Según afirmó Wagner en su intervención durante la sesión de hoy en el Senado, el caso de la compra de helicópteros para el Ministerio Público, se trata de una persecución que se le hace a Rafael Fillizola (exministro de Interior) y a los empresarios españoles, Álvaro Lasso y Guillermo Casado, a quienes una orden judicial prohíbe abandonar Paraguay.

Los dos extranjeros están procesados por un supuesto incumplimiento de las condiciones de un contrato de compra-venta de cuatro helicópteros para el Ministerio paraguayo del Interior en 2010.

“Se imputa a empresarios por presentarse a una licitación pública (…) Corren riesgo de ser condenados a 8 años de cárcel”, declaró el senador Wagner durante una sesión ordinaria de la Cámara alta.

La empresa Proiberica ganó un concurso público y entregó en octubre de 2011 las cuatro aeronaves correspondientes, que llegaron desde Chile.

Según el exjuez español Baltasar Garzón, quien ha intervenido en el caso bajo la figura de “amicus curiae”, que habilita a una persona de prestigio a dar su opinión al tribunal, el Ministerio paraguayo del Interior hizo el pago acordado y recibió de conformidad los aparatos, actualmente en uso por la Policía Nacional.

Pero en 2012 un nuevo ministro del Interior, Carmelo Caballero, planteó ante la Fiscalía una denuncia “por incumplimiento del pliego de condiciones”, la cual “se presenta ante un fiscal de forma irregular”, según el exmagistrado español.

La Fiscalía acusó entonces a los dos ministros del Interior anteriores a Caballero, Rafael Filizzola y Carlos Filizzola, además de a ocho personas más, entre ellas los dos empresarios españoles, de incumplir supuestamente las condiciones acordadas con el Estado.

Entonces, según Garzón, los abogados defensores de los acusados se dieron cuenta de que el documento que la Fiscalía usa como base para justificar la denuncia “no corresponde con el pliego de bases que el Gobierno hizo público en su portal de contrataciones”.

Wagner reiteró que el proceso es “un atentado contra el sentido común y que el caso puede llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Un hombre fue denunciado por un caso de violencia familiar, a las 03:00 horas de la madrugada de este martes, hecho que ocurrió en el interior de un inquilinato en el barrio San Francisco de Hernandarias.

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Se trata de Ricardo Ramón Gómez González, de 35 años, quien llegó en estado etílico a la vivienda y comenzó a golpear a su pareja de 27.

La mujer logró escapar del agresor y dio aviso a la Policía Nacional, pero cuando llegaron los intervinientes, Ricardo Ramón comenzó a golpearlos.

El informe refiere que el mismo agredió con golpe de puño en el pecho y mordió el brazo izquierdo al oficial Cristino Silvero, así también al agente Alberto Guanes, quien acusó una mordida en el brazo, lado derecho.

Finalmente, los uniformados lograron reducirlo y lo trasladaron hasta la comisaría quedando a cargo del fiscal de turno, Abogado Adolfo Santander.

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La exposición de cuadros penitenciarios tiene la denominación de «Huellas de un artista», y se expondrán piezas elaboradas por personas privadas de libertad de las penitenciarías de Ciudad del Este (CDE), Misiones y Emboscada Antigua.

El objetivo de la muestra es fomentar el trabajo de reinserción de las personas privadas de libertad, donde la Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia se encuentra abocada en la realización de la exposición de creaciones artísticas.

La habilidad plasmada en los lienzos con diferentes técnicas aplicadas tendrá su espacio de exposición como una forma de ratificar que las manifestaciones culturales y artísticas pueden lograr el cambio de vida necesario para vivir lejos de la ilegalidad.

Cada una de las obras que se presentarán tiene como tema principal las diferentes formas que tienen los internos para expresar el significado de sus huellas que van dejando como legado, y donde cada cuadro muestra ideas, sentimientos, pensamientos que tienen durante su dura estadía en las penitenciarías.

La exposición estará abierta a todo público, con entrada totalmente gratuita, y lo recaudado en concepto de la venta de las piezas será entregado a sus creadores a fin de que puedan continuar sus futuros proyectos artísticos.

La muestra tendrá como guía a Fernando Colmán, curador e investigador de arte contemporáneo. Su experiencia destaca la investigación en arte contemporáneo para Curatoría Forense Latinoamérica. Realizó diplomados en Antropología del Arte (LATIR, México), Arte aplicada a la sociedad (Überbau_House, São Paulo), actualmente tesinante de la carrera de Artes Visuales, del ISA, FADA-UNA.

Representantes de la Cámara de Cableoperadores del Paraguay (CCP); Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel); Tigo Paraguay; Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario (Sedeco); Comisión Nacional de la Competencia (Conacom); Cámara Paraguaya de Telecomunicaciones (Capatel) se reunieron ayer en la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El titular de Capatel, Ignacio Viveros, informó sobre la notificación enviada por Teledeportes, en donde les informaban que solo hasta finales de 2023 les estaría proveyendo del contenido de fútbol nacional, en la modalidad de Tv por cable, noticia que los perjudicó.

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El conflicto radica en que los operadores del interior no cuentan con la tecnología de APP, por lo que, siguen operando como televisión por cable, es decir, con el sistema tradicional.

“El contenido del fútbol siempre fue sumamente importante y diríamos que vital para la subsistencia de todos los cables del interior, considerando que nuestro país es un país netamente futbolero”, indicó Viveros.

El pedido es que la empresa propietaria de los derechos pueda flexibilizar su postura la distribución por cable, caso contrario, “sería un golpe muy fuerte a la industria, considerando que muchas operadoras del interior tienen como contenido principal al fútbol nacional”.

Por su parte, los representantes de Tigo argumentaron que son los clubes de fútbol los que genuinamente resuelven comercializar los derechos.

Desde la Cámara de Diputados solicitarán a Sedeco (Secretaría de Defensa del Consumidor) un parecer técnico sobre la solicitud de las cableoperadoras del interior. Sin embargo, Sara Delia Irún Sosa advirtió que debe haber una denuncia formal y que esperan más documentos para avanzar.

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