Según el representante legal de las firmas, el abogado Modesto Guggiari, la situación fue muy mal administrada por el Estado. “Nunca hemos reaccionado, pero es insostenible la presión que ejercen algunas organizaciones para que cumpla y ejecute la ley de expropiación. En este momento, utilizan la violencia como medio de presión y los indígenas son inducidos permanentemente a violentar y cometer delitos dentro de la propiedad -que sigue perteneciendo a la empresa-. Incluso, en una reciente intervención, le amenazaron y echaron a la fiscalía del medioambiente que fue a realizar un procedimiento”, explicó Guggiari. Lamentó que la discusión vaya subiendo de tono cada vez más ante la inacción de las autoridades judiciales.

La empresa responsabiliza a la fiscalia de Pozo Colorado y los abogados de la organización Tierra Viva, de incitar a los indígenas Sawhoyamaxa; una comunidad compuesta por unas 150 familias que viven actualmente a la vera de la ruta Transchaco, colindante con la propiedad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2006 a favor de la devolución de las tierras a los indígenas, quienes afirman que éstas pertenecieron a sus ancestros.

El litigio se origina en que, según los representantes, la ley de expropiación promulgada el año pasado, no quedó perfeccionada, porque no se respetaron los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.

El Art. 109° de nuestra Carta Magna señala que “la propiedad privada es inviolable”. También que “nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley, que garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria”.

Al respecto, el abogado Guggiari señaló que en este caso no se trata de un latifundio improductivo; al contrario, son tierras en las que las empresas venían produciendo desde hace tres décadas. Vale decir, se necesita el previo pago para finiquitar efectivamente la expropiación.

Cuestionó demás el Art. 3° de la Ley de Expropiación 5.194 que, por un lado, establece la indemnización al propietario de los inmuebles, “de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Constitución Nacional”, pero después agrega que será en base a un avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas. “Ese artículo es inconstitucional, porque el precio debe ser establecido de común acuerdo o bien, por sentencia judicial y no por el MOPC”, aseveró.

Añadió que, por ese motivo, accionaron ante la Corte Suprema de Justicia contra la citada ley y que esperan el fallo correspondiente.

La versión del INDI

El presidente del Instituto Nacional del Indígena, Jorge Servín, explicó que este es un caso antiguo, que tiene más de 20 años de reinvindicación y se ha llegado a una instancia de expropiación. “La empresa planteó una inconstitucionalidad que fue rechazada por la Corte y ahora plantearon una segunda en diciembre”, explicó en comunicación con la 650 AM.

Servín afirmó que hay un dinero depositado en el BNF y que fue rechazado por la empresa, que pide una aclaratoria a la Corte. “Las 14.404 hectáreas ya están expropiadas y el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo se pronunciaron. La empresa debería aceptar la expropiación”, sentenció el titular del INDI.

Insinuó que la empresa pretende cobrar al Estado “un monto descabellado” y dijo no comprender por qué se aferran a las tierras que “ya no les pertenece”.

La iniciativa tuvo visto bueno con base en una recomendación de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, cuyo dictamen aconsejó la aprobación tal cual provino del Senado, y fue utilizado como texto de estudio en el plenario.

La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior; y pretende derogar la actual carta orgánica de la Policía - Ley N° 222/93. Incluye nuevas disposiciones presupuestarias a fin de dignificar las labores de los agentes policiales.

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Según la exposición de motivos, el proyecto surge debido a que nuestro país enfrenta amenazas que giran en torno al crimen organizado, grupos armados ilegales y la criminalidad común.

Esto motiva e impulsa la puesta en marcha de un proceso de modernización del aparato de seguridad de nuestro país, según los impulsores.

El documento quedó sancionado y remitido al Ejecutivo para su promulgación.

Santiago Peña mencionó que le dolía ver cómo la tarifa de Itaipú iba disminuyendo en los últimos años, por lo que llegar a una buena negociación con Brasil fue uno de sus primeros objetivos al alcanzar la Presidencia de la República.

“Es un paso enorme, todos los días nos estamos debatiendo en enfrentar enormes desafíos. Si hay algo que me caracteriza es ser una persona tremendamente positiva y optimista. Hace un año, pocos días después de recibir el mandato popular, me puse como gran objetivo iniciar esta negociación con Brasil. Se concluye una parte importante, con un logro muy valioso”, dijo el presidente Santiago Peña, en conversación con El Trece.

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“Me puse al frente de esto desde el día uno. Hemos encontrado en este proceso muchas voces que intentaron desalentarnos y que anteriormente eran voces que fueron sometidas por Brasil”, refirió.

Sostuvo además que con este acuerdo, Paraguay está decidido a ser protagonista y convertirse en un país más desarrollado. Al respecto, apuntó que la siguiente fase contempla el proceso de industrialización y el uso de la energía.

“No es una victoria de Paraguay y una perdida de Brasil, es un acto de justicia para los dos países que están decididos a trabajar juntos”, agregó el mandatario.

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Asimismo, indicó que los criterios a ser tenidos en cuenta para destinar los recursos, son los mismos ejes que se vienen discutiendo en la hoja de gobierno, acelerando ahora los planes de inversión en las diversas áreas.

Sobre el mecanismo de ejecución, fue categórico al decir que el mismo tiene que ser transparente y que la mejor herramienta que tendrá la ciudadanía para controlar el buen uso de los recursos, serán las rendiciones de cuentas constantes y permanentes auditorías. “Vamos a ser igualmente rigurosos, un esfuerzo enorme para que traiga enormes beneficios para todos los paraguayos”, añadió.

“Hoy es un día de celebración, pero tenemos todavía un largo camino por delante para cumplir con todas las demandas del pueblo paraguayo”, puntualizó el presidente.

Las mejoras incluyen un sistema de aire acondicionado y otras comodidades. Su habilitación está prevista para este viernes 10 de mayo, en coincidencia con el Día Mundial del Lupus.

La Dra. Yanira Yinde, Jefa del Departamento de Reumatología de la FCMUNA, hizo extensiva la invitación a todos los pacientes y familiares que quieran participar de esta actividad.

Instan a la ciudadanía a seguir apoyando estas iniciativas, la cual también fue posible a través de la colaboración de la Sociedad de Damas Italianas, Margarita de Saboya.

El Departamento de Reumatología atiende pacientes con lupus además de otros con diversas patologías inflamatorias del tejido conectivo, como la esclerodermia, síndrome Sjögren, también casos de artritis reumatoide, polidermatomiositis y otras enfermedades que podrían acaecer.