El centro penitenciario del Buen Pastor, la Penitenciaría Regional de San Pedro y de Concepción procedieron al levantamiento del cierre epidemiológico luego de que las personas infectadas con el virus hayan superado la enfermedad, según informaron desde la Dirección de Salud Penitenciaria.

En total son seis los centros penitenciarios declarados libre del COVID-19, ya que también se hizo lo mismo con los Centros Penitenciarios para Mujeres Serafina Dávalos, Juana María de Lara y la Penitenciaría Regional de Villarrica.

“Recomendamos el levantamiento del cierre epidemiológico del Buen Pastor, San Pedro y Concepción porque las personas contagiadas se han recuperado de manera satisfactoria y sin presentar complicaciones. En estos lugares tampoco registramos nuevos contagios por lo que afirmamos que ya no tienen circulación de COVID-19”, afirmó el director de Salud Penitenciaria, Daniel Cantero.

Recordó que una persona privada de libertad que estaba internada salió de alta, sin embargo, tuvo que volver al hospital. “La persona privada de libertad aún no puede estar sin suministro de oxígeno a pesar de que ya no tiene COVID-19, es una secuela que tiene tras padecer el virus”, sostuvo.

Dentro del sistema penitenciario se registran casos positivos en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo 21 internos padecen de la enfermedad.

Por otra parte, en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Encarnación tiene un registro de 69 contagiados, de los cuales 52 son internos, 14 agentes penitenciarios y 3 profesionales de salud.

Así lo señaló el fiscal Federico Delfino, quien abrió expediente judicial contra ellos, tras un operativo encubierto en el que una de las víctimas, con cobertura fiscal-policial, entregó USD 3.000 al victimario, un hombre ligado a mundo empresarial, que accionaba en el rubro ilícito en connivencia con la modelo.

“Los tres mil dólares entregados al empresario, más la comunicación que mantuvo el mismo con la señora Meaurio, son pruebas del hecho dio apertura del caso”, dijo Delfino en comunicación con la 1020 AM.

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El modo como operaban era la transacción sexual por sumas de dinero, en sitios en donde estaban instalados dispositivos para filmar los actos sexuales.

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Tras los encuentros íntimos, los extrañamos extorsionadores “apretaban” a sus víctimas y los conminaba, so pretexto de difundir las imágenes en las redes, a entregar grandes sumas de dinero.

La tarifa de extorsiones no bajaban de los USD 1.000, teniendo en cuenta que las personas “elegidas” para victimizar eran de altos ingresos y en gran número de gran exposición mediática.

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

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El caso no termina ahí, ya que para este martes 7 de mayo está estipulada la constitución de la jueza de Paz, Liz Lobo, en el lugar. Sin embargo, la denunciante indica que la magistrada tiene una afinidad con su expareja, ya que eran compañeros en la universidad.

Sosa Mendoza teme que la resolución judicial le sea desfavorable y quede en la calle con sus dos hijos menores.

Agentes de la comisaría local se encontraban realizando una patrulla preventiva en la madrugada de ayer sobre la Ruta PY11, en la zona céntrica de Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

Durante su recorrido, recibieron una llamada telefónica por parte del guardia de seguridad de una estación de servicio local, quien denunció un hecho de polución sonora en el estacionamiento.

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Fue así como los uniformados acudieron hasta el lugar indicado y encontraron a un grupo de personas ingiriendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen, por lo que les pidieron que se retiren de allí.

En ese momento hizo su aparición María Belén Franco López, de 22 años, quien formaba parte del grupo en cuestión. Al ser encarada por los uniformados, la misma mostró una actitud prepotente y desafiante, llegando inclusive a insultarlos.

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En un momento dado, la misma decide abordar su camioneta de la marca Geely modelo Azkarra y embestir a la patrullera, ocasionándole una abolladura en uno de los costados.

Tras este incidente, la mujer fue detenida y sometida a la prueba de alcotest, arrojando resultado positivo de 0,330 mg/L, menciona el portal Sucesos Paraguay. Con ello, se confirmó su estado de ebriedad.