En medio de incidentes se dio inicio al sexto intento de juicio al polémico Rafael Esquivel “Mbururu”, quien compareció ante la justicia en Alto Paraná portando su título de senador electo.

En ese momento, el activista político tildó de bandida a una de las presentes en la sala de juicio de parte de la querella, lo cual generó el malestar de un acompañante de la misma, y este comenzó a increparle y gritarle “delincuente” a Mbururu.

Pese a tener una causa por presunto abuso infantil, el legislador electo aseguró ante la prensa que es profamilia. “El artículo 54 de la Constitución Nacional dice que el Estado paraguayo debe defender a los niños, yo defiendo a los niños de los sojeros rapái que los arrastra de sus casas con los tractores”, alegó.

Tras suspender el proceso cinco veces mediante chicanas, Esquivel es enjuiciado por encabezar presuntamente un violento atropello (con hombres armados) a una propiedad privada en el Km 7 Acaray en octubre de 2019. Está acusado de coacción grave y robo, ya que él y otros procesados terminaron despojando de los aparatos celulares de los familiares que estaban en la propiedad invadida.

La primera suspensión de este juicio fue porque no comparecieron dos de los acusados; en la segunda, Esquivel presentó reposo médico; en la tercera, uno de los abogados “estaba enfermo”; en la cuarta, otro de los abogados no compareció, y en la quinta, otro de los acusados presentó a nuevos abogados y pidió la postergación de la diligencia.

Según informó ABC, la defensa del senador electo presentó una excepción de inconstitucionalidad, alegando que su cliente cuenta con fueros.

Por otro lado, Rafael Esquivel, alias Mbururu, se mantiene en prisión preventiva por un delito de abuso sexual en niños, donde la Fiscalía sospecha que resultó víctima una niña de 12 años en un motel de Ciudad del Este.

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Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.