Se trata de Darío Derlis Álvarez Olmedo, de 26 años, quien reside en el barrio Arroyo Porã de la ciudad de Cambyretá. El mismo se encuentra desaparecido desde hace 15 días, según la denuncia hecha por sus familiares.

Relataron que Darío es adicto a las drogas y desde hace 15 días no regresó a la vivienda y temen lo peor, ya que fue amenazado de muerte.

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Su hermana indicó a los agentes que el joven ingresó al domicilio de su vecino con intenciones de hurtar varias herramientas, pero fue descubierto, y fue en ese momento que recibió dicha amenaza por desconocidos.

En su desesperación, la familia presentó la denuncia en la mesa de entrada de la Fiscalía de Encarnación. Asimismo, solicitan apoyo de la comunidad y, en caso de contar con alguna información, comunicarse al número de teléfono (0982) 072-236.

El doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal de la Fiscalía, este martes dio a conocer los resultados de la autopsia al cadáver de Alba Eulogia Rodríguez de Michalak (59).

“No es una muerte violenta”, afirmó el médico forense en conversación con los medios, confirmando que no se detectaron signos de violencia externa, fracturas ni lesiones en el cuerpo de la ciudadana uruguaya.

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Estas evidencias hacen suponer que pudo haberse tratado de “una muerte de tipo natural”, indicó, aunque aún quedan pendientes algunos estudios por realizarse.

Al respecto, Lemir precisó que se tomaron muestras de tejidos y órganos, los cuales serán sometidos a estudios hemopatológicos para arrojar más luz sobre este trágico suceso.

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Los resultados laboratoriales permitirán conocer las circunstancias del fallecimiento de la extranjera, cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda, ubicada en el barrio Villa Industrial de la ciudad de San Lorenzo.

Víctor Martin Fernández Zaracho (43), empleado de confianza de la víctima, había sido detenido por la Policía luego de ser sindicado en un primer momento como principal sospechoso por la muerte de Rodríguez.

Se trata de Robert Alter, quien se encargará de seguir avanzando en el compromiso del fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay.

Rob Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo ahora las funciones de Encargado de Negocios en la Embajada de EE.UU.

Recientemente, se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente, fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.

En etapas anteriores de su carrera diplomática, Rob prestó servicios como subdirector político en la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires; fue funcionario principal a cargo de los asuntos de Colombia en Washington; funcionario económico en la Embajada en Caracas; asistente del Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; asistente especial del Embajador y funcionario consular en la Embajada en París; y funcionario económico en la Embajada en Bagdad. Entre otros logros destacados, apoyó los esfuerzos de EE.UU. para ayudar al gobierno colombiano a alcanzar su acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Antes de incorporarse al servicio diplomático, Rob trabajó como secretario de juzgado en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Florida y como abogado litigante en un bufete de abogados con sede en Cleveland. Nacido y criado en Youngstown, Ohio, posee una Licenciatura en Historia de la Universidad de Ohio State, un Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, y una Maestría en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Habla español y francés.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, grupo conformado por numerosos afectados por esta mega estafa, realizó este martes una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Asunción.

Con pancartas y carteles, las víctimas —entre las que se encuentran docentes, funcionarios públicos, enfermeros y jubilados, entre otros— exigen a las autoridades judiciales alguna solución a sus reclamos.

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Aprovecharon la ocasión para solicitar vía nota una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir un canal de diálogo y plantearles una serie de inquietudes y pedidos de manera formal.

Los manifestantes representan a las miles de víctimas de esta rosca mafiosa, que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y hasta casas de créditos y empresas de cobranza, quienes utilizaron pagarés sin retirar para ejecutar embargos salariales.

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Exigen una respuesta inmediata a sus reclamos, sobre todo para frenar los descuentos compulsivos que sufren mes a mes, además de un severo castigo a los responsables y una investigación transparente. A la par, plantean la creación de un tribunal especializado para atender sus casos.

La Coordinadora de Víctimas convocó a una nueva manifestación para el 21 de julio, teniendo nuevamente como punto de convocatoria la sede del Poder Judicial.