La semana pasada se aprobó en las cámaras de Diputados y Senadores la ley que deroga la normativa que reglamenta el proceso de pérdida de investidura, más conocida como autoblindaje. La legislación exigía que un parlamentario podía perder sus fueros solo con el voto de 30 de los 45 senadores y 53 de los 80 diputados.

En caso de que el Presidente de la República Mario Abdo Benítez apruebe la ley del Congreso, solo se necesitará de mayoría simple (la mitad mas uno, en ambas cámaras) para que un senador o diputado pierda su investidura y pueda afrontar procesos judiciales, sin el beneficio de los fueros.

Sin embargo, el documento que deroga la pérdida de investidura hizo el circuito legislativo, fue firmado por el presidente del Senado Silvio Ovelar, los secretarios, el presidente de Diputados Miguel Cuevas y solo falta la firma de los secretarios de la Cámara Baja, que son coincidentemente Carlos Núñez Salinas y Carlos Portillo, según informó la periodista de la 650 AM Miriam Soilán.

Ambos estarían trabando la promulgación de la ley que debe ser remitida al Ejecutivo teniendo en cuenta que están siendo víctimas de repudio por parte de la ciudadanía.

En enero de este año, la Fiscalía había imputado a Portillo por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. En ese mismo orden, había pedido el desafuero del mismo para que pueda afrontar el proceso, lo cual hasta el momento no ocurrió.

El legislador altoparanaense es uno de los que fue descubierto en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a través de los cuales se supo de una red de tráfico de influencias. Las escuchas tumbaron al senador Óscar González Daher quien tuvo que renunciar luego de 22 días continuos de escraches y publicaciones periodísticas.

Núñez Salinas, por su parte, ya presentó una innumerable cantidad de chicanas para retrasar el proceso por contrabando que pesa en su contra. Según publicaciones del diario ABC, la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por el diputado, despachó en el 2011 un lote de ruteadores por el que declaró US$ 17.706, pero en realidad eran decodificadores por valor de US$ 1.026.028.

Intercom Ingeniería fue denunciada en el 2013 por Aduanas ante la fiscalía porque ingresó decodificadores para TV, supuestamente sin pagar los tributos correspondientes.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.