Por robo de cables, Copaco ya perdió 41.500 usuarios

En más de un año, Copaco sufrió el robo de más de 71.000 metros de cable. En consecuencia, 41.000 clientes que no quisieron esperar la reposición, rescindieron contrato.

Este viernes se realizaron tres allanamientos, dos en Lambaré y uno en Villa Elisa, en prosecución a la investigación de robo de cables. En los procedimientos encontraron restos de cable, cobre extraído y elementos utilizados para estos ilícitos.

El presidente de Copaco, Rodrigo Ferreira, reveló que, los robos comenzaron hace más de un año, empeoraron desde marzo pasado, se agravaron en junio y julio y se tornaron casi diarios desde septiembre.

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Tenemos 41.500 usuarios perdidos, rescindieron contrato con nosotros por el robo ya que la reposición es difícil, entonces el cliente no espera”, explicó Ferreira, en una entrevista con la emisora 1080 AM.

Copaco sufrió el robo de 71.200 metros de cable, que se traducen en perjuicios para todos los usuarios de telefonía e internet, además del daño económico para la estatal y la merma de clientes.

El negocio está en el cobre, que se comercializa a 47.000 guaraníes el kilo. Estimativamente, según Ferreira, de un metro de cable se puede obtener un kilo de cobre, por lo tanto, la pérdida sería de 3.346 millones de guaraníes, considerando el total hurtado.

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Presentan el Plan Anticontrabando 2025 para fortalecer la lucha contra el comercio ilícito

El director nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, encabezó este jueves una reunión interinstitucional en la que fue presentado el Plan Anticontrabando 2025, una estrategia coordinada que busca reforzar la lucha contra el comercio ilícito en el país.

El encuentro contó con la participación del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, y del viceministro de Defensa, Gral. (R) Lilo Cardozo, además de representantes de otras instituciones estatales y del sector privado, como la Asociación de Importadores y Comerciantes de Papas y Cebollas (ASICOPACE).

Durante la apertura, el titular de la DNIT, destacó la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra el contrabando y la directriz clara del presidente de la república Santiago Peña al respecto. “Vamos a continuar la lucha contra el contrabando, que es muy compleja y no lo podremos hacer sin apoyo de todas las instituciones”, precisó Orué.

Por su parte, el titular del MIC, reiteró el respaldo de su cartera a las acciones contra el comercio ilegal. “Desde el MIC nos ponemos a disposición para aportar nuestro grano de arena y trabajar juntos en esta causa”, subrayó.

El combate al contrabando ha logrado resultados significativos en el último año, con incautaciones que superaron los USD 20 millones en productos ilegales durante el 2024. Con la implementación del Plan Anticontrabando 2025, el Gobierno busca fortalecer estos esfuerzos, optimizar la coordinación interinstitucional y garantizar un mayor resguardo del comercio formal y la seguridad de la ciudadanía.

Fiscalía reporta más de 22.500 casos de hechos punibles contra niños en el 2024

De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a diciembre del año 2024 fueron atendidas 22.540 víctimas de varios hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes.

El informe señala que unas 61 víctimas por día fueron asistidas en este período, incluyendo casos de abuso sexual en niños, maltrato, estupro, pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, coacción sexual en menores de 18 años, hechos de violencia familiar y denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Del total de casos, entre 8 y 9 víctimas por día correspondieron a abuso sexual en niños.

De la cifra global se desprenden: 3.521 víctimas de abuso sexual en niños, 2.943 hechos indagados sobre pornografía relativa a niños, 511 víctimas de coacción sexual (Art. 128, inc. 3, menores de 18 años), 1.680 hechos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 848 casos de estupro, 2.784 denuncias sobre violencia familiar (menores de 18 años), 2.302 casos de violación del deber de cuidado (Art. 226), 10 casos de abusos por medios tecnológicos, 13 de actos homosexuales con personas menores y 7.928 denuncias de incumplimiento del deber legal alimentario.

Los datos reflejan que se registraron 3.521 casos de abuso sexual en niños, distribuidos de la siguiente manera: enero 252, febrero 197, marzo 265, abril 300, mayo 286, junio 292, julio 249, agosto 306, septiembre 383, octubre 391, noviembre 354 y diciembre 246.

Los departamentos con más denuncias de abuso sexual en niños fueron: Central (1.360 hechos), Alto Paraná (403), Asunción (314), Itapúa (194), Caaguazú (182), San Pedro (145), Cordillera (106), Presidente Hayes (106), Canindeyú (96), Amambay (121), Paraguarí (109), Guairá (98), Concepción (91), Misiones (56), Caazapá (50), Boquerón (60), Ñeembucú (23) y Alto Paraguay (7).

Pornografía relativa a Niños y Adolescentes

Se registraron 2.943 víctimas de pornografía relativa a niños y adolescentes: enero 5, febrero 13, marzo 318, abril 557, mayo 661, junio 241, julio 386, agosto 358, septiembre 355, octubre 30, noviembre 11 y diciembre 8.

Las zonas con más reportes registrados fueron Asunción, Central, Alto Paraná, Concepción, Guairá y Caaguazú.

JEM solicitará informe a Fiscalía para avanzar en proceso contra jueza y fiscales

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitará un informe a la Fiscalía sobre el estado procesal de la jueza Sadi López y las fiscalas Stella Mary Cano y Katia Uemura.

Durante la sesión ordinaria desarrollada este jueves, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados analizó el caso vinculado al diputado Orlando Arévalo.

En tal sentido, resolvieron solicitar a la Cámara de Diputados la designación de un nuevo representante en su reemplazo, a raíz de la solicitud de permiso que había presentado días atrás.

Por otra parte, fueron analizados los casos relacionados a la jueza Sadi López y las fiscales Katia Uemura y Stella Mary Cano, quienes también fueron relacionadas con el legislador colorado.

Finalmente el pleno del JEM decidió solicitar un informe al Ministerio Público para conocer el estado procesal de las magistradas denunciadas, de modo a determinar si las mismas ya fueron imputadas y conocer su situación procesal.

Esto permitirá avanzar en el enjuiciamiento de las acusadas por hechos punibles, conforme al artículo 13 de la ley que rige el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.