La calles de adoquines que dividen los bloques en el Abasto son la única garantía de paz. Un bloque que vende productos nacionales dice que en el otro se recurre a importados entre los cuales se incluye producción llegada desde Brasil y Argentina, sin certificación alguna. La “guerra” entre agricultores y supuestos contrabandistas está declarada en el populoso centro comercial.

Para conocer detalles sobre la situación conversamos con Víctor Enciso, de la Dirección de Comercialización para Productores Asociados del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Expresó que a las organizaciones de productores les perjudica el ingreso ilegal de tomates, una situación que se suma a la bajada de los precios de los rubros frutihortícolas. En condiciones normales, las cajas del fruto se venden por G. 110.000 pero el ingreso masivo del producto desde Argentina y Brasil, perjudican y hacen que la misma cantidad quede entre G. 50 e incluso G. 40 mil.

Para que un productor pueda darle un mínimo margen de ganancia a su producto, la caja debe costar G. 70.000. Estas cifras revelan que el contrabando no solo hace que se reduzca el beneficio sino que, al contrario, directamente arroja números en rojo a los productores.

Las versiones que se manejan de como ingresa el contrabando al Mercado de Abasto hablan del típico “contrabando de hormiga”. Varias carretillas que entran al centro comercial desde los distintos puntos de acceso componen el total de productos hortícolas importados irregularmente.

Para que cese el contrabando, expresó Enciso, el comprador debe dejar de preferir los productos apócrifos. Para detectarlo, en el caso del tomate, puede usar el método visual ya que el fruto argentino tiene un color más oscuro e incluye una etiqueta mientras que el nacional presenta un color menos intenso y también registra daños mecánicos por el rozamiento del producto.

El tomate paraguayo está certificado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) mientras que el tomate de contrabando no tiene el rastreo para saber cuándo fue la última vez que se le aplicaron herbicidas y otros datos que son de importancia para los consumidores.

El contrabando también afecta a un rubro como la zanahoria. Eliseo Samudio, de Productores Asociados de Zanahorias y Hortalizas de María Auxiliadora (Pazhma), dio su parecer sobre el ingreso ilegal del producto que comercializa en el Abasto. Dijo que gracias a los controles que realizan de forma coordinada con la Detave, el Senave y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, se logra detener a las mercaderías ingresadas ilegalmente pero de todas formas existen flancos, y varios.

Sobre los costos que maneja, dijo que la bolsa de 20 kilos de zanahoria tiene un costo de producción de G. 20.500 a G. 21.000, desde la plantación hasta que el flete deja el producto en el Abasto. Ahí, el costo asciende entre G. 40 a G. 45 mil dejando un margen ideal de ganancias. Dependiendo de la época el costo puede aumentar y la bolsa puede alcanzar los G. 60 y 70 mil.

Gracias a la inversión en tecnología, que contempla modernos sistemas de riego entre otros implementos agrícolas, dijo que se empieza a producir zanahoria desde la primera quincena de abril pero ahora, con la caída de los precios, a los importadores les conviene traer productos desde Brasil y Argentina que si bien son más costosos por bolsa, tienen mayor cantidad y mejor calidad que el producto nacional.

Los productores zanahorieros paraguayos cubren 10 de los 12 meses del año mientras que los dos meses restantes se cubre con productos importados, pero en esta época ya debe ser el producto nacional el que debe primar, lo cual en la práctica no se da.

Ahora, los zanahorieros deben vender sus bolsas de productos entre G. 30 y 35 mil lo cual da un margen de ganancias ínfimo que no compensa. “Un productor gasta una millonada de plata para producir bien y para llegar a la calidad que el mercado requiere”, especificó el productor.

La necesidad de control es grande en el sector. La esperanza para ellos es la coordinación de un equipo de trabajo pero el sentimiento en general es que los organismos de control no responde en forma.

El cierre del Puente de la Amistad a raíz de los tarifazos en el lado brasileño, hizo que los productores agremiados puedan comercializar 1.200 bolsas de zanahoria en un día, pero cuando la medida de fuerza se reabrió, la cantidad bajo a 22 bolsas, por el ingreso masivo de contrabando que se atajó durante el bloqueo.

Samudio hizo un llamado a los consumidores a comprar producto nacional para darles una mano. Dijo que la inversión para mejorar las técnicas productivas e ir ofreciendo hortalizas acordes a las exigencias de mercado es alta y por ello exhortan a la población en general a preferir lo que Paraguay produce.

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Fernando Duarte, reveló en entrevista con el programa La Caja Negra (Unicanal) los intentos de injerencia por parte de sectores económicos y dirigenciales interesados en blanquear ofertas académicas.

“No tenemos que tener miedo a los grupos de presión ni a los poderes fácticos en Paraguay. Tenemos que enfrentarlos a cara descubierta y denunciarlos públicamente. Hay grupos empresariales y políticos, dueños de universidades, que quieren presionar para conseguir acreditaciones”, sostuvo.

Dejó en claro que esos pedidos no corren. “Con los piratas de la educación superior no hay que negociar; a los piratas de la educación hay que aniquilarlos con la ley en la mano”, sentenció.

500 funcionarios bajo la lupa

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, admitió que el proceso de limpieza será complejo pero firme por directiva del Poder Ejecutivo.

En el marco del sumario administrativo general abierto en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aproximadamente 500 funcionarios están siendo investigados por presuntas vinculaciones con hechos irregulares dentro del circuito de registro y validación.

“Evidentemente el problema es grande y se viene arrastrando desde hace años. Es un proceso que llevará su tiempo, pero ya empiezan a saltar datos contundentes. Algunos de los responsables seguramente van a terminar en la cárcel”, advirtió Cohene.

El viceministro aclaró además que se trabaja para deslindar responsabilidades y destacó que hay un importante grupo de servidores públicos que realiza tareas extraordinarias para transparentar el sistema.

Ante el clima de desconfianza generado alrededor de las certificaciones universitarias, Cohene reconoció que el mercado laboral atravesará por una etapa de rigurosidad excepcional, donde empresas e instituciones requerirán pruebas complementarias de competencia para validar la capacidad real de los profesionales.

Asimismo, reconoció las limitaciones actuales del sistema, ya que la verificación actual se limita a aspectos meramente formales de los documentos (firmas y certificados) sin auditar la trayectoria del estudiante.

Sin embargo, prometió una solución de fondo en el corto plazo. “Estamos en proceso de implementación de un sistema en el que se tenga la trazabilidad completa del estudiante. Adelantamos que en seis meses el MEC contará con un sistema tecnológico integral que permitirá controlar todo el proceso desde el inicio. Hay personas inocentes y estudiantes estafados perjudicados por esta práctica criminal, pero el propósito es limpiar y devolverle la credibilidad a la educación superior del país”, dijo la autoridad.

Por otro lado, los estudiantes que actualmente se ven afectados por las irregularidades en sus universidades están analizando la posibilidad de realizar manifestaciones, ya que nada tienen que ver con el problema, pero de igual manera terminan afectados.

A las 05:00 de la madrugada, en el asentamiento 1.º de Marzo, de la Colonia Naranjito, la fiscal María Irene Álvarez, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico N.º 3 de Asunción,encabezó el allanamiento con apoyo de personal de la FOPE.

En el lugar detuvieron a Jimmy Dickson Rizon, de 42 años, de nacionalidad brasileña, presunto financista de las producciones.

Los intervinientes incautaron un subfusil calibre 5.56, marca Czech Small Arms, con su cargador y 13 cartuchos; una pistola calibre 9 mm, marca CZ, con su cargador y 17 cartuchos, además de aparatos celulares, anotaciones y documentos varios.

Por su parte, la fiscal Pamela Pérez, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico N.º 3 de Asunción, estuvo a cargo de otro allanamiento con apoyo del personal de la GEO-Canindeyú.

A las 05:30, en el asentamiento Santa Lucía, fue aprehendido Cristiniano Ferreira, paraguayo, de 69 años, quien contaba con una causa por supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno y coacción.

El tercer allanamiento, liderado por la fiscal María Irene Álvarez , fue a las 08:00, en la Colonia 1.º de Marzo, distrito de Ybyrarovana, donde detuvieron a Christian David Arévalos (19).

Incautaron una escopeta calibre 12, marca Maverick, con tres cartuchos sin percutir; una motocicleta Kenton Hunter 230; un par de ligas de goma; un pasamontañas; un guante táctico; un cinturón de cáñamo con portacartuchos; un chaleco táctico; una funda para pistola; una campera tipo camuflado y dos tarjetas porta SIM de la empresa Tigo.

Ricardo Soria, familiar de un paciente internado en el Instituto de Previsión Social (IPS), comentó que los medicamentos hallados en el albergue habrían sido donados de manera voluntaria para su posterior entrega, sin costo, a quien lo pudiera necesitar.

“Nunca nadie se acercó a decirme ‘te vendo un remedio’. Es una farmacia solidaria donde traen todo tipo de remedios, desde analgésicos para arriba”, refirió en entrevista con el canal GEN.

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En este caso, los productos descubiertos en el sitio serían parte de un remanente que los mismos familiares decidieron donar al no tener necesidad de seguir usándolos, a fin de ayudar a otras personas en su misma situación.

“Está en mi voluntad ir a donar si es que yo quiero. Me presento en la farmacia, le entrego a la encargada y le digo ‘estos remedios quiero donar para alguna familia que necesite’. La encargada le quita una foto y manda al grupo de WhatsApp donde estamos todos los familiares”, añadió.

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Sobre la presencia de medicamentos de uso controlado, admitió que difícilmente podrían llegar a parar a esta improvisada farmacia, salvo que pudiera existir complicidad de los mismos funcionarios del IPS.

Soria considera que la mujer acusada de la venta irregular de fármacos habría cometido un error al intentar comercializar uno de los productos que tenía en su poder, siendo que en todo momento fueron proveídos gratuitamente. “Su pecado fue escribirle en privado a esa persona, ella le dice ‘te vendo más barato’, esa persona denunciante quería gratis”, acotó.