Sin embargo, con la llegada del equipo del expresidente Mario Abdo Benítez la his­toria cambió radicalmente y casi toda la plata se esfumó de la cuenta bancaria de Petro­par. Así lo confirmó el nuevo titular Eddie Jara, quien estuvo en la misma institu­ción durante la gestión de Cartes y dejó la empresa esta­tal en el 2018 con una buena salud financiera, con presen­cia en el mercado de combus­tibles y un balance positivo en general, pero lo más impor­tante, en las cuentas ban­carias estaban depositados los USD 200 millones que se debían usar para el pago de la deuda con PDVSA.

Grande fue la sorpresa al volver a la entidad estatal y no encontrar más el dinero generado por los negocios de Petropar, que se iba acumu­lando año tras año para hon­rar la deuda que, según reconoce Paraguay, ronda los 300 millones de dólares.

Venezuela reclama a nuestro país que la deuda ya venció por lo que desea aplicar los intere­ses moratorios, sin embargo, para el Paraguay recién ven­cerá en el 2025, por lo que el caso se encuentra en discu­sión en el Tribunal Arbitral de París.

Si el gobierno de Mario Abdo Benítez seguía en la misma línea que la administración anterior, ya se iba a lograr reunir el monto para saldar el compromiso cuando lle­gue la fecha reconocida por Paraguay. Sin embargo, hoy los niveles de saldos banca­rios están en 40 a 50 millones de dólares como máximo, de acuerdo con Eddie Jara.

Para las nuevas autoridades es un completo desconoci­miento a dónde fue a parar el 75 % del dinero en los últimos cinco años, por lo que comen­zarán a indagar de manera urgente al respecto.

Para el senador oficialista Gustavo Leite, la administra­ción de Abdo se caracterizó por ser una gavilla que nor­malizó la corrupción durante su paso por la función pública y consideró que con esta actuación se puede hablar de una traición a la patria.

Por si lo anterior no fuera poco, el gobierno de Mario Abdo dejó otras perlitas, como el aumento del nivel de los gastos operativos de la petro­lera estatal (pago de salarios, mantenimientos, gastos de oficina, gastos comerciales, y gastos administrativos en general), y registra una deuda del Estado paraguayo con Petropar de más de USD 50 millones por el combustible proveído a distintos entes, entre los cuales se encuen­tra liderando el Ministerio de Obras Públicas y Comu­nicaciones (MOPC), con una deuda de USD 20,8 millones.

La situación encontrada por las nuevas autoridades, con las arcas prácticamente vacías y con muchas deudas, expone el terrible manejo del Estado durante la gestión del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Ambos gremios dejaron en claro a la opinión pública que no tolerarán ni respaldarán ninguna conducta delictiva por parte de los funcionarios de la institución.

Además, subrayan que no asumirán responsabilidad alguna por terceras personas que pretendan hacerse pasar por trabajadores de la Fiscalía.

El comunicado enfatiza que, en caso de que se confirme cualquier indicio o sospecha respecto a la participación de funcionarios en actividades delictivas, estos deberán rendir cuentas y enfrentar las consecuencias legales correspondientes.  

Este pronunciamiento surge en respuesta a las publicaciones, en los medios de prensa y en redes sociales, referentes a supuestos funcionarios del Ministerio Público involucrados en actividades al margen de la ley, generando preocupación y especulaciones en la opinión pública.

En la tarde de este jueves se compartieron las imágenes del circuito cerrado que captaron el momento exacto en el que Bazán fue emboscado y luego recibió los nueve balazos que acabaron con su vida.

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El video revela que el ex director penitenciario antes de ser asesinado, disparó contra los sicarios que lo interceptaron a bordo de una motocicleta.

En el primer ataque, logró repeler a los dos hombres y resultó herido. Quedó sin proyectiles y se vio obligado a escapar a pie, sin embargo, fue perseguido hasta que, finalmente, lo asesinaron en una propiedad privada.

El antecedente más inmediato de amenaza se remonta al año 2021, cuando un integrante del clan Rotela envió una nota de voz y pidió un pabellón para todos sus secuaces.

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La denuncia fue realizada por Carolina Mareco Villalba, de la localidad de Capiibary, quien acusa al personal policial Julio Escobar de trabar un proceso judicial por filiación en el caso de una menor de 2 años de edad.

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Escobar, a través de su nueva pareja, Elsa Vargas, una funcionaria del Poder Judicial de Santaní quien se encuentra ternada para Jueza de Paz, estaría incurriendo en un hecho de tráfico de influencia para trabar la causa de filiación que se encuentra sin avances desde hace 8 meses.

#INFO➕ | Tráfico de influencia y amedrentamiento traba filiación de una menor en Santaní.

🖥️ Carolina Mareco Villalba, madre denunciante.

👉 El padre sería policía, involucrado en el supuesto apriete a secretario de "Macho" y posterior rescate hecho por el propio capo narco… pic.twitter.com/onbqmPM6Lz

— GEN (@SomosGEN) November 30, 2023

Por otra parte, el personal policial es acusado de haber participado en el confuso episodio de supuesto apriete y posterior rescate del presunto criminal, Santiago Acosta, alias Macho.

Escobar se desempeña como subjefe de Automotores Policía Nacional de Coronel Oviedo.

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“Él nunca se quiso hacer cargo de mi hija y tuve que salir a reclamar el derecho de ella. Inicié el juicio de filiación y su actual señora que trabaja en el Poder Judicial tiene amistades y empezaron a recusar el caso. Incluso, me dijeron que si no me muero en un accidente de tránsito, ella misma me va a matar, me tienen amenazada”, comentó la denunciante, Carolina Mareco, en conversación con el canal GEN de Nación Media.