• Por Rossana Escobar M.
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Puestos de recauda­ción en negro en la estructura más sen­sible de la institución, que son las penitenciarías, fue­ron cedidos a recomendados de los ministros de Desarro­llo Social, Mario Varela, y de Justicia, Édgar Olmedo. Estas movidas resultan imposibles de disociar de la intensa cam­paña proselitista en la que se encuentran embarcados ambos secretarios de Estado.

Es así que operadores políti­cos de Varela, equipo del que también forma parte Olmedo en Coronel Oviedo, copan car­gos que son claves en el sistema de recaudación dentro de los penales, donde circulan millo­nes en negro, con treintena de negocios dentro manejados con cobro de cánones que no ingresan a las cajas del Estado paraguayo.

El ex viceministro de Política Criminal Rubén Maciel Gue­rreño, quien renunció hace un mes con el cambio de admi­nistración en el Ministerio de Justicia, señaló en conversa­ción con La Nación que en las cárceles, principalmente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, “todo tiene un pre­cio”. Recordó cómo se nego­ciaban dentro de los penales los nombres de reclusos para vender un lugarcito dentro de las planillas de beneficiarios para aislamientos afuera por casos de covid.

Esta comunidad penitenciaria cerrada dentro del Estado es la que pasa bajo el mando de lea­les a Varela. César Raúl Krisko­vich, conocido como “el secre­tario de Varela”, funcionario de confianza del Ministerio de Desarrollo Social de la oficina regional de Coronel Oviedo, fue comisionado al Ministe­rio de Justicia como director de la inspectoría general de la cárcel de Coronel Oviedo, uno de los puestos considerados de oro en el sistema penitenciario debido a que controla el ingreso de comodidades dentro de las cárceles.

De los ojos de Kriskovich dependerá que los reclusos disfruten de lujos, ya sean en las conocidas como celdas vip o fuera de estas, que ingre­sen televisores, computado­ras, bebidas caras, etc. Con el salario y las bonificaciones, la remuneración del nuevo direc­tor de Inspectoría General de Oviedo asciende a G. 14 millo­nes al mes.

Raúl Vera, ex concejal de la Municipalidad de Coronel Oviedo, también del equipo político de Olmedo y Varela, aterriza como jefe de gabi­nete del Ministerio de Justi­cia tras quedar fuera en las últi­mas elecciones municipales. Mientras que Julio Balbuena, otro político de Oviedo, migró de bando y ya fue confirmado en el apetecible cargo de direc­tor de Establecimientos Peni­tenciarios, aunque espera el decreto presidencial para ofi­cializar su mando.

Balbuena perdió en las últi­mas elecciones municipa­les de Oviedo, pero ganó un puesto con sueldazo de G. 19 millones y, además, manejará la administración de todas las cárceles del país. Si bien en Presidencia hay mucha resis­tencia a su nombramiento, es un hecho que el amigo asume el cargo debido a que ya está mar­cando presencia en las oficinas del ministerio.

Detrás de leales en puestos claves hay una decena de ope­radores de poca monta que están en proceso de contrata­ción temporal en las cárceles, coincidentemente con la cam­paña proselitista de Varela y Olmedo.

En la penitenciaría de Tacumbú existen alrede­dor de 30 cantinas pequeñas, además de lavanderías, con­fiterías, kioskos de carga de saldo para telefonía e incluso restaurantes.

Si bien el ex viceministro Maciel no quiso confirmar números cerrados, se estima que solo en provisión de insu­mos para estos negocios de minutas hay un ingreso en negro de G. 300 millones men­suales. La cadena comercial a la que se suman ganancias pre­sume volúmenes de circulante que pueden duplicar y hasta triplicar la cifra mencionada.

“Los internos pagan por esa explotación, pagan una regalía al director o jefe de seguridad. Nosotros llegamos a elaborar un proyecto de ley para regu­larizar esas actividades y que ingresen fondos como Fuente 30 al Ministerio de Justicia, considerando que el ministe­rio solo cobra por estampillas del Registro Civil. Puede ser una fuente de ingreso impor­tante para la institución”, dijo el ex viceministro.

Es sabido que los reclusos pagan cánones de entre G. 200 mil, G. 500 mil y G. 1 millón, sostuvo Maciel. En este con­texto, los privilegiados nue­vos jefes, políticos serviles a la campaña del dúo Vare­la-Olmedo con miras al 2023, advierten voraces recauda­ciones dentro de un sistema penitenciario carcomido por la corrupción.

La Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados comenzó a pedir informes como el listado de guardiacárceles que cumplen horario continuado de trabajo de 24 horas debido al cambio introducido desde este año en el clasificador de la Ley de Presupuesto, que establece que solo ellos percibirán el subsi­dio alimentario bimestral de G. 1.700.000.

Tras el filtro que se aplicó en el presupuesto del Ministerio de Justicia, el diputado Arnaldo Samaniego adoptó el papel de sin­dicalista y presentó un proyecto de ley para reabrir el grifo del pago discrecional de subsidio alimentario a todo el funciona­riado vinculado al sistema penitenciario, aunque cumplan carga laboral mínima de 8 horas de trabajo y hasta menos.

Ante consultas, técnicos de dicha comisión señalaron que mane­jan el tema con cautela y que los integrantes están a la espera de informes para dar sus respectivos pareceres. Otras fuentes mencionan que ante las publicaciones de la rifada que preten­den volver a implementar los diputados están dando lugar al tiempo para que el escándalo no pase a mayores.

Autoridades y funcionarios del TSJE encabezaron el acto de habilitación del quinto Centro Cívico de la ciudad de Asunción, ubicado en el barrio San Roque.

Derlis Larrosa, vicedirector del Registro Electoral, señaló que el objetivo de estos nuevos espacios es dar mejores servicios a los ciudadanos y estar a la altura de las exigencias que competen a la institución.

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Por su parte, Francisco Olmedo, director de Recursos Electorales, señaló que, así como estuvieron en los diferentes procesos electorales, también estarán muy de cerca con la población y seguirán brindando su trabajo a las organizaciones sociales que así lo requieran.

Cabe recordar que la Justicia Electoral dispuso la reestructuración de las Oficinas de Registros Electorales, pasando a convertirlas en Centros Cívicos, a fin de ampliar las opciones para la ciudadanía.

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En estos espacios se ofrecen diversos servicios, incluyendo inscripciones o actualizaciones de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP), recepciones de solicitudes del Voto Accesible, asesoramiento técnico y logístico a organizaciones intermedias y todo el acompañamiento a las instituciones educativas para las Pasantías Educativas, Laborales y Socio Comunitarias.

La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

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Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.

El fiscal Gabriel Segovia dispuso abrir una causa penal e imputar a un hombre sospechado de tener implicancia en un caso de producción de documentos no auténticos y estafa.

Se trata de Rodrigo Edil Cristaldo Oviedo, domiciliado en el Km 7 de Ciudad del Este, quien sería un conocido estafador serial que opera en la zona de Alto Paraná.

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Este sujeto es acusado de fraguar documentos para poder vender una embarcación, por la cual apenas hizo una entrega y adeudaba la suma de G. 25 millones.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la denuncia data de octubre del 2022, cuando el sindicado había vendido una lancha a Gustavo Alcides Fernández Ortigoza mediante un contrato privado.

Días después, Fernández decidió volver a venderla a Michel Leonardo Sanabria Cabrera, aunque fue este último comprador quien corrió con la mala suerte de que le hayan secuestrado el bote a raíz de un juicio civil promovido contra Cristaldo.

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Los datos refieren que el ahora procesado apenas abonó una cuota de G. 5 millones y posteriormente se encargó de volver a encontrar un nuevo dueño para la embarcación por la que aún adeudaba una millonaria suma. Para el efecto, firmó 5 pagarés no auténticos.

El fiscal de la causa solicitó al juzgado la prisión preventiva de Rodrigo Edil Cristaldo, quien posee 17 causas en diferentes unidades, solamente en la Fiscalía de Ciudad del Este, menciona el diario La Clave.