El sujeto, identificado como Mauricio Miguel Recalde, es acusado de la muerte de Coronel, de 33 años, quien fue atacado el pasado 6 de septiembre a tiros por un motociclista cuando se disponía a abrir la puerta de su vehículo, estacionado frente a la Radio Amambay, donde poco antes había concluido su programa.

“He solicitado su declaración de rebeldía, la orden de detención a nivel nacional y también internacional”, declaró el fiscal Pablo Zárate, asignado al caso, a Radio Monumental.

Indicó que la imputación se formuló “conforme a los elementos de sospecha” que han recabado “hasta esta altura de la investigación”.

El funcionario explicó que la acusación contra Recalde, de 26 años, se basa en imágenes recolectadas de las cámaras de circuito cerrado del lugar del atentado y de todo el trayecto de la huida, así como en otros procedimientos.

Zárate indicó que al realizar un análisis de fotograma “da un alto porcentaje de características similares”.

Según el fiscal, han pedido la revisión de los teléfonos móviles que fueron incautados el pasado viernes en el domicilio del imputado -quien enfrenta ya dos procesos por homicidio- y los cuales pertenecen a sus familiares.

Por su parte, el jefe de homicidios de la Policía Nacional, Hugo Grance, dijo que aún no han podido precisar si el individuo todavía permanece en territorio paraguayo.

“Son manifestaciones de la novia, que él había cruzado hacia lado brasilero”, explicó el jefe policial.

En ese contexto, relató que la familia del sospechoso alegaba durante el allanamiento del viernes que él no había estado en su casa desde hacía dos años, pero que ante el hallazgo de elementos que demostraron su presencia, admitieron que había abandonado el país ese día y había cruzado hacia el vecino.

Grance aseguró que investigan igualmente si el sospechoso “podría tener otra identidad del lado brasilero”.

El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.