Senadora Amarilla tiene otra empresa con proveedor de la merienda escolar
Los ataques a proveedores de alimento escolar por parte de la parlamentaria liberal Celeste Amarilla para desacreditar el proyecto que busca centralizar de alguna manera los fondos para este rubro reflotaron sus vínculos con el negocio al punto de salpicarla en un esquema con prestanombres, acusaciones hasta de tráfico de influencias. De hecho, la senadora no puede desmarcarse mucho ya que tiene otra empresa con representante legal de una de las contratistas más grandes de la merienda escolar del Estado.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo escolar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efectivamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos proveedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.
Con los dardos que lanzó Amarilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitaciones de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blancos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búmeran de los intereses particulares que presuntamente hacen reaccionar a la parlamentaria.
En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras personas para pasar desapercibida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la senadora que proveen merienda y almuerzo escolares.
En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamentaria para incremento presupuestario a gobernación que arrastra deudas por provisión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Contraloría General de la República, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedoras de merienda escolar.
No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las proveedoras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.
En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifestación de bienes se redujeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la proveedora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centralización del uso de fondos de alimentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Estigarribia y restar poder económico al departamento Central, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, considerando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gobernación de Central.
María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa,
representantes de proveedora de alimento escolar
Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría
María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar
Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría
Escándalo USAID: publicistas de Marito también se beneficiaron con los fondos
Las publicitarias ligadas a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez también se beneficiaron a nivel local con los fondos otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
La periodista Rossana Escobar, jefa de Investigación de Nación Media, habló este lunes sobre el escándalo mundial de la USAID y el uso de los fondos para las campañas de persecución en nuestro país.
En ese sentido, expuso que en la rendición de gastos que Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), remitió al Congreso, se puede evidenciar quiénes se vieron beneficiados con los fondos destinados por el Gobierno de los Estados Unidos durante el Gobierno anterior.
La comunicadora compartió, a través de sus redes sociales, un documento de USAID e IDEA referente a una “Propuesta de campaña para instalar la necesidad de más transparencia para combatir la corrupción y la impunidad”. El material menciona que la campaña publicitaria fue elaborada gracias al aporte norteamericano y que tenía dos frentes de desarrollo:
“El departamento de Comunicación de IDEA se enfocará en el desarrollo de gacetillas, informes de prensa, manejo de redes sociales, difusión de resultados, convocatorias y colaboraciones con la prensa en general”
“Para el desarrollo de materiales como audiovisuales, spots de radio y acciones que impliquen relacionamiento comercial con los medios, se trabajará con la agencia creativa Oniria”.
Al respecto, la investigadora de Nación Media indicó en entrevista con la radio Universo 970 AM que se contrataron agencias de publicidad con este dinero donado por EE.UU. y que estas agencias estuvieron vinculadas al gobierno de ese entonces, siendo una de ellas la responsable de la campaña política de Abdo Benítez. Además eso, según subrayó, se contaba con toda una plataforma a través de las redes sociales. Se preguntó cómo se puede asegurar que no se haya dedicado a hacer campaña política con el dinero recibido.
De acuerdo con los antecedentes, ONIRIA fue la agencia de publicidad encargada del marketing digital de la campaña electoral de Marito. Esta misma agencia, ya durante la administración abdista, cobró millonarios montos de Itaipú en concepto de asesorías y realización de campaña. Solo en diciembre del 2018 facturó US$ 393 mil, y no hubo licitación para esta contratación, según la publicación de febrero del 2019. Además de ese acuerdo con Itaipú, Oniria fue adjudicada de forma directa por varios ministerios para trabajos de asesorías y diseños de campañas. Aquí aparecieron el Ministerio de la mujer, Petropar, Mitic, y el Ministerio de Hacienda. Esto durante el gobierno anterior.
EL CONVENIO USAID
El 10 de setiembre de 2020, en plena pandemia, el gobierno de Mario Abdo Benítez firmaba un convenio de asistencia con Usaid de USD 50 millones, de los cuales USD 5 millones son de contrapartida local, que sugiere su blindaje ante tantas irregularidades que sacudieron su administración, así como las multimillonarias facturaciones de sus empresas de asfalto de manera extraordinaria durante su mandato.
Este acuerdo tiene 4 ejes fundamentales; uno de ellos es clave y ruidoso, que es el de Control Ciudadano ejecutado con el aglutinamiento de varios políticos de la oposición, algunos encubiertos hasta hace poco como organizaciones civiles no gubernamentales (oenegés) y que puede responder la curiosidad de siempre del porqué todas sus acciones, denuncias de corrupción resultan selectivas.
Abc ataca a Fiscalía por casos de lavado, pero olvida a Cabeza Branca
El Grupo Zuccolillo, a través de su multimedio Abc Color, se ha dedicado a atacar al Ministerio Público por la supuesta falta de acción en casos de lavado de dinero. Sin embargo, no hacen siquiera una mención al vínculo del banco Atlas, también de su propiedad, con el caso del narcotraficante brasileño Cabeza Branca. De acuerdo con una entrevista en la radio del propio grupo, el criminal es el mayor lavador de dinero en el país.
La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. El refrán surgido de un pasaje bíblico puede explicar tranquilamente el actuar del multimedio Abc Color cuando se trata de hablar de casos de lavado de dinero.
El diario emblema del Grupo Zuccolillo, además de sus radios y su canal de televisión, se ha dedicado durante años a criticar con fuerza la supuesta falta de acción por parte de las autoridades en el combate contra el lavado de dinero en Paraguay.
De hecho, como se puede observar en la gráfica más arriba, el grupo económico realizó varias editoriales expresando su opinión al respecto.
En su edición del 12 de enero de 2021, la empresa periodística criticaba a los organismos de investigación diciendo que “los peces gordos pueden nadar tranquilos”.
“Nuestro país ha aprobado varias leyes en la materia, pero los peces gordos de la delincuencia saben que no tendrán por qué preocuparse mientras los organismos estatales se limiten a actuar como engañabobos, controlando pequeñas operaciones en vez de perseguir el contrabando, el narcotráfico y la corrupción”, señalaba el editorial.
Hace apenas unos días, Abc publicó un extenso informe refritando la información de que se habría utilizado dinero proveniente del narcotráfico para comprar la casa de verano que el senador Erico Galeano poseía en un barrio cerrado en Altos.
Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, vinculado a operaciones con banco Atlas
SE OLVIDAN DE SU CLIENTE
Precisamente si de dinero narco se trata, es ahí donde aparece el brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como Cabeza Branca, considerado como el mayor narcotraficante de la región y quien operaba tranquilamente en nuestro país. Entre sus operaciones aparece un millonario préstamo otorgado por el banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo y empresa hermana de Abc Color.
El pasado 8 de mayo, Abc publicó un artículo en el que anunciaba que el juicio para los supuestos prestanombres del narco brasileño se realizaría en junio y citó algunas de las operaciones realizadas por los mismos. Pero se olvidó de una en particular.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasilero (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombres de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
CASI CONSIGUIERON REMATE
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado.
Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, destacando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
EL MAYOR LAVADOR
En una entrevista realizada por Mabel Rehnfeldt, una de las estrellas de Abc, la entonces ministra de la Senabico Teresa Rojas había confirmado que Cabeza Branca superaba el nivel de inversión del también brasileño Darío Messer.
- Unidad de Investigación Nación Media
- investigacion@nacionmedia.com
Liliana Alcaraz, blanco de Abc por desenmascarar operativo “garrote”
La actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, soporta constantes ataques de sectores enfocados en la defensa del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Al asumir el cargo, Alcaraz ordenó sumarios que permitieron descubrir la trama del montaje y la filtración de informes.
Por Cinthia Mora, periodista.
La campaña de persecución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, con el objetivo de involucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se investiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.
En agosto de 2023, al asumir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los graves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la aplicación de protocolos para evitar tales situaciones y corregir los malos manejos.
Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funcionarios asignados a la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la aplicación de los protocolos recomendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministerio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.
Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministerio Público aportaron información relevante que permitieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.
El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)
EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS
Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos informes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La respuesta de la Seprelad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brújula” de la investigación fiscal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este documento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.
El documento secreto fue utilizado como base para la elaboración del informe de inteligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministerio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “información espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institución. En el borrador se introdujo información falsa y tergiversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.
Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución política ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.
El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electrónicos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.
En estos correos se detalla la manera en que fue incorporado el documento secreto, redactado por Farías y Fernández, al circuito institucional de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos también se ordenaba incorporar al documento oficial información tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.
DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC
Publicaciones de tinte malicioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sistema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.
La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencionado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.
Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extranjero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercambiar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de contacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el ministro de Seprelad Carlos Arregui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.