La comunidad está dividida, pues una parte de las 22 familias vive dentro de la hacienda, llamada Santa María, y otros salieron por diversos motivos y los dueños ya no les dejan volver.

Marciana Antonia Galeano, de 34 años, salió un día a acompañar a sus hijos a la escuela que se encuentra a más de 15 kilómetros de la comunidad y nunca más pudo regresar.

Desde hace quince años vive junto a otros miembros de la comunidad al borde de la carretera que pasa frente a la estancia ganadera, rogando periódicamente a los propietarios que le permitan pasar a ver a su madre y otros parientes que siguen en el interior.

“Ni visitar a mi familia al menos un día a la semana. Prohibido ver a mis tías o a mi mamá, y ellos tampoco pueden salir. El propietario no quiere que salgan”, dijo a Efe Galeano.

“Están en un chiquero, viven en las mismas condiciones que los chanchos (cerdos) y no nos dejan llevarles alimentos”, se lamentó.

El pasado 22 de octubre Santiago González, fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, ingresó a la estancia gracias a una orden judicial, “atendiendo a que podría haber el tipo penal de genocidio”, según explicó a Efe.

El gerente de la hacienda, Carlos Reinfeld, esposo de la propietaria, facilitó la entrada de la comitiva fiscal y policial, pero impidió el acceso de la prensa hasta el lugar donde se encuentra la comunidad, varios kilómetros campo adentro.

“El procedimiento se inició a raíz de una denuncia ya del año pasado por una situación de que podrían estar vulnerándose los derechos humanos de los indígenas que están en el asentamiento”, declaró González.

Reinfeld niega que los aborígenes de la etnia énxet que viven en la hacienda constituyan un comunidad indígena.

La estancia es parte de un establecimiento ganadero de más de 100.000 hectáreas que pertenece a Antonella Sacarello, ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Asunción.

Abarca parte del territorio ancestral del pueblo énxet, una de las milenarias etnias oriundas del árido Chaco, que ocupa la mitad occidental de Paraguay.

Sus dueños han impedido en varias ocasiones la entrada de las autoridades del Gobierno para asistir y censar al grupo nativo, según una entidad que asesora a la Fiscalía sobre asuntos indígenas.

“Él pretende que mi gente ni figure en los papeles”, se quejó Galeano, en referencia a Reinfeld.

Para los indígenas el colmo de lo que consideran una persecución a su pueblo es que los terratenientes les han impedido llevar asistencia sanitaria a familiares enfermos que están dentro de la estancia.

Al menos cuatro de ellos han fallecido en los últimos años sin poder ser atendidos por una ambulancia, según manifestaron en su denuncia ante las autoridades.

Los ganaderos no les dejaron enterrarlos en su territorio tradicional, por lo que las tumbas están al costado de la carretera. “Ellos quieren enterrar a sus muertos allí para quedarse con la tierra”, dijo Reinfeld.

El estanciero mantiene a por lo menos una decena de indígenas como empleados permanentes. Ese grupo cuenta con cédula de identidad y cobra 1,5 millones de guaraníes (333 dólares) al mes, según dijo Reinfeld, que incluyó en esa cantidad el valor del alojamiento y los alimentos que él les provee.

El salario mínimo en Paraguay asciende a 1,82 millones de guaraníes mensuales (405 dólares).

Al resto, que siguen sin identificación, los contrata como peones por muy poco dinero, según los indígenas. “Él paga como si fuéramos esclavos. 130.000 guaraníes al mes (unos 30 dólares) por ser peón de estancia”, dijo Galeano.

Los conflictos por la tierra son muy comunes en Paraguay, donde grandes propietarios cuentan con títulos, a veces legales y otras veces ilegales, de terrenos donde residen campesinos e indígenas.

La mitad de los 140.000 aborígenes que viven en Paraguay carece de acceso a tierras para subsistir y mantener su cultura y lengua, según la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.

“El paraguayo tiene que entender que nosotros también somos humanos, ya son 4 cuerpos. Se nos tiene que dar la tierra. Este patrón debe pagar por los fallecidos, no pueden hacer esto; si él no quiere ver a los indígenas que se vaya de aquí”, dijo Galeano.

El intento de feminicidio ocurrió el sábado pasado en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de Presidente Franco. Involucra a un suboficial de la Policía Nacional que agredió y luego disparó a su pareja, posteriormente, fue detenido por sus camaradas.

Se trata del suboficial segundo Esteban Damián Benítez Aquino (28), personal de la Comisaría 3ra de CDE, de cuyo poder fue incautada su arma reglamentaria, una pistola calibre 9mm con la que hirió de refilón en la pierna derecha a su concubina Zulma Elizabeth Villalba Osorio (26), quien también presentaba hematomas y rastros de violencia en el cuello, presumiblemente hechos por el uniformado, que estaba en su día libre.

Según los datos, el oficial mantuvo una discusión con la mujer por cuestiones particulares y la agredió físicamente, luego utilizó su arma de fuego y efectuó el disparo que la hirió en la pierna. Los vecinos escucharon los disparos y el pedido de auxilio del hijo de la pareja, quien gritaba a Esteban Damián para que pare.

Los agentes de la subcomisaria 12° llegaron al lugar a los pocos minutos y aprehendieron a Benítez, incautando de su poder su arma reglamentaria. La mujer se presentó en la recinto policial, pero formuló ninguna denuncia por temor al hombre.

De igual manera la Policía Nacional informó lo ocurrido a la Fiscalía y el fiscal de turno Edgar Benítez, que tomó intervención de oficio. El Ministerio de la Mujer también tomó parte del caso, para ofrecer contención psicológica a la víctima.

Esta mañana se concretó el arribo de un importante contingente policial en el distrito de Natalio, sitio elegido por una gavilla de delincuentes para perpetrar un asalto tipo comando al BNF.

La finalidad con este despliegue es reforzar la seguridad tanto en esta ciudad como así también en otros puntos del departamento de Itapúa, teniendo en cuenta el más reciente hecho de inseguridad.

Te puede interesar: Peña reitera: resguardo de BNF y entes públicos queda en manos de la Policía

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, un total de 7 comisarías del nordeste de Itapúa serán reforzadas con 5 fusileros y 3 agentes de prevención.

Se prevé un servicio permanente con relevos, fijándose la distribución de agentes de la siguiente manera: San Rafael del Paraná (25), Natalio (17), Edelira (22), Capitán Meza (113), María Auxiliadora (16), Mayor Otaño (19) y Naranjito (95).

Leé también: Asalto en Natalio: no descartan que autores sean miembros de la banda de Carlos Cabrera

Según explicaron las autoridades policiales, la finalidad es dar respuesta inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse, además de volver a brindar tranquilidad a la población itapuense.

El de esta mañana fue el primer contigente de uniformados y se espera que en el transcurso del día sigan llegando más efectivos para redoblar la seguridad en esta región del país.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

Lea también: En Itaipú, cada país es libre de hacer lo que quiera con sus recursos, dice Peña

En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

Puede interesarle: Los cinco delitos por los que pueden procesar al “bromista” del avión