En las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero, apertura y administración de cuentas, financiación y/o créditos gestionados por vía electrónica, se deberá utilizar medios de identificación electrónica con nivel de seguridad alto, según el artículo 102 de la ley de servicios de confianza para las transacciones electrónicas.

El trámite para obtener la identidad electrónica se realizará ante un “prestador cualificado de servicios de confianza”, que según la definición es el que presta uno o varios servicios de confianza cualificados y será habilitado por el organismo de supervisión.

El Ministerio de Industria y Comercio es la autoridad de aplicación de esta ley, por ende, responsable de la reglamentación de manera conjunta con los entes afectados al ámbito, como el Banco Central del Paraguay, Instituto Nacional de Cooperativismo, Comisión Nacional de Valores u otra dependencia equivalente.

El presidente de la Asoban, Beltrán Macchi, sostiene que las billeteras electrónicas continuarán funcionando, pero que lo harán bajo el nivel de seguridad alto, pues la lógica de la ley es igualar las regulaciones para todas las transacciones financieras.

“Necesitamos identificar plenamente a las personas que están detrás de un teléfono, en el mundo físico pedíamos fotocopia de cédula, eso no se puede digitalizar, en el mundo digital pedimos foto de ambos lados”, comentó Macchi.

NO IMPLICA MÁS COSTOS

Macchi recordó que son las telefónicas las que cargan una comisión del 5 % por los giros o transferencias, mientras que los bancos ofrecen el mismo servicio en forma gratuita y con el nivel de seguridad alto de la ley sancionada.

Según las telefónicas, actualmente se cuenta con 14.000 puntos de venta de las billeteras electrónicas, distribuidos en los más de 250 distritos del país. Además, son 1.932.708 billeteras activas. Los montos promedios transaccionados son de Gs. 150.000 y los niveles de seguridad están equiparados a los perfiles de riesgo, ya que no es lo mismo transaccionar montos menores, quemillones de dólares

Aldo Natalizio, de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay, aclaró que todavía se desconoce el costo que implicará pasar a un nivel de seguridad alto para una transacción y cuestionó que la generación de una identidad electrónica para las transferencias a través de las billeteras, significará ir hasta un intermediario que hoy no existe y que será creado en la reglamentación de esta ley.

EL BENEFICIO DE LA ALTA SEGURIDAD

El algo nivel de seguridad implica trazabilidad, algo beneficioso para el usuario lícito, pero un problema para estafadores, delincuentes y gente que mueve dinero sucio, según el proyectista, Sebastián García.

“Con la alta seguridad, un fraude o un error recae en el prestador. Hoy te vacían la billetera o se digita mal y perdiste”, concluyó.

La instalación se llevó a cabo conjuntamente entre el Hospital Regional que invirtió para la mano de obra, el Instituto Nacional de Nefrología, que brinda los insumos y el catéter para los pacientes, y la empresa Index SACI, que proveyó de pinturas, mamparas y otros equipamientos para adecuar la sala.

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La diálisis es un tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica y les brinda la oportunidad de utilizar esta opción, colocación de catéter, si reúnen las condiciones, según criterio médico, lo que a su vez les permite mejorar su calidad de vida.

El Dr. Emilio Cabrera, especialista en cirugía mínimamente invasiva, instruyó a los cirujanos del Hospital Regional de Paraguarí en la colocación del catéter de diálisis peritoneal.

El evento contó con la participación de la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba; Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí; Dr. Ernesto Wasmosy, presidente de Index SACI; Dra. Natalia Wasmuth, jefa de díalisis peritoneal del Instituto de Previsión Social y del Instituto Nacional de Nefrología; Lic. Marisa Lezcano, jefa de docencia del Instituto Nacional de Nefrología; Mgter. Deisy Benítez, jefa de enfermería de la IX Región Sanitaria; Sr. Modesto Arce, representante de la Gobernación de Paraguarí.

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Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.