“Con la presentación de esta ley, esperamos poder tener resultados a corto plazo y poder devolver a las familias ese espacio que les corresponde: los eventos deportivos”, declaró la ministra de la Secretaría Nacional de Deportes, Fátima Morales.

La iniciativa presentada ante el Congreso prevé la creación de una dirección compuesta por representantes de todos los sectores. La Cámara de Diputados, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Comité Olímpico Paraguayo, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Unión de Fútbol del Interior, el Cuerpo de Bomberos Voluntario y la SENAD deberán designar a un delegado para integrar el Consejo de Seguridad Deportiva y se designará a un director general.

La Dirección dispondrá de un padrón con los datos de integrantes de las hinchadas organizadas de todas las entidades deportivas, profesionales y no profesionales. Al momento del registro de las personas, se les entregará una credencial numerada única e intransferible con toda la información y una fotografía. Además, se encargará de exigir a las instituciones deportivas el cumplimiento del derecho de admisión.

El proyecto de ley también prevé que las personas que registren cualquier tipo de antecedentes no puedan ser registradas en el sistema como miembros de las hinchadas organizadas. Se creará un registro de personas con prohibición de acceder a las instalaciones deportivas y el mismo deberá ser actualizado por la Dirección mensualmente,

Este organismo contará con acceso y posibilidad de intercambio de datos relacionados a antecedentes penales y tendrá la potestad de fiscalizar y clausurar instalaciones deportivas una vez que el Consejo lo hubiere dictaminado.

La iniciativa obliga a los organizadores de los eventos deportivos a contratar seguridad privada, servicios médicos y de ambulancias, servicios de bomberos para el control de siniestros, compra de sistemas de detección de metales, pruebas de alcotest y narcotest.

La seguridad privada podrá controlar las entradas a los eventos, así como corroborar la identidad de los asistentes y revisar bolsos, vestimentas, vehículos y todo elemento que se ingrese a las instalaciones deportivas. También tendrá la facultad de impedir el acceso de quienes cuenten con prohibición y de expulsar a personas cuando la situación lo requiera. Podrán solicitar auxilio policial de ser necesario.

La distribución de las “entradas de gentileza” quedará prohibida, ya que el proyecto establece que todas las entradas deberán ser nominales, intransferibles y sólo podrán ser expedidas por empresas habilitadas por la Dirección General de Seguridad Deportiva.

La disposición establece que estará prohibido ingresar bombas de cualquier tipo, objetos cortantes, armas de fuego que puedan poner en peligro la integridad física de los asistentes. No se podrá ingresar con disfraces o pinturas que dificulten la identificación de las personas. También se prohibe la venta o entrega de bebidas alcohólicas tres horas antes y dos horas después del evento deportivo, así como durante el mismo. El incumplimiento podrá ser castigado con un mínimo de quinientos y un máximo de dos mil jornales mínimos

El incumplimiento de cualquiera de las demás disposiciones de la ley implicará una sanción de un mínimo de cincuenta y un máximo de dos mil jornales mínimos.

El proyecto será estudiado este miércoles en la Comisión de Deportes para que pueda ser dictaminado y posteriormente Diputados lo analizará en el pleno.

El procedimiento fue realizado este martes 18 de agosto, desde las 04:00, por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con apoyo de personal policial, en la zona de Coronel Oviedo.

Durante el control fue verificado un vehículo perteneciente a la empresa transportadora Alberdi Exprés, en cuyo interior se encontraban varias mercaderías.

Entre la carga fueron detectadas 74 cajas de calzados, cada una con 12 pares, además de otra caja que contenía 36 pares de calzados de distintas marcas.

En total, fueron retenidos 924 pares de calzados deportivos, que, de acuerdo con el informe de la DNIT, serían de posible procedencia brasileña.

Al momento de solicitar la documentación correspondiente, se presentó una Boleta de Levante N.º 0001425, a nombre de una ciudadana argentina. Sin embargo, según el informe, no se contaba con documentación que acreditara la importación o el libre tránsito de los calzados dentro del territorio nacional.

Posteriormente, una vez trasladado el procedimiento al predio de GICAL, se presentó Carlos Saúl González Báez, quien se identificó como propietario de la empresa transportadora.

El hombre fue informado sobre la situación de las mercaderías retenidas durante el procedimiento.

EL RESTO DE LA CARGA SÍ TENÍA DOCUMENTOS

Desde la DNIT señalaron que las demás mercaderías transportadas contaban con sus respectivas documentaciones legales.

Por este motivo, esas cargas fueron liberadas, al igual que el vehículo de la empresa transportadora.

El procedimiento culminó a las 10:46 y quedó documentado con la firma de los funcionarios intervinientes y del propietario de la empresa.

La mercadería retenida quedó sujeta al procedimiento correspondiente para determinar su situación legal y eventual ingreso irregular al país.

La mujer expuso públicamente en comunicación con la radio Universo 970/Nación Media, la crítica situación burocrática y procesal que atraviesa desde hace más de cinco años. Denunció el incumplimiento del deber alimentario por parte de su expareja, quien pese a acumular una deuda calculada en G. 131.791.000 y contar con antecedentes de rebeldía judicial, no figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

El conflicto inició en el año 2016 con la firma de un acuerdo de homologación judicial en el cual se estableció una prestación mensual de G. 2.000.000 más la cobertura de un seguro médico.

Según el relato de Melgarejo, el demandado nunca cumplió con el pago del seguro ni con el monto estipulado de forma regular. Ante la falta de pago, en el año 2020 la denunciante formalizó la denuncia en la vía penal, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Durante el proceso penal, el denunciado fue declarado en rebeldía y se mantuvo prófugo de la justicia durante varios años. Pese a que en las audiencias el imputado alegaba no contar con recursos económicos para cubrir la suma adeudada, el Ministerio Público otorgó un plan de pagos a 36 meses, pero volvió a incumplir lo pactado y permaneció prófugo dos años más, hasta entregarse en febrero de este año.

Melgarejo señaló que el tercer juicio oral programado para el pasado 30 de julio volvió a ser suspendido, mientras que el hombre actualmente se desempeña en el área de gastronomía y trabaja en instituciones educativas.

La denunciante cuestionó además las barreras administrativas para lograr la inclusión del moroso en el REDAM. Tras iniciar las averiguaciones este año, Melgarejo acudió al juzgado de la niñez correspondiente para solicitar el trámite, esperando que la inscripción fuera inmediata o respetara los plazos estipulados de 72 horas. Sin embargo, denunció haber recibido un trato deficiente y exigencias que contravienen la normativa vigente.

El caso tomó un rumbo llamativo luego de que el fiscal Walter Javier Melo solicitara el sobreseimiento provisional del procesado, pese a que, según la querella adhesiva, existen elementos de prueba suficientes para sostener una acusación.

Durante la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Óscar Segovia, el fiscal interino Pedro Nelson Acuña se ratificó en el pedido de sobreseimiento provisional.

Sin embargo, el magistrado, tras analizar los elementos reunidos en la carpeta fiscal, decidió dar trámite de oposición al requerimiento y remitir los antecedentes a la fiscala adjunta Alicia Saprisa, quien deberá estudiar los motivos por los cuales se solicitó la desvinculación provisional del procesado y definir si corresponde presentar acusación.

VÍCTIMA TEME POR SU VIDA Y LA DE SU PADRE DE 99 AÑOS

Durante la diligencia judicial, la víctima, Luis Miguel Benítez, expresó su temor por su seguridad y la de su padre, de 99 años. Según manifestó, teme que, si Ignacio Benítez Duarte recupera su libertad, pueda atentar contra sus vidas.

Además, señaló que esta sería la tercera denuncia presentada contra el imputado y cuestionó la actuación de la Justicia en los casos anteriores. Por ello, exige que el Ministerio Público presente una acusación y que el proceso avance conforme a derecho.

Por su parte, la querella adhesiva sostiene que existen suficientes elementos para llevar el caso a juicio oral y público. Entre las evidencias citadas se encuentran declaraciones testificales y varios videos que, según la parte querellante, muestran claramente lo ocurrido.

CUESTIONAN PEDIDO DE OBRESEIMIENTO PROVISIONAL

El fiscal Walter Melo fundamentó su pedido de sobreseimiento provisional en la necesidad de realizar algunas diligencias pendientes dentro de la investigación.

No obstante, desde la querella consideran que varias de esas medidas son básicas y cuestionan que se haya solicitado el sobreseimiento pese a la existencia de elementos que, a su criterio, permitirían sostener una acusación.

Ahora, la decisión queda en manos de la fiscala adjunta de San Pedro, Alicia Saprisa, quien deberá determinar si ratifica el pedido de sobreseimiento provisional o si ordena la presentación de una acusación contra Ignacio Benítez Duarte para que el caso sea debatido en un juicio oral y público.