El viceministro de Tributación, Óscar Orué, en entrevista con el canal GEN confirmó que el escenario a nivel internacional con la suba del precio del petróleo -que ya ha superado la barrera de los 100 dólares- afecta a las compras locales, propiciando la suba del combustible.

Como medida de mitigar este impacto, se ha decidido aprobar una nueva reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aunque admitió que esta “es solo una solución a corto plazo”.

En ese sentido, adelantó que se buscará crear un fondo de contención especial que permita que la suba del combustible no se traslade al precio final para el consumidor. De igual manera, también verán la forma de negociar directamente de país a país, puesto que actualmente las gestiones se realizan a través de intermediarios y eso hace que se encarezcan los precios.

La guerra que se ha desatado en Ucrania ha generado mucha especulación internacional, por lo que se espera un fin al conflicto lo antes posible para que se pueda normalizar el escenario, indicó el titular de la SET.

Gracias a esta determinación por parte del Ejecutivo, durante todo el mes de marzo no volverá a producirse una nueva suba en el precio del combustible, puntualizó Orué.

Se estima que el Estado dejó de percibir alrededor de USD 12 millones en dos meses a raíz de la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo.

Los padres de alumnos del Colegio Nacional Soldado Paraguayo, en Ciudad del Este, denunciaron la exigencia de pagos obligatorios de G. 150 mil como condición para matricular o confirmar la inscripción de sus hijos para el año lectivo 2025. Este cobro, disfrazado como “aporte voluntario” “, contradice las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que prohíben condicionar la inscripción a pagos económicos, según publicó el medio La Jornada.

Según los denunciantes, el proceso de matrícula, programado para los días lunes y martes, se convirtió en un calvario. Tras horas de espera, muchos fueron rechazados por no abonar el monto exigido, siendo informados de que sus hijos no podrán estudiar en el colegio si no cumplen con el pago.

Los padres señalan que estas prácticas no solo violan las normativas del MEC, sino que también generan una presión económica insostenible. Si bien las Asociaciones de Cooperadora Escolar (ACES) justifican los aportes como necesarios para cubrir servicios como limpieza, mantenimiento y conectividad, las mejoras mencionadas no son evidentes en las instituciones.

En otros casos, los montos cobrados incluyen un aporte mensual adicional destinado, supuestamente, a pagar salarios de profesores en el Nivel Inicial. Esto ocurre bajo la excusa de que no existen rubros asignados para docentes de Jardín y Preescolar, a pesar de que los cursos están formalmente habilitados.

Por otra parte, los denunciantes aseguran que la falta de docentes asignados regularmente en algunas instituciones es una irregularidad frecuente. En muchos casos, las clases son impartidas por reemplazantes sin la preparación adecuada, mientras los profesores titulares figuran como activos en otras escuelas o en listas de planilleros.

Ante estas irregularidades, los padres exigen una intervención inmediata del MEC para garantizar que las matrículas no sean condicionadas al pago de aportes y que se resuelvan las carencias estructurales en las escuelas públicas. Las inscripciones para el próximo año cierran este viernes 6 de diciembre, en el marco del programa Hambre Cero, dejando a muchas familias en la incertidumbre sobre el futuro educativo de sus hijos.

Justo Zacarías, director paraguayo de la entidad, destacó a la radio Universo 970 AM que esta iniciativa es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana, uno de los pilares del desarrollo nacional.

De las 600 patrulleras previstas, 450 ya fueron entregadas, mientras que otras 150 están en proceso de distribución. Además, se incorporaron motos, chalecos, armas, municiones y mejoras en infraestructura, como en el Hospital Rigoberto Caballero y diversas comisarías. Este esfuerzo incluye también equipamiento de comunicación y sistemas avanzados de investigación criminal, esenciales para fortalecer las capacidades policiales.

Para evitar el deterioro prematuro de los vehículos y equipos, Itaipú aseguró tres años de mantenimiento y provisión de combustible, garantizando su operatividad. “Queremos romper con el pasado de cementerios de chatarras y asegurar que estos recursos realmente beneficien a la ciudadanía”, expresó Zacarías.

El presidente Santiago Peña subrayó que “sin seguridad no hay desarrollo”, una premisa que guía estas inversiones. La incorporación de 5.000 nuevos efectivos policiales en 2025 será otro hito clave en este proceso de fortalecimiento institucional.

Zacarías también resaltó el papel crucial de la seguridad en todos los ámbitos de la vida nacional, desde permitir una economía más robusta hasta garantizar la tranquilidad del ciudadano común. “Es vital que todos, desde el inversionista extranjero hasta el pequeño comerciante, puedan operar en un entorno seguro”, señaló.

Estos recursos provienen del fondo social de Itaipú, respaldados por un acuerdo tarifario negociado entre Paraguay y Brasil. Esta colaboración, fruto del diálogo entre el presidente Peña y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, permite que ambos países fortalezcan sus sistemas de seguridad e infraestructura.

En cuanto al tratado del Anexo C de Itaipú, Zacarías indicó que la entidad se encuentra en etapa de preparación de documentación y análisis para apoyar las negociaciones diplomáticas. Aunque es improbable que se concrete un acuerdo antes de fin de año, se espera que los avances sean significativos en el mediano plazo.

La Dirección General de Investigación Criminal y los departamentos de Hechos Punibles de Caaguazú, Cordillera y Central desplegaron los operativos en Luque, Areguá y Caacupé, en busca de implicados en el homicidio del policía Marcos Bazán.

Quedaron detenidos: Armindo Damián Mendoza, Osvaldo Agustín Fernández, Adolfo Zacarías Benítez, Ulises Ramón Duarte, quienes están sindicados como autores del hecho.

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Fueron incautados un automóvil Toyota Ractis, un Toyota Vitz, un Toyota New Vitz y un Toyota Delta. Estos vehículos fueron utilizados para el asalto y para el rescate de los autores.

El suboficial Marcos Ramón Bazán, 29 años, fue atacado por asaltantes de una boutique ubicada en inmediaciones de la casa del diputado Derlis Rodríguez en Coronel Oviedo.