Muerte de embarazada en Lambaré: “Estábamos atados de manos”

El personal de salud del Hospital Distrital de Lambaré no pudo realizar la cesárea de urgencia a una embarazada con COVID-19, debido a que su pareja no lo autorizó y lastimosamente se perdieron las dos vidas. Los especialistas deben contar con el consentimiento del familiar directo para realizar cualquier acto médico y evitar inconvenientes con la justicia.

El Dr. Roberto Riquelme, jefe de Clínica Médica, relató a GEN que la embarazada, de 29 semanas de gestación, ingresó cerca de la medianoche del lunes al servicio de urgencias por síntomas de neumonía bilateral por Covid-19 y con baja saturación de oxígeno. Fue sometida al tratamiento y evolucionó bien, por lo que el martes fue derivada hasta la sala de clínica médica.

No obstante, horas después comenzó a deteriorarse y presentar dificultad respiratoria. Se activó la alarma para trasladarla a una Unidad de Terapia Intensiva.

En cuanto al parto, explicó que sería prematuro porque se trataba de un feto con menos de seis meses y la literatura señala que, si bien es un tiempo viable para el bebé, tenía bajas probabilidades, teniendo en cuenta también la condición de la mamá.

“Era una paciente que debía ser trasladada hasta cuidados intensivos. Se le informó la situación a su marido y se le planteó la cesárea de urgencia, explicándole que era una oportunidad para el bebé y de la temprana gestación, no tenía tampoco mucha chance de salir adelante. En ese momento, el señor nos dijo que no autorizaba, que se siga peleando por la madre y se insista con el tema del respirador”, expresó.

El Dr. Riquelme contó que todo consta en los registros del historial clínico de la paciente donde el marido firmó no autorizar la cesárea de urgencia. Posteriormente, se vuelve a comunicar e insistir a la pareja que, debido a la situación delicada de la mujer, se debía realizar la cirugía pero este se negó nuevamente.

“Cuando la mamá estaba inconsciente, a punto de ser intubada, el bebé aún estaba vivo. Estuvo así 2 horas pero lastimosamente falleció a pesar de todo el esfuerzo. Incluso, se trató de sacar al bebé post mortem, pero el padre no volvió a aceptar”, lamentó.

Por último, aclaró que no pueden actuar sin el consentimiento de los familiares para cualquier tipo de cirugía, más en casos como el que sucedió. “Eso es un delito, no se puede realizar un acto médico sin el consentimiento del familiar directo. Estábamos totalmente atados de manos”, puntualizó.

DESMINTIÓ NEGARSE A LA CESÁREA DE URGENCIA

El esposo de la embarazada fallecida, desmintió que se haya negado a que su pareja sea sometida a una cirugía de urgencia. Indicó que pidió a los médicos hacer todo el esfuerzo posible para salvar ambas vidas.

“Es todo mentira. Los tres médicos me dijeron que necesitaban una cama de terapia intensiva pero no consiguieron, solo para el bebé. Yo les pedí que hagan todo posible para salvar a mi señora porque tengo otro hijo de cinco años”, expresó a ABC Color.

Empresario y rallista se expone a 5 años de cárcel por presunta millonaria estafa

La fiscal Lourdes Samaniego acusó por presunta estafa al empresario y corredor de Rally, Diego Yaluk, quien en esta causa se expone a cinco años de pena privativa de libertad. Además posee otras tres imputaciones por hechos similares.

La fiscal Lourdes Samaniego mencionó a radio Ñanduti que la semana pasada presentó acusación contra el empresario y rallista Diego Yaluk, su esposa Andra Nathali Ketterer y su padre Humberto Yaluk, por un caso de presunta estafa mediante cheques, que generó un daño patrimonial de USD 2 millones.

“Era un intermediación financiera. Yaluk es presidente de una sociedad anónima, que venía realizando negocios con otras firmas dedicadas al mismo rubro (Atlántico y Marsella), y en el curso de intermediación con cheques fueron utilizando cheques que no pudieron honrar, de terceros y de la misma misma representada pero que endosaban los accionistas y el director”, comentó.

Los sospechosos, que se encuentran litigando con medidas preventivas a la prisión, se exponen a una pena máxima de cinco años de cárcel, sin embargo, la fiscal resaltó que las partes pueden llegar a un acuerdo para reparar el daño monetario.

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Además de este, Yaluk afronta otros tres procesos penales por utilizar el mismo esquema.  En ese sentido, el fiscal Federico Leguizamón presentó en febrero de este año una imputación contra Diego Yaluk, y su padre Humberto Yaluk por los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación. Esto tras la denuncia hecha por el ciudadano Guido Ferreira.

El caso está en el juzgado a cargo de Yoan Paúl López y la fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de US$ 175.000.

En este segundo proceso, el imputado pidió un crédito a Ferreira, quien accedió a realizar el préstamo a través de la sociedad Doña Ines con la garantía de que la firma Parasur S.A (propiedad de padre e hijo imputados) iba a cobrar una suma de dinero de la entidad Binacional Yacycetá, pero dicho cobro no se ejecutó y por ende se produjo la supuesta estafa y los demás hechos punibles.

En cuanto al tercer caso, el empresario y rallista Yaluk soporta otra imputación de la fiscala Susy Riquelme. En este proceso se investiga una aparente estafa millonaria. Este caso también está en el juzgado del magistrado José Delmás.

Respecto al cuarto, en los primeros días del mes de julio, la fiscala Esmilda Álvarez presentó imputación contra Diego Yaluk por el delito de estafa cuya víctima sería Juan Guillermo López Moreira. Este nuevo proceso penal contra Yaluk se está tramitando ante el juez José Delmás. Se estima un perjuicio de G. 400 millones.

De acuerdo con la imputación, Yaluk ofreció a López Moreira comprar varias facturas que supuestamente estaban pendiente de cobros en la Itaipú Binacional, sin embargo, dichas facturas no fueron cobradas debido al embargo judicial que pesaban sobre las facturas que Yaluk le cedió a López Moreira generándose de esa manera la supuesta estafa.

El periodista Aldo Ynsfrán informó al canal GEN que habría más víctimas y que la estafa estaría trepando incluso a los 30 millones de dólares. El comunicador afirmó que en los pasillos del Poder Judicial se menciona que en la brevedad serán presentadas otras 10 imputaciones más por el mismo hecho punible y que sería calcado el modus operandi con los cheques sin fondos.

Diputados manifiestan respaldo a jueces y fiscales tras amenazas de Sebastián Marset

La Cámara de Diputados manifestó su apoyo a los jueces y fiscales, en respuesta a las amenazas proferidas desde la clandestinidad por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

La Cámara Baja aprobó este miércoles el proyecto de declaración “Que rechaza todo tipo de amenazas al sistema de Justicia y respalda la labor del Poder Judicial y el Ministerio Público en procesos y causas relacionadas con el crimen organizado”.

La propuesta fue presentada por el titular de Diputados, Raúl Latorre, y tiene como propósito principal expresar un apoyo del cuerpo legislativo a los jueces y fiscales, ante las últimas amenazas de Sebastián Marset.

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Desde la clandestinidad, el narcotraficante uruguayo -que permanece prófugo de la justicia tanto en Paraguay como así también en Bolivia y Uruguay- amenazó con “remover de sus puestos” a los encargados de la causa “A Ultranza PY” en la que está vinculado.

El texto señala que estas expresiones pueden considerarse como “una intimidación directa contra las instituciones republicanas y en particular contra el sistema de justicia”.

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Reconocemos y valoramos la dedicación de los magistrados, agentes fiscales, relatores, asistentes fiscales y funcionarios en general, que asumieron la difícil y delicada misión de perseguir hechos punibles que flagelan la legislación nacional”, reza el documento.

Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados finalmente aprobó por mayoría el proyecto de declaración, manifestando así su pleno respaldo y confianza hacia las autoridades judiciales de nuestro país.

El motivo por el que los Tucanos se comprarán por vía directa

La adquisición de seis aeronaves “Súper Tucano”, para la defensa aérea paraguaya, se realiza por vía directa, debida a una estrategia contra el crimen organizado. De forma paralela avanza el proceso para comprar los radares.

El ministro de Defensa, Óscar González, habló este miércoles sobre la adquisición de herramientas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. En ese marco, está confirmada la próxima operación: la compra de seis aeronaves A29 para la defensa de espacio aéreo.

Esta compra será por la vía de la excepción, es decir, de forma directa. Esta decisión tiene un argumento y un respaldo jurídico que el Gral. González expuso.

“Son artículos de defensa y es muy conveniente que se haga por ese medio, porque no podemos publicar las características de nuestros radares, por ejemplo, eso sería como dar el tema de al crimen organizado”, explicó el ministro. También detalló que la ley ampara al Ministerio de Defensa a hacer este tipo de adquisiciones.

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En una adquisición regular, a través de un llamado a licitación, los detalles de los productos solicitados son de acceso público, incluso para delincuentes. Por ello, se opta por no facilitar esta información.

La inversión será de 93,3 millones de dólares y además de los aviones, el paquete incluirá: un kit de vuelo, un equipo de comunicación, equipos para vuelos nocturnos, sistema de armamentos, equipos y software para planificación de emisiones y de entrenamiento, soporte logístico por un año, equipos y herramientas para mantenimiento.

Además, la presencia de un representante técnico de Embraer durante un año en Paraguay, así como el entrenamiento para ocho pilotos y 12 mecánicos. La garantía es de 12 meses.

Para concretar la compra, se prevé un préstamo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil. Este empréstito necesitará la autorización del Congreso Nacional.

En cuanto a los radares, se prevé la adquisición de siete a nueve unidades, las cuales, bastarán para una cobertura del 100 % del espacio aéreo. El monto y el proveedor, de momento se mantienen en reserva hasta que se concrete la operación.

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