Si bien en los últimos meses el Poder Judicial ha puesto mano dura contra la corrupción, la mayoría de los investigados casualmente pertenece a movimientos partidarios disidentes, mientras que las denuncias contra políticos oficialistas simplemente no avanzan y hasta la fecha varios de ellos continúan impunes.

Desde la Fiscalía no dan datos concretos al respecto, simplemente se limitan a decir que están recopilando informaciones y que en su momento van a definir si amerita o no una imputación por el delito del que se los acusa.

Ante las declaraciones de los senadores y diputados de Honor Colorado, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, desmintió que haya persecución por parte del Gobierno hacia los parlamentarios opositores. Pero entonces, ¿cuál es el motivo por el que las denuncias de corrupción contra referentes del movimiento Colorado Añetete no han tenido resultado?

Son varias las causas denunciadas en los últimos meses y que tomaron estado público porque los protagonistas son nada más y nada menos que los nuevos miembros del gabinete de Mario Abdo Benítez y sus allegados más cercanos.

Entre los que podemos nombrar se encuentra el senador Rodolfo Friedmann, ex gobernador de Guiará; la titular de Petropar, Patricia Samudio, quien incluso estaría queriendo desviar la acusación en su contra denunciando supuestas irregularidades halladas en la anterior administración, y, además, también conforma la lista el ex gobernador de Paraguarí y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.

MÚLTIPLES DELITOS EN GUAIRÁ

El 1 de noviembre del 2018, ciudadanos autoconvocados de la ciudad de Villarrica llegaron hasta Asunción para formular una denuncia penal contra el senador Rodolfo Friedmann. Los delitos por los que se le acusa son lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, apropiación y otros, que, según los denunciantes, los habría cometido durante su administración como gobernador del departamento de Guairá.

Según investigaciones del diario La Nación, se pudo descubrir y se puso en evidencia un informe de auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR) que fue cajoneado por más de un año. El mismo revela una gran cantidad de malversaciones hechas con fondos de la gobernación. Aparentemente, según fuentes confidenciales, el ahora senador habría movido todas sus influencias en el poder para evitar que dicho informe saliera a la luz.

Entre las anomalías se detectó el pago de G. 2.295 millones en concepto de 203 mil raciones de almuerzo escolar que debían ser distribuidas en las instituciones educativas, pero jamás fueron entregadas, sucedió en el 2016. La adjudicación para la distribución de los alimentos fue otorgada a Éver Aricio Noguera, amigo íntimo del senador y conocido en la localidad como el “Rey de las licitaciones”.

Otro hecho trascendente ocultado por la Contraloría son las irregularidades en las cargas de combustible que habría hecho el tío de Friedmann, Rodolfo Alfaro, quien hizo figurar una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez, registró además otra de 11.530 litros en tan solo 7 minutos. Estos suministros jamás existieron, solo fue una maniobra para efectivizar el cupo de combustibles que tenía en su poder.

Además, hubo otros casos como la adjudicación de millonarios contratos a familiares cercanos y la adecuación de los montos de pago de acuerdo a sus conveniencias.

Luego de la presión ciudadana, finalmente se designó a la fiscala Liliana Alcaraz para que investigue el caso, pero hasta la fecha no hay importantes novedades. Consultada sobre el avance del proceso, la profesional señaló que está recopilando informaciones.

LOS “FAVORES” EN PETROPAR

En octubre del 2018, los operadores de Petróleos Paraguayos (Petropar) denunciaron a su titular, Patricia Samudio, quien hacía apenas dos meses había asumido el cargo, por tráfico de influencias, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y revelación de secretos de servicio. Aparentemente, Samudio habría ordenado la transferencia de US$ 43 millones del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, violando abiertamente las leyes vigentes. Esta transacción favoreció mayoritariamente al banco GNB PGY, donde su marido posee una deuda de G. 2.000 millones.

También habría adquirido 4.000 toneladas de gas licuado por valor de US$ 3,5 millones de un emblema nacional (su competencia directa) a US$ 100 más de lo que habitualmente paga por tonelada. Como si lo expuesto no bastara, aprobó la venta de 7,5 toneladas de combustible a la firma Monte Alegre SA a un precio irrisorio. Esta firma estaría muy ligada a uno de los hombres de confianza del presidente de la República. Pese a la denuncia, Samudio sigue como titular del ente y la acción tomada por las autoridades actuales al respecto hace suponer que la causa finalmente quedará en la nada.

CUEVAS Y SU REPENTINO “ENRIQUECIMIENTO”

Miguel Cuevas está siendo investigado desde setiembre del año pasado por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Recientemente presentó recusación contra la fiscala Josefina Aghemo con el argumento de que supuestamente no tenía acceso a la carpeta fiscal, hecho que fue desmentido por la representante del Ministerio Público.

Se le cuestiona su repentino enriquecimiento porque antes de ingresar al ámbito político se dedicaba nada más que a la compostura de calzados, pero su nivel económico dio un repentino giro desde 1996, cuando se proclamó intendente municipal del distrito de Sapucai. Luego subió como administrador de la Administración de Puertos de Paranaguá. Ya al asumir la Gobernación de Paraguarí en el 2013 declaró un patrimonio de G. 9.000 millones.

De la repentina “riqueza” también salieron favorecidos sus dos hijos, Enzo y Raúl, quienes sin contar con ninguna experiencia laboral se convirtieron en importantes terratenientes y ganaderos de la zona.

En medio de sus declaraciones, Cuevas trató de minimizar la situación diciendo: “Tengo 100 o 120 hectáreas, poquito. Una casa que no tiene nada, un saloncito abajo y tres piezas arriba. Es una casa que construí hace más de 30 años. Mis hijos apenas están, ni trabajan”.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.