La constitución estuvo encabezada por la agente fiscal Fátima Girala, a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPPy.

El motivo del procedimiento es indagar la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero.

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El reporte indica que la fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando”, explicó Girala.

“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia”, agregó.

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Los antecedentes del caso indican que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.

La entrega representa una inversión de G. 1.994.129.301 y responde a las necesidades identificadas en los servicios de salud del departamento Central, contribuyendo a garantizar la disponibilidad de insumos para la atención de la población.

El lote recibido incluye medicamentos para diversas patologías, fármacos correspondientes a programas sanitarios, insumos destinados a la temporada invernal, antialérgicos, aerosoles, kits de parto y materiales esenciales para la atención diaria en los establecimientos de salud.

El Parque Sanitario cumple un rol como centro logístico regional, desde donde se organiza y distribuye de manera periódica el abastecimiento a hospitales, centros de salud y unidades de salud de la familia, asegurando la continuidad de los servicios y el funcionamiento de la red asistencial.

Esta acción se enmarca en la política institucional del MSPBS orientada a fortalecer la gestión de insumos estratégicos, optimizar la cadena de suministro y garantizar el acceso a medicamentos e insumos en todo el territorio.

El Ministerio de Salud Pública sigue trabajando con responsabilidad y garantiza las respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

“La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

“El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente”, afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está “estancada”.

Fuente: AFP.

El centro, ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”, permitirá articular en tiempo real las acciones de patrullaje, control y seguridad, integrando recursos como drones, embarcaciones y personal especializado.

Su puesta en marcha representa un paso fundamental hacia la modernización institucional y el fortalecimiento de la capacidad para proteger los recursos hídricos y garantizar la legalidad en las vías navegables.

“El centro de mando y control de la Prefectura General Naval, como así también la de sección de lanchas interceptoras fluviales fortalecerán de manera tangible nuestra capacidad de vigilancia, control y protección de nuestras fronteras fluviales”, destacó el vicealmirante Christian José Rotela, Comandante de la Armada Paraguaya.

Según refieren, las ocho lanchas junto con sus armas y su equipamiento representan una inversión estadounidense de más de cuatro millones de dólares en las fuerzas de seguridad del Paraguay y forman una parte importante de una iniciativa más amplia que va a incorporar a 10 lanchas en total.

La inversión estadounidense total en esta iniciativa va a llegar a más de 12 millones de dólares.