Las tierras conocidas como Marina Cué (“tierras de la Marina”, en guaraní) fueron declaradas estatales en mayo de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, recordó a Efe Martina Paredes, que forma parte de la organización de familiares de víctimas Yvy Ñandé Rekóve (“la tierra es nuestra vida”, en guaraní).

El terreno lleva tres décadas en disputa entre la empresa Campos Morombí, de la familia del difunto líder del gobernante Partido Colorado Blas Riquelme, y el Estado paraguayo al que siempre pertenecieron, según los labriegos locales.

La sentencia obliga a la familia Riquelme a pagar un arancel en calidad de “perdedora del litigio”, algo a lo que “se están negando” en un intento de “dilatar el proceso” de titulación de tierras, según Paredes.

En 2012, un grupo de campesinos que quería que las tierras de Marina Cué formasen parte de la reforma agraria ocupó una parte de la finca.

El Gobierno de Lugo ordenó un desalojo que terminó en un enfrentamiento en que perecieron 11 campesinos y 6 policías, lo que provocó una crisis política que sirvió como detonante para que el Congreso destituyera al mandatario en un controvertido juicio político.

Por la muerte de los policías fueron imputados 13 campesinos, 12 de los cuales permanecen bajo arresto domiciliario y uno de ellos, Rubén Villalba, encarcelado por una causa anterior a la masacre.

Los trece campesinos se enfrentan a cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once campesinos.

El juicio contra ellos está fijado para el próximo mes de junio, después de haber sido pospuesto en varias ocasiones.

A los familiares de las víctimas de la masacre les preocupa que llegue la fecha del juicio sin que se haya hecho efectiva la titulación de tierras a nombre del Estado, explicó Paredes.

“Si llegamos al juicio y sigue sin resolverse la situación de las tierras de Marina Cué, puede perjudicar a los compañeros que están acusados, que podrían tener penas de entre 20 y 30 años de prisión”, afirmó.

Paredes es hermana de dos de los fallecidos en la masacre de Curuguaty, mientras que otro de sus hermanos permanece imputado por su presunta participación en estos hechos, y está declarado en rebeldía por las autoridades paraguayas.

La organización de familiares de víctimas prevé realizar cortes de rutas, manifestaciones frente a instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) o la Corte Suprema de Justicia y una “ocupación simbólica” de las tierras de Marina Cué para “presionar a la Justicia para que agilice la titulación de la tierra”, anunció Paredes.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.