La agente fiscal Myriam Rodríguez manifestó a los medios de comunicación que el Tribunal de Apelación revocó la medida de Prisión Preventiva solicitada por el Tribunal y que fuera otorgada por el Juzgado a la Directora, Coordinadora y a una Docente, procesadas por Violación del Deber de Cuidado y otros hechos, en relación a un caso de Abuso Sexual en Niños ocurrido en un Colegio de Lambaré.

La fiscal explicó, que la posición del Ministerio Público, inicialmente fue la medida de prisión preventiva, por los fundamentos expuestos en la imputación. Posteriormente la defensa apeló la medida y la resolución del Juzgado fue tratada en la Cámara de Apelación. Nuevamente; el Ministerio Público se opuso, respondió el recurso planteado, manifestando su oposición. Sin embargo, el Tribunal de Apelación otorgó la medida alternativa dentro del proceso.

La representante del Ministerio Público aclaró además, que antes de que la medida quede firme las mismas ya fueron trasladadas a Asunción, a fin de cumplir arresto domiciliario, incluso la agente fiscal planteó un recurso de aclaratoria que ya no fue tratada por la Cámara de Apelación.

La agente fiscal indicó que respeta la decisión del Tribunal de la Cámara de Apelación, pero lamenta que en hechos tan gravosos como estos, como son los casos que involucran a Niños, Niñas y Adolescentes no se tenga en cuenta los fundamentos expuestos en la imputación.

ANTECEDENTES

El equipo de agentes fiscales imputó a la Directora, a la Coordinadora y una Docente por Frustración a la Persecución penal, Violación del Deber de Cuidado y otros hechos

La agente fiscal Myriam Rodríguez indicó que con algunos indicios se identificó a cuatro adolescentes que estarían vinculados a los hechos ocurridos. Al respecto, manifestó que “con los elementos colectados, hemos podido identificar a dos de ellos, no obstante, aún se deberá cotejar con el circuito cerrado”, expresó la representante del Ministerio Público.

El hecho se habría registrado el 26 de abril del 2022, conforme a la denuncia realizada por los padres de la víctima.

En el marco del impulso de la investigación se ha conformado un equipo de trabajo de agentes fiscales para intervenir con la agente fiscal titular Myriam Rodríguez. Se sumaron a la investigación las fiscales Laura Guillén, Laura Avalos, y las fiscales delegadas Gladys González y Carina Sánchez, fiscal delegada de la Unidad Especializada de Trata de Personas.

Se realizaron varias diligencias en el marco de la investigación. Entre ellas se ha solicitado los informes médicos, la contención y evaluación psicológica, se han tomado varias declaraciones testificales.

La agente fiscal ordenó la detención de la directora, de una docente y de la coordinadora, que fueron convocadas a declaración indagatoria, posteriormente fueron imputadas y se solicitó medida de prisión preventiva.

La entrega representa una inversión de G. 1.994.129.301 y responde a las necesidades identificadas en los servicios de salud del departamento Central, contribuyendo a garantizar la disponibilidad de insumos para la atención de la población.

El lote recibido incluye medicamentos para diversas patologías, fármacos correspondientes a programas sanitarios, insumos destinados a la temporada invernal, antialérgicos, aerosoles, kits de parto y materiales esenciales para la atención diaria en los establecimientos de salud.

El Parque Sanitario cumple un rol como centro logístico regional, desde donde se organiza y distribuye de manera periódica el abastecimiento a hospitales, centros de salud y unidades de salud de la familia, asegurando la continuidad de los servicios y el funcionamiento de la red asistencial.

Esta acción se enmarca en la política institucional del MSPBS orientada a fortalecer la gestión de insumos estratégicos, optimizar la cadena de suministro y garantizar el acceso a medicamentos e insumos en todo el territorio.

El Ministerio de Salud Pública sigue trabajando con responsabilidad y garantiza las respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

La restricción, de aprobarse, solo permitirá el acceso gratuito a la universidad hasta 12 años después de egresar de la educación secundaria.

Tuvieron que pasar 35 años e intensas jornadas de protestas sociales para que desde 2016 los estudiantes chilenos pudieran nuevamente estudiar gratis, una política que desmanteló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La medida beneficia hoy a unos 615.000 estudiantes, casi la mitad de la matrícula de la educación superior, según el Ministerio de Educación.

“La restricción específica es 12 años después de egresado de la educación secundaria”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una rueda de prensa en que entregó detalles de la megareforma legislativa anunciada la víspera por el presidente Kast.

De aprobarse en el Congreso, el cambio dejará fuera del beneficio a la mayoría de quienes superen los 30 años, al considerar que la educación secundaria concluye, por lo general, a los 18 años.

Según el ministro Quiroz, el objetivo del límite etario es reducir el gasto fiscal.

“El gasto en gratuidad escapó a toda proyección y ha sido el doble de lo contemplado inicialmente”, afirmó.

Kast asumió el 11 de marzo con la promesa de reducir con fuerza el gasto público para equilibrar las cuentas fiscales que se han deteriorado en la última década, e impulsar la economía, que a su juicio está “estancada”.

Fuente: AFP.

El centro, ubicado en el Destacamento Naval “Héroes del Chaco”, permitirá articular en tiempo real las acciones de patrullaje, control y seguridad, integrando recursos como drones, embarcaciones y personal especializado.

Su puesta en marcha representa un paso fundamental hacia la modernización institucional y el fortalecimiento de la capacidad para proteger los recursos hídricos y garantizar la legalidad en las vías navegables.

“El centro de mando y control de la Prefectura General Naval, como así también la de sección de lanchas interceptoras fluviales fortalecerán de manera tangible nuestra capacidad de vigilancia, control y protección de nuestras fronteras fluviales”, destacó el vicealmirante Christian José Rotela, Comandante de la Armada Paraguaya.

Según refieren, las ocho lanchas junto con sus armas y su equipamiento representan una inversión estadounidense de más de cuatro millones de dólares en las fuerzas de seguridad del Paraguay y forman una parte importante de una iniciativa más amplia que va a incorporar a 10 lanchas en total.

La inversión estadounidense total en esta iniciativa va a llegar a más de 12 millones de dólares.