentario que data de septiembre de 2021.

La empresa Insumos Médicos S.A. (Imedic) presentó una demanda contenciosa administrativa contra el Ministerio de Salud, impugnando dos resoluciones: una que rescindió el contrato para la adquisición urgente de insumos y camas en el marco de la pandemia de COVID-19; y otra que rechazó el recurso de reconsideración presentado por IMEDIC contra la rescisión del contrato, argumentando que fue injustificada, alegando fuerza mayor debido a las dificultades logísticas y de suministro generada por la pandemia.

La Procuraduría defendió la validez de las resoluciones, argumentando que Imedic incumplió con las especificaciones técnicas y los registros sanitarios de los bienes entregados.

Además, sostuvo que la fuerza mayor alegada por la empresa no era válida, ya que la pandemia era conocida al momento de ofertar y no justificaba los incumplimientos. También señaló que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no declaró la nulidad del proceso licitatorio, lo que hacía improcedente el planteo de Imedic.

Los incumplimientos de Imedic que llevaron a la rescisión del contrato por parte del Ministerio fueron: las actas de verificación detectaron que los bienes entregados no correspondían a los ofertados y adjudicados.

Por ejemplo, las camas manuales para pacientes no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas tales como: debían contar con 3 funciones, tener una capacidad de 200 kilos, lecho de red de metal, colchón forrado de tela vinílica y altura de la cama; los trajes de protección entregados no coincidían con la marca establecida en el contrato; algunos bienes entregados carecían de registro sanitario o este fue presentado de forma extemporánea, lo que contravenía las exigencias del contrato.

Así también, las mascarillas entregadas no cumplían con las especificaciones técnicas según algunos informes, aunque Imedic entregó las KN95 (China) supuestamente eran equivalentes a las N95 (EE.UU.) y FFP2 (Europa); y, finalmente, Imedic alegó fuerza mayor debido a la pandemia, pero el Ministerio consideró que las dificultades logísticas y de suministro eran previsibles al momento de ofertar y no justificaban los incumplimientos.

Estos incumplimientos llevaron al Ministerio a rescindir el contrato N° 197/20, argumentando que IMEDIC no cumplió con sus obligaciones contractuales.

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, rechazó la demanda de IMEDIC y confirmó las resoluciones impugnadas. Consideró que los actos administrativos estaban ajustados a derecho, fundamentados y producto de un proceso administrativo que respetó el debido proceso.

El Tribunal concluyó que no se comprobó la vulneración de derechos administrativos preestablecidos ni irregularidades que desvirtuaran la presunción de legitimidad de los actos del Ministerio. Además, impuso las costas del juicio a la parte perdidosa (IMEDIC).

Alrededor de las 07:00 hs de este lunes se registró un hecho de arrollamiento sobre las calles 12 de Junio y Soldado Desconocido, en el barrio Molino de Luque.

La víctima es un niño de 11 años de edad, identificado con las iniciales J.A.M.V., quien se encontraba en compañía de su hermano. Ambos son estudiantes de la Escuela Básica “Fulvio Ramón Cubilla”.

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Imágenes de circuito cerrado muestran el momento en que estos niños se disponían a cruzar la franja peatonal cuando una motocicleta -que circulaba a alta velocidad- impactó contra uno de ellos.

A raíz del choque, la víctima fue arrastrada unos metros, aunque por fortuna solo sufrió heridas leves. Luego de unas horas en el hospital, recibió el alta médica.

“El susto de mi vida me llevé”, afirmó al canal C9N Bernardina Vera, madre del niño. La misma confirmó que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en esa zona.

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Por otra parte, el motociclista involucrado en el percance, identificado como Rodrigo Manuel López Díaz (19), fue demorado por la Policía. El mismo dio negativo a la prueba de alcotest.

Padres, docentes y demás miembros de la comunidad educativa repudian la falta de respuestas de las autoridades locales ante los reiterados pedidos de cobertura, tanto de la PMT como también de la Policía Nacional.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el Dr. Lino López y el Dr. Gerardo Acosta; por la Secretaría Nacional de Deportes, la Dra. Silvia Patiño y el jefe de Federaciones, Mario González; así como representantes de Futbolistas Asociados del Paraguay, Gerardo Planás, Pablo Sosa y Rogelio Delgado.

En la apertura de la sesión, el senador Derlis Maidana subrayó que el objetivo principal del encuentro fue habilitar un espacio de diálogo abierto y constructivo para recibir opiniones, sugerencias, observaciones y críticas respecto a la propuesta legislativa.

Asimismo, el parlamentario destacó la relevancia de la participación activa de todos los sectores involucrados para asegurar que el proyecto sea implementado de forma inclusiva y consensuada, con miras a garantizar su eficacia.

Durante la exposición de motivos se explicó que la iniciativa plantea modificaciones a la legislación laboral deportiva con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica en las relaciones laborales entre clubes y futbolistas.

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Entre los principales cambios propuestos se encuentra la universalización del contrato escrito, que pasaría a ser obligatorio para todos los jugadores, sin distinción de la categoría en la que participen. También se establece que serán considerados profesionales todos aquellos jugadores que cuenten con contrato formal y perciban una remuneración igual o superior al salario mínimo legal. Además, se busca garantizar el pago de salarios y beneficios acordados, así como proteger los intereses deportivos de los futbolistas.

En el plano regulatorio, se enfatizó la intención de armonizar la legislación nacional con las normas internacionales establecidas por la FIFA, promoviendo coherencia y transparencia en los contratos y en la protección de los derechos de los jugadores.

“El proyecto cuenta con el respaldo total de la APF y de la Secretaría Nacional de Deportes; los futbolistas también manifiestan su acuerdo, aunque proponen algunas modificaciones”, expresó el senador Maidana.

A su vez, el presidente de la Comisión de Deportes, Juan Carlos Galaverna (h), informó que se resolvió postergar el tratamiento del proyecto por un plazo de ocho días, a fin de consensuar el texto y atender las observaciones planteadas por Futbolistas Asociados del Paraguay.