Stephen Falk, uno de los integrantes de la comisión que construyó la “escuela abierta” dentro de la colonia, dijo que la razón por la que la directiva menonita derrumbó la obra, fue que ésta se presente abierta a otras comunidades e ideologías del grupo religioso.

“Nos avisaron que iban a derrumbar nuestra escuela. Mencionan que el terreno tiene problemas pero en realidad es una persecución religiosa”, declaró a la 730 am Falk, al tiempo de señalar su extrañeza de cómo Fiscalía y Policía no ahondaron en razones que rodean al pedido de derrumbe.

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Falk subrayó que la idea de construir una escuela abierta a otros chicos que no son exclusivamente menonitas, fue abrirse más a comunidades que precisan centros educativos e interactuar con compañeros de otras religiones y costumbres.

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“Hay muchos chicos que entran en las escuelas de las aldeas pero no son reconocidas. Calculamos una pérdida (por el derrumbe de la escuela) de 200 millones de guaraníes”, acotó Falk.

El episodio es consecuencia de diferencias que vienen desde hace un tiempo en la colonia Bergthal, entre el sector ortodoxo (tradicionalista) y el abierto, que propugna la apertura del grupo a “paraguayos” (así llaman a los no menonitas).

En el segmento de los ortodoxos, limitan inclusive el uso de ciertas tecnologías que ellos consideran no aceptadas por los jefes religiosos.

La escuela derribada por topadoras. Foto gentileza.

Según el dictamen de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, se concluyó que no existen elementos que sustenten un incumplimiento contractual por parte de la empresa proveedora, ya que la entrega del almuerzo se realizó dentro del horario adecuado, de acuerdo a lo confirmado en las actas de recepción de alimentos y los informes de auditores.

El informe señala que la investigación también evidenció una actitud poco colaborativa por parte de la directora, Mecedes Jacquet, quien además de no proporcionar testigos que corroboren sus denuncias, impidió la entrega oportuna de las grabaciones del circuito cerrado que, si hubiese entregado antes de los 7 días posteriores al hecho denunciado, hubiera podido aportar claridad.

La conclusión agrega que tampoco la directora y la vicedirectora de la institución prestaron declaración formal, limitando significativamente la posibilidad de obtener información objetiva sobre el desarrollo del servicio.

Paralelamente, los investigadores recolectaron múltiples testimonios de instituciones adyacentes que en el mismo día, consumieron el mismo alimento preparado por la empresa COMEPAR sin que se haya reportado ninguna irregularidad o rechazo del alimento.

“La investigación detectó la manipulación inadecuada de desechos alimentarios en la institución, y también se verificó que se incentiva la recolección de sobras de alimentos en recipientes no aptos, lo que daría pie a una supuesta redistribución de dichas sobras, por lo que se recomienda la implementación de medidas correctivas”, dice la última parte del informe.

Zárate Jiménez, de 29 años, fue capturado el pasado miércoles en la madrugada durante un operativo en el barrio Virgen del Carmen de Katueté, departamento de Canindeyú. El fiscal solicitó al juzgado que ordene la prisión preventiva del imputado.

La imputación detalla que Zárate Jiménez, desde el 22 de junio de 2024 y en un período anterior, habría formado parte de la estructura delictiva liderada por Acosta. Este grupo se dedicaría a la producción, acopio y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional.

El 22 de junio de 2024, alrededor de las 07:25 horas, en una vivienda ubicada en la compañía Karupera II, distrito de Yby Pytâ, Zárate Jiménez habría estado en posesión de presunta marihuana.

Entre los elementos de sospecha arrimados por el Ministerio Público contra el detenido, se encuentran 24 fardos incautados, que contenían 238,415 kilogramos de presunta marihuana prensada.

Los fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, presentaron imputación contra magistrados y funcionarios de Juzgados de Paz de Asunción.

La imputación abarca a los actuarios judiciales, como presuntos cómplices en el prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso, así como a los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de La Encarnación, La Recoleta, Catedral del 2do. turno y San Roque.

Se identificaron numerosas inconsistencias, como notificaciones supuestamente realizadas por ujieres en la misma fecha y horario, incluso en ciudades diferentes, así como mandamientos diligenciados por oficiales de justicia en condiciones similares.

Los jueces habrían dictado resoluciones fraudulentas beneficiando a empresas actoras, especialmente de cobranzas, incluso cuando sabían que las notificaciones para reconocer firmas y oponer excepciones no se habían realizado. En muchos casos, los procesos avanzaban hasta llegar a sentencias definitivas de remate y embargos con descuentos compulsivos de salarios.

Los actuarios, por su parte, habrían contribuido elevando informes procesales indicando falsamente el cumplimiento de notificaciones, aun cuando estas coincidían en tiempo y espacio imposibles o incluso eran notificadas en días inhábiles.

Abogados vinculados habrían instado el avance de procesos, pese a conocer que las diligencias no se realizaron conforme a la ley, afectando garantías como el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.

Ujieres y oficiales de Justicia habrían reportado falsamente la realización de diligencias que, en los hechos, no ocurrieron.