La agente fiscal de San Antonio, María José Perez, investiga el hallazgo del cuerpo de un bebé en el predio del Instituto de Previsión Social (IPS) de San Antonio.

Pérez se constituyó en horas de la tarde de este miércoles en el lugar, donde se constató que dentro de una cartera estaba el cuerpo de una bebé recién nacida, con una herida en el costado izquierdo. En la cartera además se encontró el carnet de una mujer.

Por instrucción de la fiscal, los agentes policiales ubicaron a la propietaria del documento, identificada como María Lucero Castro (25), quien manifestó que luego de dar a luz puso en su cartera al bebé y lo tiró al predio del IPS.

La agente Pérez ordenó el traslado del cadáver hasta la morgue para realizar una autopsia, y solicitó la evaluación de la mujer por una ginecóloga y por una psicóloga forense.

Agentes de civil llegaron hasta el sitio en dónde se encontraba el sujeto identificado como Matías Aron Vega (22) quien, al igual que su cómplice atrapado ayer, es estudiante del centro de la Armada para conducción de embarcaciones mercantes.

El detenido en Roque Alonso, confesó a la Policía que participo del atraco al cambista. Pero afirmó que la plata que sustrajeron no es en la cantidad que afirma la victima, sino mucho menos. Deslizó, incluso, que el cambista habría sido parte del esquema montado para el arrebato de dinero.

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La versión del detenido instala un elemento controversial para los investigadores, ya que al complicar la situación de la víctima del asalto, lleva la investigación a la apertura de otro frente.

De hecho la plata sustraída, presunto US$ 30.000, pertenece a un capitalista y no al operador de cambios asaltaron. Otra arista de asunto, es que el BCP emitió un recordatorio de la ley que señala que una operación de cambio de monedas, a partir de USD 10.000, obligatoriamente debe ceñirse a un protocolo de registro especial. Si fue el monto denunciado, lo que se sustrajo, la operación es ilegal.

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El Ministerio de Industria y Comercio junto con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA) firmaron un convenio que apunta al fortalecimiento del sector mediante el mejoramiento de áreas técnicas y la elaboración de un estudio que refleje la realidad de la industria farmacéutica en nuestro país.

El acuerdo, abarca áreas como estudios sectoriales, análisis de factores productivos, evaluación del impacto socioeconómico, identificación de desafíos y oportunidades, y formulación de recomendaciones estratégicas del sector.

Durante su intervención, el titular del MIC, Javier Giménez indicó que desde la institución se busca el acercamiento constante con el sector privado, que tengan voz y participación en las políticas que hacen al desarrollo industrial.

“Las políticas públicas deben ser claras hacia la libre competencia, el desarrollo, la protección de las inversiones, sobre todo en un sector emblemático del Paraguay”, indicó.

Remarcó que el sector farmacéutico mueve alrededor de USD 300 millones al año de movimiento económico sumando exportaciones e importaciones, además de 4.000 empleos directos aproximadamente.

A través de un mensaje en vivo transmitido en cadena nacional, Santiago Peña comunicó los alcances de la nueva tarifa de Itaipú, la cual regirá durante el 2024, el 2025 y el 2026.

Este valor implica que Paraguay recibirá 280 dólares en concepto de royalties, 650 dólares en inversión social, 265 dólares en compensación de energía y 53 dólares en utilidades de capital. Esto hace un total de 1.250 millones de dólares por año.

“Hemos logrado mantener el acuerdo operativo vigente. Además, se ha conquistado una reivindicación histórica al permitirle al Paraguay la venta de energía al mercado brasileño, lográndose después de más de medio siglo la ansiada soberanía energética”, expresó el presidente.

En cuanto al uso que se les dará a los 1.250 millones anuales, el presidente expuso que se invertirá en:

Centros de salud, alimentación y educación para los niños

Refuerzo dela seguridad nacional

La construcción de tres grandes hospitales

Modernización de la infraestructura vial en el interior

Inversión en el transporte público

Infraestructura energética

A partir de ahora queda por resolver la revisión del Anexo C. Ambos países fijaron como plazo este año, es decir, terminar de negociar como máximo el 31 de diciembre.