Piden que revisión del tratado de Itaipú sea una causa nacional

La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de Declaración que insta al Poder Ejecutivo a convertir en causa nacional la revisión del tratado de Itaipú.

La iniciativa aprobada en la Cámara Alta fue presentada por el senador Dionisio Amarilla, quien recordó que el pasado 13 de agosto, se cumplieron los 50 años del tiempo estipulado para revisar el Anexo C de la Itaipú Binacional. “Es sabido que el pueblo paraguayo está esperanzado y que a través de las renegociaciones patrióticas que puedan ser llevadas adelante termine reivindicando los derechos para algunos”, expresó.

Asimismo, el senador instó al involucramiento y debate de la sociedad en este tema. “Que todos estemos contribuyendo en esa renegociación y revisión; que la discusión se realice con altura y con sentido de pertenencia”, remarcó.

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Por su parte, la senadora Kattya González, dijo que Paraguay se encuentra a las puertas de una decisión radical para su futuro y es importante que se pueda entender que Itaipú es una cuestión de Estado. “Itaipú es una causa nacional”, destacó.

El documento fue aprobado con modificaciones y fue fusionado con el proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo a integrar una mesa política con representantes de ambas cámaras del Congreso Nacional para la discusión y el diseño de la postura de nuestro país de cara a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú”, presentado por la senadora Kattya González.

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Presentan el Plan Anticontrabando 2025 para fortalecer la lucha contra el comercio ilícito

El director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, encabezó este jueves una reunión interinstitucional en la que fue presentado el Plan Anticontrabando 2025, una estrategia coordinada que busca reforzar la lucha contra el comercio ilícito en el país.

El encuentro contó con la participación del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y del viceministro de Defensa, Gral. (R) Lilo Cardozo, además de representantes de otras instituciones estatales y del sector privado, como la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (ASICOPACE).

Durante la apertura, el titular de la DNIT, destacó la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra el contrabando y la directriz clara del presidente de la república Santiago Peña al respecto. “Vamos a continuar la lucha contra el contrabando, que es muy compleja y no lo podremos hacer sin apoyo de todas las instituciones”, precisó Orué.

Por su parte, el titular del MIC, reiteró el respaldo de su cartera a las acciones contra el comercio ilegal. “Desde el MIC nos ponemos a disposición para aportar nuestro grano de arena y trabajar juntos en esta causa”, subrayó.

El combate al contrabando ha logrado resultados significativos en el último año, con incautaciones que superaron los USD 20 millones en productos ilegales durante el 2024. Con la implementación del Plan Anticontrabando 2025, el Gobierno busca fortalecer estos esfuerzos, optimizar la coordinación interinstitucional y garantizar un mayor resguardo del comercio formal y la seguridad de la ciudadanía.

Fiscalía reporta más de 22.500 casos de hechos punibles contra niños en el 2024

De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a diciembre del año 2024 fueron atendidas 22.540 víctimas de varios hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes.

El informe señala que unas 61 víctimas por día fueron asistidas en este período, incluyendo casos de abuso sexual en niños, maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, coacción sexual en menores de 18 años, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Del total de casos, entre 8 y 9 víctimas por día correspondieron a abuso sexual en niños.

De la cifra global se desprenden: 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía relativa a niños, 511 víctimas de coacción sexual (Art. 128, inc. 3, menores de 18 años), 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 848 casos de estupro, 2.784 denuncias sobre violencia familiar (menores de 18 años), 2.302 casos de violación del deber de cuidado (Art. 226), 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con personas menores y 7.928 denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario.

Los datos reflejan que se registraron 3.521 casos de abuso sexual en niños, distribuidos de la siguiente manera: enero 252, febrero 197, marzo 265, abril 300, mayo 286, junio 292, julio 249, agosto 306, septiembre 383, octubre 391, noviembre 354 y diciembre 246.

Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños fueron: Central (1.360 hechos), Alto Paraná (403), Asunción (314), Itapúa (194), Caaguazú (182), San Pedro (145), Cordillera (106), Presidente Hayes (106), Canindeyú (96), Amambay (121), Paraguarí (109), Guairá (98), Concepción (91), Misiones (56), Caazapá (50), Boquerón (60), Ñeembucú (23) y Alto Paraguay (7).

Pornografía relativa a Niños y Adolescentes

Se registraron 2.943 víctimas de pornografía relativa a niños y adolescentes: enero 5, febrero 13, marzo 318, abril 557, mayo 661, junio 241, julio 386, agosto 358, septiembre 355, octubre 30, noviembre 11 y diciembre 8.

Las zonas con más reportes registrados fueron Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.

JEM solicitará informe a Fiscalía para avanzar en proceso contra jueza y fiscales

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitará un informe a la Fiscalía sobre el estado procesal de la jueza Sadi López y las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura.

Durante la sesión ordinaria desarrollada este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analizó el caso vinculado al diputado Orlando Arévalo.

En tal sentido, resolvieron solicitar a la Cámara de Diputados la designación de un nuevo representante en su reemplazo, a raíz de la solicitud de permiso que había presentado días atrás.

Por otra parte, fueron analizados los casos relacionados a la jueza Sadi López y las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano, quienes también fueron relacionadas con el legislador colorado.

Finalmente el pleno del JEM decidió solicitar un informe al Ministerio Público para conocer el estado procesal de las magistradas denunciadas, de modo a determinar si las mismas ya fueron imputadas y conocer su situación procesal.

Esto permitirá avanzar en el enjuiciamiento de las acusadas por hechos punibles, conforme al artículo 13 de la ley que rige el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.