La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA), estuvo encabezada por Juan Pablo Corlazzoli e integrada por 18 especialistas de 12 nacionalidades diferentes y analizó distintos aspectos de los comicios, tales como la organización electoral, el uso de la máquina de votación, el sistema de justicia electoral, el financiamiento político electoral, la participación política de las mujeres, y la participación política de pueblos indígenas.

El día de las elecciones la Misión visitó 26 centros de votación en la capital Asunción y en los departamentos Central, Guairá y Presidente Hayes, y observó los comicios desde la apertura hasta el cierre de las mesas de votación, así como el escrutinio de votos.

Este lunes la Misión emitió un informe y en uno de los puntos, respecto a los protocolos para evitar la propagación del COVID-19, el organismo constató el uso generalizado de mascarillas, así como productos y estaciones de desinfección en todos los recintos, pero observó el incumplimiento de las medidas de distanciamiento social en algunos locales.

Asimismo, mencionaron que el uso de la máquina de votación y la boleta única electrónica en todo el país “agilizó el escrutinio en la mesa, eliminó errores en la confección de las actas y evitó interpretaciones sobre la validez o nulidad de los votos, lo que aceleró la divulgación de resultados y fortaleció los mecanismos que otorgan certeza respecto a la voluntad ciudadana expresada a través de voto”.

“La Misión destaca la implementación exitosa de esta nueva modalidad de votación”, dice el informe.

Sin embargo, la Misión indicó que en algunos lugares de votación, las máquinas se colocaron en zonas abiertas que permitían el libre tránsito por detrás del elector, por lo tanto, no se garantizaba el carácter secreto del voto. Asimismo, se tuvo conocimiento de fallas y sustitución de máquinas de votación en algunos recintos, así como de incidentes menores que no impactaron significativamente el desarrollo de los comicios.

“La Misión destaca positivamente la alta participación de mujeres como miembros integrantes de mesa. No obstante, hace notar que Paraguay es uno de los países de América Latina con los niveles más bajos de participación de mujeres en los distintos espacios de representación política, y estima importante que se dé un nuevo debate nacional en la materia. La Organización considera este un tema tan prioritario que ofrece sus buenos oficios para encontrar soluciones que fortalezcan la incursión de la mujer en la política del país”, sigue parte del informe.

Además, la Misión expresó su preocupación por los incidentes de violencia contra actores involucrados en el proceso electoral antes de las elecciones y condena el asesinato de cuatro concejales y cualquier tipo de amenaza, agresión o ataque. En ese sentido, exhortan a las autoridades a avanzar con celeridad en la investigación de los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La violencia no tiene cabida en la democracia.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.