En la vivienda del mismo requisaron estupefacientes, armas y dinero en efectivo, presumiblemente fruto de la comercialización del crack, la droga que está causando estragos en ciudades del país.

El fiscal Néstor Narváez, explicó a medios de comunicación, que el problema del microtráfico en Curuguaty, pasó a constituirse en la nueva plaga que azota a jóvenes.

Indicó que la adicción al producto tóxico y adictivo, está impactando con fuerza en estudiantes, tanto secundarios como universitarios, que constituyen clientela de los microtraficantes.

Y que en este escenario, Contreras constituye uno de los principales sospechosos de ser el proveedor de los “moños” del residuo de la cocaína, cuyos efectos son muy nocivos para el consumidor.

Cabe indicar que la expansión del crack, se visualiza en cada vez mayor cantidad de ciudades del país. En este contexto los registros de la Senad consigan que tan solo en Asunción y Central, son 90 mil adictos al “chespi”, casi en su totalidad jóvenes.

El informe de los fiscales Francisco Cabrera y María Verónica Valdez indica que además del coronel Belotto, también fueron acusados Alba Lidia Ale, esposa del militar, por soborno agravado en grado de complicidad, y el abogado Miguel Ángel Mendieta, como instigador.

La acusación resalta que el hecho punible investigado se habría registrado en el lugar de reclusión de Insfrán, la cárcel militar de Viñas Cué. La Fiscalía pide la elevación de la causa a juicio oral y público.

Puede interesar: ¿Cuánto dinero reciben las ONGs ligadas a pueblos indígenas?: diputados piden informes

Cabe mencionar que el coronel Luis María Belotto habría intentado sobornar con G. 10 millones a un subalterno para que introduzca un teléfono celular a Miguel Insfrán alias “Tío Rico”.

Por su parte, Alba Lidia Ale de Belotto está procesada por soborno agravado en calidad de coautora, ya que habría ofrecido en varias oportunidades al encargado de la seguridad de Viñas Cue dinero en efectivo y otros beneficios.

Durante un patrullaje realizado en la noche de ayer se logró la incautación de un cargamento ingresado de manera ilegal al país a través del Río Paraguay.

Se trata de cerca de 200 cajas que contenían envases de aceite de origen argentino y que estaban siendo trasladadas en una embarcación hasta el lado paraguayo.

Te puede interesar: Suplemento dietario no cuenta con registro sanitario, alerta la DINAVISA

Personal de la Prefectura General Naval fue el responsable de esta importante incautación de productos de contrabando, contando con apoyo de funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El tripulante del bote inicialmente fue demorado por las autoridades, pero minutos después logró ser “rescatado” por una turba que atacó a la comitiva en plena navegación.

Leé también: Ingresos Tributarios reporta que mayo cerró como el mes de recaudación histórica

“Vino una embarcación con 15 a 20 personas aproximadamente, atropellaron la lancha de la Prefectura, rompieron el motor y en ese momento pudieron liberarlo”, explicó Julio Martínez, funcionario de la DNIT, a la 1330 AM.

Todo el cargamento incautado fue remitido a los depósitos de la DNIT, a fin de permanecer bajo resguardo hasta que se disponga su destino final.

Referentes de la comisión asesora informaron que existe la necesidad de contar con datos precisos de cuántas son las ONGs que están siendo subvencionadas por el PGN; cuáles son los planes y programas relacionadas con los pueblos indígenas, como así también los montos transferidos y porcentajes de la ejecución presupuestaria.

El documento con dictamen de aprobación, indaga datos concretos acerca de los rubros 831 (Aportes a entidades con fines sociales); 842 (Aportes a instituciones sin fines de lucro); y 874 (Aportes a instituciones privadas sin fines de lucro), correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 y 2024.

Puede interesar: Más de mil pacientes recibieron atención médica gratuita en la ANR

El proyecto solicita, además, una diferenciación de los gastos de mantenimiento institucional y las actividades misionales.

También pide indicar si alguna entidad beneficiada habría incurrido en faltas, el detalle de las mismas y las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Lea también: Invitan a paseo en bici en Fernando de la Mora

Desde la comisión asesora informaron que esta acción es el punto de partida de una serie de pedidos de informes que se irán realizando a las diferentes instituciones, conforme se vayan obteniendo los datos.