El camarista Cristobal Sánchez manifestó a la 780 AM que “hubo simplemente y lamentablemente un error material, un error de dactilografía. De verdad lamento muchísimo y reconozco que no tendría que haber existido eso”.

El problema se da porque Sánchez votó por la anulación de la condena pero con el reenvío de la causa a un nuevo juicio, a su voto -según consta entre los argumentos esgrimidos en el fallo- se sumó su colega Arnaldo Martínez Prieto, en tanto que el único que estuvo a favor de que se acepte la casación y ya no se realice un nuevo enjuiciamiento fue Emiliano Rolón. Sin embargo, finalmente consideraron la última opción, siendo que era la que no reunió la mayor cantidad de votos.

Al respecto, Sanchez detalló que se erró en cuanto al orden de los nombres. Es así que el voto Martínez Prieto tuvo que haber estado en el tercer lugar, luego de Rolón. De esta manera, iban a ser dos votos a favor de la no realización de un nuevo juicio y solo uno (el suyo) para que los labriegos vuelvan a ser enjuiciados.

“Yo sigo del criterio de que se tiene que enviar a un nuevo juicio y ellos votaron directamente por la absolución”, puntualizó. “El trabajo es voluminoso y complicado”, dijo respecto a la labor del dactilógrafo.

Señaló que este lunes se reunirá con sus colegas para analizar la solución a darle al lamentable error que hasta podría anular su decisión. “La ley prevé la forma de cómo aclarar. El recurso de aclaratoria establece que el juez o magistrado podrá aclarar las expresiones oscuras y corregir cualquier error material, siempre que ello no importe una modificación esencial del fallo”, resaltó.

RECUSADOS

Sin embargo, el fiscal Nelson Ruiz señaló que en estos momentos los mismos camaristas no pueden intervenir ni para un recurso de aclaratoria porque fueron recusados por la fiscalía.

El representante del Ministerio Público comentó a Unicanal que la anulación de la condena fue algo desordenado, en cuanto a forma, porque no se respetó el orden de emisión de votos, entre otros aspectos.

FALLO ES NULO

Por su parte, el abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos resaltó en charla con la 730 AM que el fallo absolutorio del caso Curuguaty podría ser nulo si es que el camarista Arnaldo Martínez Prieto admite que se equivocó al firmar su voto sin leer que en el escrito pedía un nuevo juicio oral y público.

“Ya no tenemos seguridad jurídica de cuál es la mayoría. Lo válido es lo firmado, cuando hay dos votos distintos adherirse a uno u otro cambia el sentido del fallo, eso no se puede resolver vía aclaratoria”, subrayó.

El presidente de la República, Santiago Peña, recibió hoy a los intendentes de Cordillera, uno de los departamentos en donde comenzará a regir el programa de Universalización de la Alimentación Escolar.

“Nosotros estamos identificando que el programa Hambre Cero en las escuelas, cuanto menos, va a generar 60.000 empleos a nivel nacional y esto es un número grande”, destacó Peña, durante su intervención.

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Este número, de concretarse, representaría más del 10 % de su meta de campaña, sobre la creación de 500.000 empleos en cinco años.

Para el mandatario son tres los grandes ejes que traerá el proyecto: la nutrición de calidad para los niños, las fuentes de trabajo y la garantía de mercado para los productores frutihortícolas.

La labor que cumplan los intendentes será fundamental, pues, a criterio de Peña, gran parte de las ausencias del estado son cubiertas por las gestiones de las municipalidades.

Peña cree que, de mantenerse abierto el canal de comunicación entre municipios y el Ejecutivo, los resultados serán mucho más efectivos.

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La agenda se reactivo tras el viaje tierra colombiana que realizaron fiscales paraguayos para recabar información que cuenta el ministerio público de ambos países, tras la condena de los sicarios que perpetraron el magnicidio.

La reunión binacional de fiscalías se hará con el trasfondo del episodio dado a conocer días atrás, en el que se mencionaba la intención de la DEA norteamericana, de extraditar a los condenados en torno al caso.

Esa posibilidad se afianzó después de declaraciones de referentes del poder Judicial de Colombia, que señalaron como factible la extradición.

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Estados Unidos habla adelantado su intención de esclarecer a los autores morales del crimen de Pecci. Eso al punto en que ofreció una recompensa de USD 5 millones, por datos que lleven al que ordenó y pago la muerte del fiscal antimafia.

Según publicaciones de la prensa colombiana, el interés de EEUU en el aso Pecci, tendría relación con la supuesta colaboración que tenía el asesinado funcionario paraguayo con Estados Unidos, en la pesquisa en torno a grupos terroristas que operan en la Triple Frontera. Esto explicaría la intención norteamericana de llegar al fondo del asunto.

Desde la cartera estatal señalan que este progreso está acercando cada vez más el sueño de más de 30.000 compatriotas que residen en dicha región del país.

El ingeniero Miguel Martínez, jefe de obra de la contratista WHEEL.CO S.A., destacó la importancia económica de la zona, principalmente enfocada en la agricultura y la ganadería. “En este sector se cultiva mucha mandioca, hay producción lechera y también ganadera. Es un área en pleno desarrollo”, señaló el profesional.

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El trayecto, cuyas obras de pavimentación asfáltica están en pleno desarrollo, parte desde la ciudad de Maracaná, pasando por numerosas comunidades productivas del departamento de Canindeyú hasta llegar al barrio San Pedro, ya dentro del segundo departamento del país.

CARACTERÍSTICA DE LA OBRAS

La calzada contará con un ancho de 7 metros y una carpeta asfáltica de 5 cm de grosor, mientras que las banquinas tendrán 1,5 metros a cada lado, compuestas por una capa de asfalto de 3 cm.

Además, el proyecto prevé la instalación de señalización vertical y horizontal, tachas y tachones reflectivos, barandas de defensa metálicas, cordón cuneta, empastado, así como la construcción de 2 nuevos puentes de hormigón armado.

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La constructora encargada es WHEEL.CO S.A., que tiene un plazo de ejecución de 18 meses para concluir la obra, mientras que la fiscalización corre a cargo de la consultora Guaraní S.A.

Todo esto demandará una inversión de G. 54.875.917.365, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco de Desarrollo (Fonplata).