El fiscal Federico Delfino señaló que se demostró durante el juzgamiento, la p articipación de , Benito Luis León, Genaro Vidal Blaires y Julio Cesar Fernández Muller.

Los tres fueron acusados por secuestro, extorsión, extorsión agravada, privación ilegítima de libertad y asociación criminal.

“Atendiendo la participación de cada uno de ellos, pediremos las penas correspondientes sin descartar las medidas de seguridad”, expresó Delfino.

Si bien Blaires declaró esta mañana que es inocente, las investigaciones indican que él fue el principal ideólogo del plagio. Inclusive aparece en un video siguiendo a la víctima.

Dalia Scappini fue secuestrada el 30 de agosto 2011 y permaneció en cautiverio durante una semana en la que vivió días de terror junto a sus secuestradores.

El abogado Oscar Tuma, representante de la senadora Norma Aquino, más conocida como Yamy Nal, cuestionó el fallo del juez laboral Rubén Darío López, quien hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta Merlo y ordenó a la congresista que la desbloquee en la red social “X”.

“La senadora está bastante molesta. Estaba reticente a dar cumplimiento a la orden judicial, pero conversando, le expliqué que yo fui el proyectista de esa ley y que no se podía no acatar. Vamos a dar cumplimiento, porque cuando se apela se da sin efectos suspensivos. Es decir, se debe cumplir con el fallo del juez mientras se tramita el recurso de apelación. Le dije que le desbloquee, para que no viole la norma, y que ponga inactiva su cuenta hasta que se resuelva, como una señal de protesta”, explicó.

#AlAire970 | 📞 @oscartuma, abogado de la senadora Yami Nal

🗣️"Hoy vamos a presentar la apelación, tenemos tiempo hasta la medianoche".

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 30, 2024

En entrevista con la radio Universo, Tuma mencionó que, la ley de acceso a la información pública establece los canales oficiales para recurrir a los datos públicos, y señaló que debe diferenciarse entre las cuentas en redes que son públicas y las que son personales/privadas.

A su parecer, el juez no puede entender a su antojo la ley vigente o traer al plano local fallos que se hicieron en el exterior, ya que se debe cumplir con lo que dicen nuestras normas. “Este fallo puede ser algo catastrófico y puede afectar a todos. Todos tenemos derecho de recibir información pero por los canales oficiales”, remarcó.

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El examen se desarrolló en la sede de la institución, la aplicación fue en la modalidad de selección múltiple (23 Ítems de 1 punto cada una), tuvo una duración de noventa minutos, fue transmitido íntegramente en vivo por la página web y las plataformas de redes sociales @ConsejoParaguay en (YouTube, X y Facebook), que estuvo a cargo del equipo técnico de funcionarios que integran la Dirección de Comunicación Institucional y la Dirección de Informática TIC.

Horas antes de la aplicación del examen, en la sala de sesiones de la institución se realizó la entrega oficial del sobre lacrado que contiene el test del examen sobre los ejes temáticos de la Constitución de la República del Paraguay y la Ley Nº 4423/11 “Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública”.

La entrega estuvo a cargo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, en carácter de docente de la Escuela Judicial y como designado para la elaboración del test. La recepción del sobre fue con la presencia del presidente del Consejo de la Magistratura Gustavo Miranda Villamayor, acompañado del Director Ejecutivo de la Escuela Judicial Isabelino Galeano y la Escribana Pública Teresita Denis Filippini.

Para el efecto y en cumplimiento a la reglamentación el examen fue de 23 puntos, equivalente a 1 punto cada pregunta, con la modalidad de selección múltiple y una duración de 90 minutos, los ejes temáticos fueron sobre la Constitución Nacional y Ley Nro. 4423/11 orgánica del Ministerio de la Defensa.

Finalmente se procedió ante la presencia de los Miembros del Consejo de la Magistratura, postulantes y representantes de medios de prensa a la corrección vía software de las hojas de gabarito a través del equipo de lectura electrónica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, posteriormente se dio a conocer la planilla de resultados de puntajes.

La nómina de puntajes se encuentra registrados con los puntajes actualizados en los respectivos perfiles de los postulantes en https://dg.cm.gov.py/index.aspx.

Presidió el examen, el presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Gustavo Miranda Villamayor, acompañado de los miembros, vicepresidente Abg. Gerardo Bobadilla, la Dra. Alicia Pucheta y el Abg. Enrique Berni. Asimismo, en el proceso de aplicación estuvieron presentes la Secretaria General del Consejo de la Magistratura, Cecilia Martínez, el director de la Escuela Judicial del Paraguay Isabelino Galeano, la Secretaria General de la Escuela Judicial, Nathalie Álvarez, la Escribana Pública Teresita Denis Filippini.

El fiscal José Silguero obtuvo una condena de 20 años de pena privativa de libertad para un hombre que asesinó a la dueña del inquilinato donde vivía y luego le hurtó su automóvil. Se trata de Aldair González Gómez (28), quien fue encontrado culpable por homicidio doloso y hurto agravado.

El juicio oral concluyó en el lunes pasado, en el Poder Judicial de Ciudad del Este, ocasión en que el fiscal pudo demostrar la responsabilidad del acusado mediante la producción de numerosas pruebas documentales y testimoniales.

De acuerdo con los antecedentes, el crimen ocurrió el 5 de mayo de 2020 dentro de una pieza que el ahora condenado alquilaba, propiedad de la víctima Benicia Acuña de Galvao (55). La mujer fue asfixiada y recibió una herida producida con arma blanca (cuchillo) en el cuello.

La Fiscalía confirmó que González Gómez adeudaba varios meses de alquiler por la habitación y se presume que la dueña fue a exigir el pago, circunstancia en que se produjo el homicidio.

Tras el crimen, el autor huyó del lugar en el automóvil de la víctima, que posteriormente fue abandonado en el centro de Ciudad del Este. Mientras tanto, el criminal fue detenido días después en la zona de Caaguazú, siendo procesado y finalmente condenado a 20 años de prisión.

El Tribunal que aplicó la sanción estuvo presidido por la magistrada Lourdes Morínigo e integrado por sus pares Óscar Gabriel Genez y Evangelina Villalba.