El fiscal, Yoan Paul López, se trasladó a la zona del derrumbe del edificio en el barrio Mburucuyá, con una comitiva de arquitectos del Laboratorio Forense y funcionarios de Criminalística de la Policía Nacional, que detectaron que hay deficiencias en la excavación, además de constatar que los obreros no contaban con el equipo de seguridad requerido.

Según los especialistas, el terreno no estaba apuntalado, lo que significa que no estaba asegurada la fosa para evitar que se desprenda la tierra; esto sería lo que causó el desprendimiento.

Los responsables de la obra, el contratista Mario Librado Schapt Lopez, que es el responsable de contratar a los obreros y conseguir las indumentarias de seguridad, además del arquitecto Juan José Giangreco, prestaron declaración indagatoria esta mañana.

El hecho ocurrió ayer, cuando Teófilo Olmedo Escobar (57) junto con otro obrero identificado como Fermín Landoida Maldonado (26), quedaron atrapados en medio de una excavación cuando un montículo de tierra acumulado cayó sobre ellos. Fermín logró ser rescatado con vida, mientras que Teófilo fue hallado muerto.

Silvia Nardi, hermana de Julieta Nardi (pareja de Dirisio) expreso en la carta, que se sentia profunda mente afectada por la crítica situación financiera de su familia, tras la implicancia de su hermana en el esquema de arnatráfico.

Según los investigadores, Silvia cargaba la culpa de la tragedia familiar, a la influencia perniciosa de Dirisio sobre Julieta.

Aparentemente la familia Nardi no estaba al tanto de los enredos de una de las integrantes del clan, en el ilícito comandado por el empresario argentino.

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Dirisio y Julieta están involucrados por el tráfico de armas desde Paraguay, que tenían destino agrupaciones criminales como el PCC y Comando Vermelho. Ambos son solicitados por la justicia del Brasil, en dónde las expectativas de penas son bastante altas.

Actualmente ambos se encuentran detenidos en la Argentina, a la espera de cuál de los países, Paraguay o Brasil, plantean expedientes que convenzan hacia una u otra administración judicial corresponde iniciar el proceso

Esta mañana se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Jesús de Tavarangüe, distrito de Itapúa que en estos momentos se encuentra en el centro de la polémica.

Por mayoría, los concejales presentes aprobaron acompañar el pedido de renuncia del intendente Víctor Garay, informó la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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De manera formal, los ediles expresaron su rechazo a la gestión del intendente debido a “la administración negligente y la falta de capacidad ejecutiva y moral para ocupar el cargo”, según menciona la resolución.

Así también, ordenaron que todos documentos de la causa penal que afronta el intendente de Jesús sean remitidos a la Unidad Especializada en Delitos Económicos del Ministerio Público, a fin de dar seguimiento a las denuncias en su contra.

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Cabe recordar que un grupo de pobladores locales decidió organizar una manifestación frente al palacete municipal de Jesús de Tavarangüe, junto con una “toma simbólica” de la comuna, en protesta contra el intendente.

El pedido de los ciudadanos que impulsan esta medida de fuerza es el avance de la causa penal y la prisión preventiva para Víctor Garay, quien se encuentra imputado por producción y uso de documentos de contenido falso y lesión de confianza.

Según el informe de la ministra, el monto alcanzado es de US$ 540 millones. “Esta cifra, si la comparamos sólo con el arranque del Gobierno anterior (2018-2019), significa 103% más”, puntualizó la secretaria de Estado.

En cuanto al segmento obras, el Plan Financiero del MOPC es de US$ 358,1 millones para el presente periodo fiscal, quedando un saldo por ejecutar de US$ 237,3 millones para lo que resta del año. A nivel general, la mayor ejecución de la institución se dio en el mes de abril, con US$ 77 millones.

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La ministra Centurión afirmó que a la fecha se licitaron obras por más de US$ 360 millones, a lo que suma el llamado de la APP de la ruta PY01, que son US$ 480 millones más, por lo que entonces se tiene en el mercado un total de US$ 840 millones en licitaciones actualmente.

A lo anterior- añadió- se suman otros llamados más que saldrán en los próximos meses y en lo que resta del año por valor de US$ 500 millones. “Esto básicamente prepara nuestro presupuesto de ejecución del 2025″, agregó.

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Indicó además que el MOPC tiene 168 contratos de obras en plena ejecución que significan unos US$ 1.000 millones de inversión.

Otros temas abordados en su informe al Consejo de Ministros están relacionados con el aumento de los ingresos en los puestos de peaje en más de G. 15.000 millones adicionales a la recaudación tradicional.