Rodrigo Nicora, viceministro de Política Criminal, confirmó que el 27 de septiembre pasado, el recluso Oliver Lezcano “abandonó” el penal de Tacumbú.

La información fue constatada hoy martes, mediante un trabajo de inteligencia con el Ministerio del Interior.

“No necesariamente se fue por la entrada principal. También es probable que haya sido con complicidad”, comentó Nicora, en un contacto con la 780AM y aclaró que, por ahora no puede dar muchos detalles para no entorpecer la investigación.

La declaración del alto funcionario se da luego de que el clan Rotela convocara a la prensa en Tacumbú, para supuestamente mostrar un video en el que se muestra el momento en que Lezcano sale de la cárcel, con lo cual, rechazan haberlo asesinado.

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Como las autoridades no permitieron el ingreso de la prensa “exigido” por los internos, los reclusos comenzaron a quemar colchones en protesta contra esta decisión.

Al margen de los datos que se manejen, la realidad es que Lezcano sigue con paradero desconocido, aunque el viceministro calificó como una fábula las afirmaciones de que las autoridades penitenciarias no pueden llegar hasta el pabellón ocupado por el clan Rotela.

Tanto la familia de Lezcano como la del militar asesinado presuntamente por el “fugitivo”, esperan tener noticias del sujeto, en el primer caso por una cuestión humana y en el segundo, por la espera de una condena que haga justicia.

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El abogado Claudio Lovera explicó al canal GEN que el dictamen emitido de forma oral es una de las facultades del colegiado al cierre del debate, pero aclaró que el proceso aún no cuenta con una decisión firme.

El Tribunal dispone de un plazo de 5 días hábiles para redactar y notificar el fallo por escrito. A partir de esa notificación, el Ministerio Público contará con 10 días hábiles para presentar una apelación especial, una acción que el abogado ve altamente probable debido al comportamiento estadístico de la Fiscalía en casos donde sus pretensiones son rechazadas.

El profesional del derecho cuestionó los tiempos que se tomó la justicia para un caso que inició su etapa de investigación en diciembre de 2018. El extitular de la Seprelad recién fue convocado para su declaración indagatoria el 30 de marzo de 2023, por lo que pasaron casi cinco años desde el origen de los hechos denunciados antes de formularse la imputación.

“El proceso fue bastante extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por los tiempos que se tomó el Ministerio Público. El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias reales, porque lo que en su momento se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito estaba lleno de subjetividades. El derecho penal es una herramienta muy pesada y no puede impulsarse con ligereza ni confundirse con un sumario administrativo”, manifestó Lovera.

Los argumentos que sepultaron la hipótesis fiscal

Durante el desarrollo de las audiencias públicas, la defensa técnica logró acreditar que el informe de inteligencia financiera de la Seprelad se remitió al Ministerio Público el 16 de abril de 2018, el mismo día en que Boidanich retomó sus funciones tras un periodo de vacaciones y una posterior internación por cirugía. Asimismo, ninguno de los 12 funcionarios de la institución que declararon como testigos afirmó haber recibido directivas para retrasar el trámite.

El Tribunal de Sentencia validó estos elementos al argumentar que no se probó el resultado típico ni el nexo causal para el delito de frustración de la persecución y la ejecución penal.

Los jueces confirmaron además que no existió perjuicio ni riesgo para las decisiones judiciales, dado que el propio Ministerio Público reconoció que los comisos y las medidas cautelares sobre los bienes de Darío Messer se ejecutaron de manera oportuna utilizando fallos dictados en el Brasil.

Uno de los efectos jurídicos inmediatos del fallo dictado el miércoles es el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre el exfuncionario, permitiéndole recuperar sus libertades plenas a pesar de que el Ministerio Público decida accionar en segunda instancia.

En la hipótesis de que la Fiscalía presente la apelación especial, la discusión se trasladará a una Cámara de Apelaciones y se resolverá de manera estrictamente escrita en un plazo estimado de 30 días hábiles tras recibir el expediente.

Lovera puntualizó que esta etapa no permite revalorar las pruebas ni discutir lo que declaró un testigo en el juicio, sino que se limita de forma exclusiva a un control jurídico sobre la aplicación del derecho y las formas procesales de la sentencia.

En medio de tres allanamientos simultáneos liderados por el fiscal Gedeón Escobar en Itacurubí, fue detenido Guido Ariel Peralta Gómez, de 34 años, por presunto tráfico de cocaína.

El hombre intentó deshacerse de las evidencias arrojándolas hacia la parte trasera de su casa, pero no pudo engañar a los agentes de la Senad.

En su poder encontraron varias porciones de cocaína que totalizaron 219 gramos, equivalentes a 438 dosis destinadas al microtráfico.

El exjugador es considerado referente del microtràfico en Cordillera.

Además del domicilio particular del exfutbolista, también allanaron un lavadero de autos y otra vivienda familiar.

Peralta Gómez habría mantenido vínculos, en una etapa de su actividad ilícita, con el jugador de futsal FIFA Luis Molinas, detenido en un operativo anterior que derivó en la captura de otros integrantes de la red, todos ellos vinculados al deporte.

Desde la Senad recordaron que Peralta Gómez llegó a ser un proyecto del fútbol cuando integraba la reserva de Cerro Porteño, club en el que compartió vestuario con los hermanos Romero. Sin embargo, se quedó por el camino y se convirtió en un referente del microtráfico en el departamento de Cordillera.

El primer allanamiento se realizó en un hotel de Asunción, donde se desarrollaba un seminario. El segundo, en la sede de la facultad. El objetivo de la investigación es el empresario brasileño Ismael Fenner.

El fiscal Aldo Cantero confirmó esta mañana a la 1080 AM que ya imputó a Fenner por producción de documentos no auténticos y estafa.

Durante el procedimiento en el hotel encontraron a 100 estudiantes brasileños, todos ellos engañados y estafados por este esquema, ya que la institución operaba sin la habilitación correspondiente.

“Los cursos ofrecidos tanto en el lado brasileño como en nuestro país, no estaban habilitados, el mismo MEC realizó la denuncia, no es una contienda jurídica entre empresas”, precisó.

En la denuncia se solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) la fiscalización inmediata del evento denominado “Inmersión ISICast - La evolución de la educación”.

La Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS), presuntamente no habilitada, utilizaba el nombre del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) que sí opera legalmente.

“Esta persona que estaba utilizando el nombre del ISICS estaba ofreciendo cursos en el extranjero y no eran ciertas la oferta ni la revalidación de nuestro país”, indicó el fiscal.

En el territorio brasileño ya existen denuncias contra esta misma institución y se pidió colaboración a las autoridades paraguayas.