En la sesión ordinaria realizada en la jornada de ayer, por unanimidad el JEM tomó la determinación de iniciar un juicio contra la fiscal anticorrupción Victoria Acuña por mal desempeño en sus funciones.

La determinación fue tomada a raíz de una denuncia realizada por la Cámara de Diputados en el año 2014. En aquel entonces, la representante del Ministerio Público imputó y libró orden de captura contra Édgar Acosta, pese a que éste gozaba de fueros parlamentarios.

Acosta estaba siendo investigado por el Ministerio Público junto con otros directivos de la Industria Nacional del Cemento (INC) por supuestas irregularidades en la provisión del producto a distribuidores.

El senador Eduardo Petta, representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en entrevista con Radio Ñandutí comentó que aquella imputación contra el diputado liberal “lo había expuesto y generado mucho daño”. Así también, mencionó que la decisión fue tomada sin contar con los elementos probatorios suficientes.

Édgar Acosta ya no estaba en el INC en el momento en que fue imputado por la fiscal Acuña, mencionó el senador a la 1020 AM, por ello considera que no corresponde que se haya llegado a esa instancia.

En su momento, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción admitió que cometió un error en el procedimiento al ordenar la captura del diputado sin que se haya resuelto su desafuero, aunque manifestó que sólo se trataba de una “equivocación de forma” ya que contaban con pruebas suficientes para demostrar que él administró en provecho propio en el INC.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

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Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.