Durante una conferencia de prensa desarrollada esta tarde en la sede del Ministerio Público, el agente fiscal Luis Piñánez y el fiscal adjunto Marco Alcaraz confirmaron la imputación contra el diputado Miguel Cuevas.

En este caso, el parlamentario colorado fue imputado por la supuesta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa, esto en relación a la investigación abierta en su contra por el llamativo aumento de su patrimonio en los últimos años, sobre todo cuando se desempeñó como gobernador de Paraguarí.

Dentro de la misma causa también fueron imputados su hijo Enzo Cuevas Florentín por enriquecimiento ilícito en grado de complicidad, su esposa Nancy Florentín de Cuevas por por cobro indebido de honorarios y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, y Griselda Duarte García (directora de la institución educativa en la que la esposa del diputado prestaba servicios) por cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice.

El fiscal de la causa adelantó que se solicitará al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión para Enzo Cuevas, específicamente con una caución real con la inhibición de vender y comprar bienes. En el caso de Florentín y Duarte, se instruyó una caución real por la suma de entre 25 y 50 millones de guaraníes.

Piñánez recordó que existe un obstáculo para aplicar medidas al diputado Cuevas debido a sus fueros parlamentarios, por ello se comunicará de esta condición especial al juzgado y posteriormente se harán los trámites para solicitar su desafuero.

Según explicó, para llegar a la imputación se hizo una investigación pormenorizada con varias documentaciones, teniéndose en cuenta el periodo 2009-2019. En dicho periodo de tiempo se detectó una desproporción entre los ingresos y egresos de Miguel Cuevas por una suma que ronda los G. 1700 millones, detalló.

El agente fiscal sostuvo que estos ingresos fueron percibidos cuando el diputado colorado se desempeñaba como funcionario público y al momento de trabajar en el rubro ganadero.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.